Redes de terror
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
El viernes 9 de julio fueron detenidas diez mujeres del Frente Feminista de Jalisco mientras protestaban afuera del edificio de la Secretaría de Educación del Estado. Su protesta era para denunciar la falta de justicia en los casos de dos niñas víctimas de violencia sexual en una escuela primaria del municipio de Zapopan. A casi dos años de ocurridas esas agresiones, ninguna autoridad ha sido sancionada. Para muchos de nosotros, la llamada a las autoridades debería derivar en que se agilizaran los procedimientos judiciales y que las autoridades de la escuela y de educación del estado aclararan y sancionaran a quienes agredieron a las niñas. Sin embargo, la detención de quienes se solidarizan en contra de las agresiones sexuales, muestra que la lógica de algunas autoridades ha sido omisa en el tema central y opta por acallar las denuncias en vez de abocarlas a investigar los casos.
El patrón de agresión e impunidad se repite en otras instancias y en otras escalas. El abuso sexual ha sido asociado con redes de tráfico de personas en casos tan sonados como el de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Estados Unidos, del que se han señalado a personas millonarias y famosas de abusar de menores de edad entre 1994 y 1997. Entre los mencionados en el caso han estado William Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra. Según algunos analistas del caso, la desaparición de personas va más allá del sexo y el poder, y se señala a Epstein como un experto en mover dinero fuera del control de las autoridades nacionales e internacionales. Poco después de su detención, Epstein supuestamente se suicidó, lo que ha sido cuestionado por los abogados de cargo.
La coincidencia entre abusos sexuales de menores de edad y la desaparición de personas (especialmente mujeres) en los contextos educativos se ha hecho cada vez más notoria. En meses recientes han sido objeto de denuncia y de protesta los casos de Gabriel Vallejo, supuesto profesional de la salud mental en Guadalajara y de Félix Salgado, político guerrerense. En ambos casos, los acusados han permanecido impunes a pesar de las múltiples demandas en su contra. Las cifras de personas desaparecidas en México, según la Comisión Nacional de Búsqueda al finalizar el año 2020 alcanzaban las 81 mil 910; mientras en Jalisco se reportaron 11 mil 448 desaparecidos. En contraste, las autoridades de Jalisco aseguran que 2 mil 376 personas tienen el estatus de desaparecidas y 7 mil 512 son clasificadas como “no localizadas”. Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas y en donde se han exhumado más cuerpos de toda la República. En dos fosas en Tlajomulco de Zúñiga se ubicaron 171 cuerpos y en El Salto se localizaron 115 (hasta noviembre de 2020).
Aun cuando las relaciones entre acontecimientos separados en el tiempo o en el espacio tardan en descubrirse por no ser directas ni aparentes, estos casos apuntan a la necesidad de explorar las vinculaciones delictivas entre el tráfico de drogas y el tráfico de personas, entre la prostitución forzada y la violencia contra personas inocentes, entre el acceso a armas de fuego y la represión del estado. El que las autoridades de las escuelas (como la denunciada en Zapopan), se vean involucradas en los abusos y las autoridades judiciales sean omisas, apunta a algunas complicidades de largo alcance como las que se han comenzado a señalar en el juicio asociado a las redes de abuso y tráfico del caso Epstein. Estas vinculaciones delictivas hacen pensar en que existen redes de terror con alcances más recónditos de lo que las autoridades reconocen.
*Doctor en ciencias sociales. Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com