Preguntas, programas, instituciones

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

 

En 1990, Hubert Blalock (1926-1991), con quien en ese entonces tomaba un curso de estadística en la UW (la “iudob” o, más formalmente, University of Washington) en Seattle, mientras cruzábamos la Red Plaza con los cerezos en flor, me comentó: “De tus temas de interés, religiosidad y migración, te recomiendo que optes por hacer investigación sobre migrantes. En esos temas sí hay y seguirá habiendo financiamiento”. El razonamiento del experto en análisis cuantitativo (https://www.asanet.org/wp-content/uploads/1979_presidential_address_h_m_blalock.pdf) reflejaba muy claramente el posible conflicto respecto a la repartición de recursos para la investigación y las complejidades que requiere el diseño de investigaciones con grandes muestras en las que se consideren una diversidad de variables. En el texto de arriba, de 1979, este académico señalaba ya su escepticismo respecto a alcanzar simultáneamente la generalidad, la simplicidad y la exactitud que requeriría medir los fenómenos sociales. Los problemas del error en la medición, como insistía en sus cursos, estarán siempre presentes en las investigaciones que se emprendan. En su reflexión se refería especialmente a la sociología y a la investigación sobre raza y relaciones étnicas. Sin embargo, cabe reflexionar respecto a cómo las preguntas de investigación se asocian (o se disocian) con los programas, las instituciones académicas y las fuentes de financiamiento públicas y privadas.

¿Cómo y quién decide qué investigaciones apoyar, promover y, eventualmente, financiar? ¿Cómo se decide qué investigadores formar y a qué problemas orientar las pesquisas, en especial en lo que se refiere a las relaciones con problemas sociales concretos?

Desde el capítulo introductorio del libro coordinado por Van Dehle, Krohn y Weingart (1979), Geplante Forschung. Vergleichende Studien über den Einfluss politischer Programme auf die Wissensschatsentwicklung; estos autores señalaban cómo “la traducción de un problema social en un programa de política científica representa una opción de manejo atractiva desde el punto de vista político”. Por una parte, es posible formular problemas científicos derivados y, por otro lado, existe la convicción de que la ciencia y la tecnología cuentan con una amplia capacidad de resolver los problemas. Lo que significaría que la investigación tendría la capacidad de generar reacciones adecuadas para los problemas (p. 25). En su discusión, que ya tiene varias décadas de formuladas, señalan que los programas y las instituciones en algunos casos delegan en organizaciones externas (p. 28; ¿”outsourcing”?) la resolución de las preguntas de investigación. En los casos que ellos analizaron en ese entonces, señalan cómo los protocolos para las investigaciones sobre contaminación, calentamiento global y cáncer dejaron fuera varios aspectos en el momento en que se discutieron con las industrias y sectores de actividad involucrados (p. 30; en donde resalta, por ejemplo, que quedaron fuera las medidas para la prevención del cáncer, pequeño detalle, y se privilegiaron las investigaciones orientadas a la curación).

En esa línea de razonamiento, podríamos pensar en cómo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH, causante del SIDA) se convirtió en un problema social digno de investigación en las últimas décadas del siglo XX (https://udgtv.com/podcast/guadalajara/a-traves-del-espejo/a-traves-del-espejo—dom-30-de-abr-2023/65108). En este diálogo radiofónico, Eduardo Zetina, especialista en el estudio del VIH, expone este proceso y el sociólogo Sergio Lorenzo Sandoval explica, desde la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, cómo estas preguntas de investigación derivaron en el diseño de programas y en la asignación de recursos para su manejo desde las instituciones de salud en el mundo y, posteriormente, en nuestro país. En 2005, José Ramón Bueno Abad et. Al, en “El SIDA como enfermedad social: análisis de su presencia e investigación” (Universidad de Valencia), señalan las “características más sobresalientes de los estudios consultados respecto al origen, curso, pronóstico y terapia de la enfermedad, desde el punto de vista de la investigación social”. Un problema de salud pública que se consideró, en sus primeras etapas, privativo de un sector de la población (hombres que tienen sexo con hombres) y en lugares apartados de las metrópolis (República del Congo y Camerún) terminó siendo foco de atención mundial y de diseño de medidas terapéuticas, además de asignársele fondos y equipos de investigación.

