Certificaciones en salud, ¿por si hay agresiones?
Marco Antonio González Villa*
Hace pocos días se anunció, como si fuera un gran logro, el proyecto para poder brindar una certificación en salud para los docentes, en donde la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano del Seguro Social trabajarán conjuntamente para lograr el objetivo.
La capacitación y certificación se centrará en tres aspectos principales: 1) Primeros auxilios, para que se pueda brindar atención a estudiantes cuando sufran accidentes, caídas, heridas o se asfixien por alguna situación dentro de su horario escolar; 2) Apoyo médico escolar, que permitirá a los y las docentes detectar signos básicos de alerta para poder canalizar a clínicas oportunamente a aquellos estudiantes que así lo requieran; 3) Promoción de hábitos saludables, que consiste en la implementación de programas preventivos vinculados a la nutrición, la higiene y la activación física.
De los tres aspectos aquí referidos, solamente el primero podría responder a una necesidad propia de las instituciones, dado que se atendería una situación ocurrida durante la jornada escolar dentro de las instalaciones escolares, lo cual ha ocurrido en diferentes ocasiones. Lejos de verse como una atención y medida que se toma para preservar la salud, integridad y estabilidad de los y las estudiantes, sólo ha servido para que padres y madres de familia responsabilicen a las instituciones por las caídas y accidentes sufridos o difamen señalando que se atendió a sus hijos e hijas sin su consentimiento.
Los puntos dos y tres tendrían que ser responsabilidad de padres, madres y/o tutores, pero, en este afán de cargar cada vez de más responsabilidades al magisterio, se ha dado una carga más, ofreciendo a cambio, para motivarse a recibir la certificación, el que esta sea considerada para los procesos de ascenso, promoción vertical y aumentos salariales.
Obviamente, la medida ha generado rechazo y desaprobación de docentes, sindicatos y colectivos de maestros, ya que sólo incrementará la carga y responsabilidad laboral, al mismo tiempo que hace falta delimitar con claridad los protocolos de intervención y atención para no tener precisamente problemas legales derivados de una injusta valoración, percepción y juicio de cada figura parental o tutor.
Sin embargo, más allá de las discusiones y desaprobación generadas con la propuesta, resulta difícil no pensar que pudiera haber intenciones ocultas con la medida, tal vez bien intencionadas, pero con un enfoque inadecuado; ante la creciente violencia que se ha suscitado en las escuelas, con estudiantes y docentes muertos a manos de otros estudiantes, en donde los diferentes gobiernos han sido directa o indirectamente responsables por su tibieza ante la situación y por haber difuminado la figura del docente en el aula, ¿no responderá este proyecto más a la necesidad de saber cómo atender y responder ante posibles ataques de estudiantes a miembros de la comunidad?
Probablemente sea sólo un prejuicio o una duda manifiesta, pero es inevitable no pensar que sea, lamentablemente, una posibilidad, una duda razonable. Ahora sólo queda esperar, como siempre, y ver los resultados que ofrece la certificación; ojalá, por el bien de todos, que sean para bien.
*Doctor en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. antonio.gonzalez@ired.unam.mx