¿Las escuelas públicas también son espacio público?
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
La discusión en México acerca de si los narcotraficantes controlan las policías, el país, la economía, el gobierno local y hasta el federal, ha generado debates, temores, guerras de papel y a balazos reales.
Esta discusión acerca de los efectos del tráfico de estupefacientes dentro de México y el destinado a la exportación, está asociada con los impactos en el tejido social, entre ellos la omnipresente desconfianza frente a autoridades, vecinos, jóvenes y malencarados o bienencarados con los que nos enfrentamos diariamente.
“¿Y a quién le afecta que la gente utilice drogas?” Preguntan algunos que proponen que en caso de ser legales las drogas quizá disminuirían las muertes a consecuencia de la lucha por los territorios y las ganancias.
En contraste, parecería importar muy poco el efecto directo y los impactos derivados del uso de las drogas que ya son legales en nuestro país como el tabaco y las bebidas alcohólicas. ¿Estamos de acuerdo con que se consuman en los espacios públicos? ¿Estamos informados de que al menos 1200 personas mueren en Jalisco cada año a consecuencia de los accidentes viales asociados con el alcohol? ¿Y somos conscientes de la cantidad de personas con padecimientos respiratorios en nuestro país y que mueren de cáncer causado por la adicción a las sustancias que contiene el tabaco?
Si no estamos de acuerdo en que se consuman sustancias cuyos efectos resultan letales si se asocian con la conducción de un automóvil o con espacios cerrados, ¿estaríamos de acuerdo en que se consumieran en las escuelas públicas? ¿Cómo respetar los gustos y preferencias de los jóvenes que utilizan marihuana y tabaco en las universidades públicas cuando afectan la salud, los gustos y preferencias de quienes no optan por estos hábitos?
Estas preguntas, en torno a los derechos de los usuarios de determinadas sustancias están asociadas con los límites deseables y permitidos de los efectos de estas sustancias en la salud propia y de los demás. Más allá de si estamos dispuestos a seguir pagando los costos sociales y económicos que estos problemas de salud pública (adicciones, violencia) representan para nuestro país, surgen otra serie de preguntas respecto a las posibilidades de su uso legal o en cualquier espacio:
¿Podemos encontrar una relación entre la violencia en torno al tráfico, venta y consumo de drogas supuestamente “recreativas” y a la vez ilegales, pero no encontramos que las drogas ya legales tienen consecuencias igualmente indeseables en los espacios públicos? ¿En qué medida podemos permitir que sustancias adictivas como tabaco, alcohol y marihuana sean de uso común en espacios como los de las universidades públicas? ¿Estaríamos dispuestos a permitir que también se consumieran en las escuelas preparatorias?
*Profesor del departamento de Sociología del CUCSH, Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com