Legislar para excluir: El peligroso modelo educativo que se cierne en Estados Unidos

David Nieto*

Las nuevas reformas educativas en Estados Unidos evidencian una tendencia ideológica que, a pesar de haberse considerado extinta, entiende la educación como un privilegio reservado a una clase acomodada y poderosa, y la utiliza como instrumento de adoctrinamiento sobre los demás. En este artículo presento una breve síntesis de la agenda educativa que impulsa la actual administración federal y el riesgo de su contagio a otros países.
No es de extrañar que una de las promesas electorales del actual presidente haya sido desmantelar el Departamento de Educación. Aunque no ha podido cumplirla —pues su eliminación total requiere la aprobación de una mayoría en el Congreso—, de facto se han erosionado sus funciones principales. Conviene recordar que el Departamento fue creado en 1979, mediante la Department of Education Organization Act, bajo el mandato del presidente Jimmy Carter. El acta fundacional establece como funciones principales del Departamento: (i) fortalecer el compromiso federal con el acceso equitativo a oportunidades educativas; (ii) apoyar los esfuerzos educativos estatales y locales; y (iii) promover la mejora educativa a través de la investigación y de la recopilación y difusión de datos. Entre sus responsabilidades figuran: a) velar por el cumplimiento de las leyes de derechos civiles; b) administrar los programas de ayuda económica estudiantil; y c) mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas de las actividades educativas federales.
Cabe preguntarse, entonces, a qué objetivo responde el desmantelamiento del Departamento de Educación. La administración sostiene que se trata de devolver a los estados el control de las decisiones educativas. Sin embargo, en Estados Unidos los estados ya determinan la gran mayoría de esas decisiones: estándares y guías curriculares, criterios de certificación de docentes y directivos, requisitos mínimos de graduación de la educación secundaria y la distribución de fondos estatales y federales, entre otras. Tampoco parece una apuesta por mejorar la rendición de cuentas hacia el estudiantado, puesto que se debilitan los mecanismos de recopilación y difusión de datos sobre el sistema educativo. Todo sugiere, más bien, una estrategia orientada a limitar o anular las funciones asignadas al Departamento, en especial la protección de los derechos civiles.
La eliminación de esta protección no es baladí en un país donde los índices de segregación escolar siguen siendo significativamente altos y persisten problemas sistémicos en la integración y provisión de servicios educativos para estudiantes bilingües, indígenas y de color.
Además, esta visión educativa responde a un trasfondo marcadamente mercantilista. Bajo la bandera de la “libre elección”, se ubica a la educación dentro de las reglas del “mercado libre”, como un producto más. En consecuencia, cada familia debería saber navegar ese mercado conforme a la ley elemental de la oferta y la demanda, mientras que el Estado asumiría un papel meramente distributivo de recursos —mediante vales o desgravaciones fiscales— para que cada quien elija “libremente” la escuela en la que educar a sus hijas e hijos. Lo que parece simple en teoría dista de serlo en la práctica.
En primer lugar, cabe anticipar un incremento del coste de la educación si se privatizan los recursos educativos. A mayor demanda, mayor precio. Quienes ya podían pagar una escuela privada de élite seguirán disfrutando de ese privilegio, ahora a menor coste gracias a transferencias estatales que antes no recibían. En cambio, las familias con recursos limitados se enfrentarán a un mercado educativo con precios al alza y con información insuficiente para tomar decisiones informadas. No olvidemos que, con un Departamento de Educación debilitado, los estados podrían incluso dejar de recopilar datos comparables sobre las escuelas.
En segundo lugar, las escuelas privadas tienen —y previsiblemente conservarán— libertad de admisión. A diferencia de las escuelas públicas, pueden fijar criterios intrínsecamente excluyentes. Por ejemplo, rechazar a estudiantes cuya primera lengua no sea el inglés o a quienes requieran educación especial, alegando carecer de los servicios necesarios. También pueden exigir determinados resultados o cualificaciones que los hagan “aptos” para el ingreso. ¿Qué opciones quedarán a las familias cuyos hijos e hijas no sean aceptados por las privadas, pese a su supuesta “libertad de elección”? Con toda probabilidad, un sistema de escuelas públicas devaluado y desprovisto de recursos, con docentes a cargo de grupos cada vez más numerosos.
En suma, la combinación de privatización, debilitamiento institucional y relajación de salvaguardas civiles configura un modelo que, lejos de ampliar derechos, consolida desigualdades. Exportar este esquema a otros contextos sería tanto un error de política educativa como una renuncia ética: la educación no es un bien de consumo, sino un derecho público que los Estados deben garantizar con solvencia, transparencia y equidad.

*Ph.D. Northern Illinois University. Department of Curriculum and Instruction. dnieto@niu.edu