El camino de la investigación: ¿quién lo decidirá?
Marco Antonio González Villa*
“La investigación es de quien la trabaja”, es una frase que suena, se lee, como algo adecuado e ideal, pero no es así: la investigación es de quien la puede financiar. Es un hecho no lamentable, pero sí innegable; responde a los intereses de instituciones o coincide o se ajusta a la perspectiva de las personas que se encuentran encargadas de seleccionar las investigaciones que cuentan con características, o un enfoque, que las hace realizables.
Comúnmente hemos entendido la investigación enfocada a transformar la sociedad o el entorno, o bien, a generar conocimientos y, a partir de ellos, fomentar innovaciones y desarrollo en las áreas de que se trate. En nuestro país, la mayoría de las investigaciones son respaldadas y financiadas por Universidades, principalmente públicas, destinando una partida de sus recursos a dicha área y gestionando otros recursos a través de dependencias y organismos. Obviamente no cualquiera puede llevar a cabo investigación financiada y respaldada institucionalmente, se requiere pasar por diferentes filtros en los que se realiza una valoración del impacto y beneficio social, en el sector salud, medio ambiental, tecnológico y/o económico principalmente, pero que siempre terminarán dependiendo de factores subjetivos que inciden en la decisión de apoyar una investigación y no otra. En este sentido, históricamente, se habían desviado, en ocasiones, recursos de investigación para mantener intereses particulares y se había brindado apoyos a personas que lo necesitaban o que no necesariamente hacían una aportación al país que fuera de relevancia o que ni siquiera generaban conocimiento. Afortunadamente, siempre ha habido profesionales comprometidos y responsables socialmente cuyo trabajo y aportes han sido relevantes y reconocidos no sólo en México, sino internacionalmente.
¿Qué investigación necesitamos en este momento? No alguna que sirva a los intereses de quien la paga, porque, creo que suena factible pensar en 4 líneas que, por las condiciones sociales, tendrían que ser prioridad: 1) investigación que propicie un crecimiento y enriquecimiento de la disciplina desde la que se investigue; 2) investigación que permita identificar áreas de crecimiento laboral y económico, considerando que muchas personas perdieron su empleo durante la pandemia y es necesario reactivar la economía a niveles adecuados; 3) investigación que permita identificar áreas de atención y vulnerabilidad que no están cubiertas en el área de la salud, para poder crear infraestructura que nos brinde soporte y autonomía para contrarrestar un problema como el que ha generado la pandemia; y 4) atendiendo las recomendaciones de los movimientos decoloniales y anticoloniales, como la propuesta de Rivera Cusicanqui, hacer investigación que denuncie las injusticias sociales y permitía visibilizar a los grupos menos atendidos, con la idea ética de fomentar conciencia social y, con la reiteración, buscar mejores condiciones de vida para todos.
En el caso de la investigación educativa será necesario que se centré en brindar aportaciones cuyo impacto permita mejorar las condiciones de vida y las relaciones de cada una de las personas implicadas en el proceso de enseñanza, ya sean docentes, directivos, autoridades, estudiantes, familiares, todos. Pero terminamos regresando a la pregunta del título ¿quién decidirá y validará el camino de la investigación? Será un grupo particular de personas de las cuales sería adecuado tener conocimiento de su perspectiva y enfoque en la decisión de las investigaciones que se van a financiar y/o validar. Lo aquí señalado es una propuesta, pero entiendo, estos son mis criterios. ¿Válidos no?
*Doctor en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. antonio.gonzalez@ired.unam.mx