Tazo dorado o desinterés superior de la niñez

Luis Christian Velázquez Magallanes*

En 2007 y 2008 en la zona metropolitana de Guadalajara delinquía una banda de infantes que por sus edades se denominó como la Banda del Pañal.
La radiografía mostraba que, en la mayoría de los casos, estos infantes provenían de hogares en donde la estructura tradicional estaba rota: padres separados, madres ausentes y abuelos que pretendían suplir la titánica labor de formar.
En el año 2008, El Informador publicó una nota que daba cuenta de dos madres de familia que solicitaban al gobierno del Estado que cumpliera con el compromiso de readaptar a sus hijos.
Ambas madres asumían que sus niños no eran capaces de establecer relaciones sanas en la sociedad; describían cómo habían incrementado sus prácticas delictivas y las asociaban con el consumo mayor y desmedido de drogas, incluso decían que la violencia de estos niños había llegado hasta a ellas mismas.
¿El reclamo de las madres es legítimo? Lo cierto es que el Estado no estaba preparado para abordar una crisis de adolescentes y niños delincuentes. Siempre hemos dicho que con los niños no.
Los jóvenes infractores pusieron en jaque al Estado. ¿Cómo se tenía que juzgar o qué mecanismos se deberían ejercer en casos donde menores de edad son autores materiales e intelectuales de delitos?
El Estado mexicano promulgó el 16 de junio de 2016 la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para adolescentes con un objetivo: consolidar un mecanismo para evaluar las conductas delictivas de los jóvenes infractores, respetando sus derechos humanos y establecer un proceso alternativo de solución de conflictos bajo la denominada Paz Restaurativa.
La Ley, a partir de múltiples reformas y correcciones, se centra en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en dos aspectos fundamentales:

• Interés superior de la niñez.
• Libre desarrollo de la personalidad.

El interés superior de la niñez es un principio que establece que todas las políticas públicas o privadas en donde se tomen decisiones en que se involucren niñas, niños y adolescentes deben priorizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. Los niños, desde este enfoque, no son sujetos de protección, son entes dotados de derechos.
El libre desarrollo de la personalidad, por otra parte, se entiende como el derecho fundamental de los individuos para elegir y materializar las decisiones que consideran propias para su desarrollo.
En la dogmática, ambas nociones aseguran que los sujetos que no han alcanzado la mayoría de edad puedan desarrollarse en un ambiente propicio; pero, pensemos que ocurre en un país como México en donde la descomposición avanza a pasos agigantados, en un lugar en donde aparecen grupos de niños que delinquen.
En nuestra sociedad, ¿los niños pueden ser completamente libres para tomar las decisiones que les ayudarán a autodeterminarse?, ¿de algún modo el medio o contexto influye coartando esa libertad?; ¿los centros escolares tienen estructuras en donde todas sus decisiones se toman a partir de cuidar el interés superior de la niñez para que puedan tener un libre desarrollo de su personalidad?
La realidad es contundente, porque si bien los menores de edad conocen la noción de libre desarrollo de la personalidad y con ella justifican su toma de decisiones, los adultos tenemos la obligación de generar las estructuras tanto públicas como privadas que aseguren un interés genuino en su desarrollo integral.
De lo contrario, y de seguir así, no se sorprenda cuando nuestros niños, al ser adultos, sean llevados por la Patrulla Espiritual, no por ser excesivamente coquetos o porque tengan una capacidad enorme de sufrir, sino porque nos desinteresó cuidar y proteger sus derechos.

*Licenciado en Filosofía. Profesor en la Escuela Secundaria General 59 “Francisco Márquez”. [email protected]