Estudiantes armados: ¿quién es responsable?

Marco Antonio González Villa*

Cada vez se presenta con mayor frecuencia esto que, hace algunos años, era impensable en México: estudiantes con armas dentro de las escuelas con intención de usarlas o lucirlas en fotos, como aconteció hace poco. En países de “primer mundo” como Estados Unidos, es comprensible esta situación, por la facilidad que tienen para vender armas y conseguir permisos, aunado a su tolerancia y fomento a la violencia que ha derivado en diferentes tiroteos y muertes dentro de las escuelas, pero México había podido mantenerse alejado de experiencias de este tipo, hasta ahora.
¿Dónde y cómo consigue un arma un infante o un adolescente? Ésta tendría que ser la primera pregunta que deberíamos hacernos cuando esto ocurre: ¿el director o directora de su escuela le dio el arma? ¿Algún docente u orientador se las da como parte de la formación y contenidos de su materia? Planteo estas preguntas porque, de forma incomprensible y totalmente injusta, cada que aparece un arma en la escuela, padres y madres, hasta docentes oportunistas, como ocurrió en CCH Naucalpan, piden la destitución del directivo. ¿Bajo qué argumento? Es su responsabilidad garantizar el cuidado y bienestar de cada estudiante, dicen, pero volvemos entonces a la pregunta del título.
Si los estudiantes cargan armas, es responsabilidad de padres y madres cuidar que no las tomen; si el arma le fue dada por una amistad ajena a la escuela, ¿cómo es posible que padres y madres no se hayan percatado de ello o desconozcan con quién se juntan sus hijos? Hay una omisión y descuido alarmante que debería ser sancionado, pero esto no ocurre.
Las medidas a tomar entonces tendrían que venir de responder una simple pregunta: ¿quién puso en riesgo a la comunidad escolar al llevar y sacar un arma? ¿Fue el director? ¿Los docentes? Obviamente no, ¿cuál es el sentido entonces de su destitución si vamos a mantener en las aulas a la persona irresponsable e inconsciente de sus acciones? Toda regla y toda ley, las escolares al menos, tienen siempre una excepción, por lo que referir “que no se le puede negar a cualquiera su derecho a ingresar a una escuela o a la educación” se anula cuando alguien decidió poner en riesgo la integridad y la vida de los demás; lo dejo aquí como reflexión para políticos, autoridades educativas y personas de Derechos Humanos.
Mandemos entonces mensajes adecuados a la población y retiremos de las aulas a cada estudiante que infrinja la ley y las reglas en esta dimensión, con la posibilidad de volver cuando haya tomado conciencia de sus actos y haya acudido, junto con su familia, a terapia o a orientación psicológica para reeducar al estudiante. Sacar a un directivo, pero mantener en las aulas a un bully, o a alguien que atentó o agredió de gravedad a un miembro de la comunidad o alguien que puso en riesgo la vida de los demás, ¿qué enseñanza deja para todos? ¿Impunidad? ¿Injusticia? ¿No asumir responsabilidades? ¿Que otros paguen por mis errores?
El tema es preocupante para todos, lo que demanda proponer alternativas que busquen erradicar al problema de raíz y no tomar decisiones y acciones que sólo han conseguido incrementar el problema. De seguir con el mismo patrón de acción, no dudemos que este fenómeno seguirá creciendo. Espero de verdad equivocarme por el bien de cada estudiante del país, pero temo tener razón. El tiempo, en breve, lo dirá.

*Doctor en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. [email protected]