Me remonto brevemente a una anécdota de Michael Faraday (1791-1867) de la que circulan diferentes versiones. A grandes rasgos, este científico británico estudió el electromagnetismo y la electroquímica. La vinculación entre el comportamiento de la electricidad y los imanes implicaba que así podrían iluminarse las ciudades. Una de las versiones que se cuentan es que un Ministro de Hacienda le preguntó cuál sería la utilidad de ese razonamiento, a lo que, se cuenta, Faraday contestó que “pronto el gobierno podrá cobrar impuestos por su uso” (https://www.publico.es/opinion/hemeroteca/4-ecuaciones-cambiaron-mundo.html y https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/blog/faraday-electromagnetismo). Hay quien le achaca que parte de su respuesta fue remitir a la pregunta planteada por Benjamin Franklin (1706-1790): “¿Para qué sirve un recién nacido?” (https://www.aaas.org/membership/scientia/genius-michael-faraday y https://as.com/opinion/2013/03/14/portada/1363221847_728612.html).

En todo caso, lo que sabemos ahora es que detrás de las investigaciones suelen haber intereses económicos e ideológicos. Para que se investigue o para que se acalle la investigación en determinados campos, pues:

 

• Los laboratorios de las empresas farmacéuticas se preguntan si será rentable;
• Los científicos si será pertinente;
• Los políticos si será saludable para sus agendas y planes de gobierno;
• Los afectados decididamente quieren que se haga investigación y habrá algunos que incluso participen en las pruebas de nuevos tratamientos y sustancias, de procedimientos alternativos o de rutas aún no exploradas.

 

Mientras tanto, en el campo de la formación de investigadores y en las carreras en que se requiere algún documento-reporte de investigación, suele concebirse a las tesis de grado como formas de experimentar en torno a problemas que pueden ser financiados eventualmente… o no, pero que darán alguna evidencia, no sólo del tema investigado, sino de la capacidad para investigar de quienes realizan la investigación y la redacción de la tesis. De tal modo que podríamos concebir que los tiempos dedicados e, incluso, las becas-tesis son una opción a fondo perdido (de tiempo y de dinero), pero que sirven para detectar si vale la pena comenzar a explorar determinadas rutas de investigación y, además, formar a investigadores individuales y colectivos dedicados a esas áreas. En el libro mencionado arriba, Van Daele, Krohn y Weingart sugieren que vale la pena realizar comparaciones de definición de problemas y programas entre países e instituciones: cómo se definen los problemas en otras latitudes y cómo algunas latitudes relacionan esos procesos, fenómenos y realidades con otros campos. Recordemos el caso de Faraday y su buen tino al señalar que existían relaciones entre el magnetismo y la electricidad.

Por otra parte, conviene considerar que los sistemas político, científico y económico interactúan entre sí y existen riesgos dentro de cada uno de los sistemas que hay que afrontar o resolver (o investigar cómo reducir los conflictos). Podríamos pensar cómo las investigaciones han derivado, en muchos casos, en políticas para el manejo de procesos como la migración interna e internacional, el transporte individual, urbano e interregional, los retos que enfrenta el manejo de la salud (como el ya mencionado de cómo asegurar la prevención en vez de únicamente la curación).

Respecto a los intereses y las ideologías detrás de las prioridades de estudio, queda mucho por definir. Señalo un ejemplo. Recientemente se anunció que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) cambió su carácter para convertirse en un organismo de investigación y educación superior (https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/07/01/politica/por-decreto-de-sheinbaum-el-inehrm-se-transforma-en-organismo-publico-descentralizado-de-investigacion?utm_source=copy_link&utm_medium=referral&utm_campaign=share_article). El énfasis, se afirmó en la conferencia de prensa de la presidente mexicana, será entender el crecimiento y auge de la ultraderecha en la época actual. No sabemos todavía a dónde irán los investigadores mexicanos a investigar a la ultraderecha (https://share.google/Z0kxDBy2g5WsqGQ1w), ni cuáles serán las preguntas de investigación o las de cuestionarios y guiones de entrevista. Lo que sí sabemos es que ya nos están cobrando impuestos en México para colaborar con esas pesquisas. Tampoco sabemos en dónde presentar solicitudes para ir a investigar. Algunos iríamos gustosos a inquirir cómo están las cosas en Italia o Hungría, por señalar dos instancias. Para 2025, Carlos Alberto Sánchez Ricardo señalaba varios gobiernos (además del estadounidense, que hace lo posible por intervenir, exterminar o apoyar) en la región latinoamericana (https://conferenciaclacso.org/programa/resumen_ponencia.php?&ponencia=Conf-1-7425-31816&eje=21), aunque fuera de nuestro continente también hay gobiernos de ultraderecha en India, Eslovaquia, Croacia, Finlandia, Israel, Hungría, Italia. Mónica Herz y Giancarlo Summa señalaban, también en 2025, cómo estos gobiernos constituyen una amenaza para la gobernanza mundial (https://nuso.org/articulo/315-la-extrema-derecha-como-amenaza-para-la-gobernanza-mundial/).

