Catástrofe escolar
Jaime Navarro Saras*
Entre docentes, directivos y demás personal que labora en las instituciones educativas, desde educación inicial hasta el nivel superior, hay una queja generalizada en contra de las denuncias, quejas o demandas que padres, madres y estudiantes interponen ante autoridades educativas y judiciales para acusar a docentes, directivos y demás personal que labora en las escuelas.
Una vez que llegan las denuncias e inicia la investigación, independientemente de si son ciertas o falsas, los trabajadores de la educación entran en un proceso doloroso y lleno de incertidumbre, ya que, de entrada, y conociendo las dinámicas sociales, deja marcas que son muy difíciles de eliminar. Desgraciadamente (tal como lo señaló en el video previo a su deceso el profesor Alberto Israel Jasso Cruz), hay un suicidio social.
Desde que las autoridades educativas dejaron en los padres de familia ese poder (casi absoluto) de señalar los errores y deficiencias de la escuela, las cosas cambiaron para mal. En ese escenario, se les quitó la responsabilidad de hacer que sus hijos lleguen a las escuelas con hábitos, valores y voluntad que a los maestros les hagan las cosas más fáciles para generar aprendizajes, pero no es así; en cambio, las dinámicas escolares que desarrollan los maestros terminan centrándose en las responsabilidades que los padres de familia y la sociedad misma han dejado de lado y a toda costa quieren que la escuela las resuelva.
Lo lamentablemente sucedido con el profesor Alberto Israel es, otra vez, una llamada de atención para las autoridades educativas. Sabemos que en este caso no hay vuelta para atrás, mucho menos habrá justicia por cómo se dieron las cosas; sólo quedará en la conciencia de la estudiante, sus padres y autoridades de la escuela donde sucedieron los hechos. Lo cierto es que alguien tendrá que hablar a nombre del profesor Alberto y de sus compañeros para dejar en claro las cosas, que pidan disculpas y que limpien la imagen de los involucrados.
De igual manera, las escuelas deberán tomar este ejemplo para resolver las cosas con la mayor discreción, si hay certeza de los hechos hacer que se cumpla la ley con las autoridades correspondientes, pero nunca valerse de las redes sociales y dar certeza donde no la hay, mucho menos dejar en manos de la opinión pública cuando aún no hay evidencias y pruebas fehacientes de una denuncia.
Esperamos (si queda en claro la inocencia del profesor Alberto Israel) que en los siguientes días, esos mismos canales y redes sociales que básicamente lo declararon culpable, tengan la valentía de disculparse y asumir la culpa por su actitud, cosa que nunca sucede cuando un maestro demuestra su inocencia, ni de parte de los medios y, mucho menos, de las autoridades educativas que la hacen de jueces. A nombre del magisterio, lo deben exigir las agrupaciones gremiales que los representan, principalmente el SNTE y la CNTE, en el caso de las escuelas públicas.
*Editor de la Revista Educ@rnos. jaimenavs@hotmail.com
Coincido con los planteamientos del artículo, dado que en lugar de contar con mejores condiciones para ejercer la docencia, las que garantizan los derechos laborales y lo que corresponde a cuidar y proteger la integridad de las y los docentes son inciertas. Aún falta mucho por hacer