Seguramente hay algunos temas que algunos grupos e individuos NO quieren que se investiguen. A algunos grupos no les gusta que se sepa de las consecuencias del uso o consumo de determinados productos. Pienso, por ejemplo, en aquellas empresas que lucran con bebidas azucaradas o alcohólicas, que son nocivas, en especial tras un prolongado hábito de consumo. Hay otros temas a los que se oponen algunos grupos, como sucede con quienes pretenden regir las vidas afectivas o sexuales ajenas. Así, la lógica se acerca a “tomen estos brebajes que les hacen daño, pero no ejerzan su sexualidad aunque sea saludable para ustedes”. En un texto publicado recientemente, Kenia Berenice Ortiz e Iván Humberto Borbón Muñoz, 2026: (https://tramasyredes-ojs.clacso.org/ojs/index.php/tyr/article/view/519) replantean epistemológicamente la investigación sobre personas migrantes LGBT+ para reconceptualizar la migración como parte de un sistema de opresión. Respecto a su texto, planteo algunas de las preguntas asociadas a las incomodidades de los pensadores conservadores: ¿Qué agencias estarían dispuestas a financiar investigación que acaba por develar que “las personas LGBT+ de Centroamérica salen de sus países, ya que son excluidas por un sistema que sostiene la heterosexualidad como modelo hegemónico, distribuye la riqueza de forma inequitativa y perpetúa las desigualdades sociales y económicas entre los países”? ¿Qué gobiernos y grupos en el poder están dispuestos a apoyar a investigadores cuyo propósito es “construir el conocimiento para la resistencia ante un sistema de opresión”? ¿A qué instituciones hegemónicas podría interesarles un grupo de investigadores que propicia un sentido de colectividad? ¿A quiénes acabará por resultar incómoda una investigación que cuestiona el “extractivismo epistémico, como una forma de producción de conocimiento en la que se atribuyen los créditos a la persona que investiga y se invisibiliza la participación de las comunidades y sus saberes”?

Otro problema espinoso es el de la investigación desde el poder, para lo que suele llamarse “inteligencia de Estado”. Un artículo reciente de Zózimo Camacho plantea cómo es que determinados gobiernos no hacen explícitas sus preguntas y problemas de investigación, precisamente porque sus investigadores trabajan “encubiertos”. Como hacía el famoso personaje “Double O-Seven”: tienen como misión conseguir información y utilizarla de algún modo para evitar determinadas acciones o generar determinadas medidas desde el poder (https://lucesdelsiglo.com/2026/07/06/decidira-la-corte-si-revisa-legalidad-de-operaciones-de-inteligencia-militar-nacional/). El artículo de Camacho señala cómo estas investigaciones implican la necesidad de considerar determinados marcos jurídicos y las consecuencias de despreciarlos o los riesgos de no obedecerlos. Como se ve en los casos de dos investigadores encubiertos que resultaron muertos en dos instancias diferentes de inteligencia militar. ¿Se justifica que haya infiltrados en las organizaciones o los movimientos sociales con tal de reducir los costos políticos para los gobiernos que se oponen a sus acciones? Estos casos recuerdan las tramas de las operaciones de espionaje entre potencias que solemos ver, románticamente simplificadas, en las series de apariencia detectivesca en donde los héroes de Occidente se enfrentan a los malos (y tuertos) del Oriente.

Todavía estamos lejos de saber cómo determinadas preguntas de investigación lograrán ser admitidas en determinados programas e instituciones si los investigadores no cuentan con los mantos protectores de determinados grupos o camarillas académicas (o policiales, en su caso).

 

*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com