¿La justicia defiende la educación?

Miguel Bazdresch Parada*

Hablamos con frecuencia de las deficiencias del sistema educativo. Se tocan diversas áreas: el aprendizaje de los estudiantes, la preparación de los maestros, la participación social en la educación, de los fines y los medios educacionales, del salario del magisterio, y otras áreas.
Al menos cada año, en las fechas cercanas al día del maestro, 15 de mayo, el incremento del salario magisterial y su conflictividad ocupa amplios espacios en la difusión de noticias en los medios de comunicación. Con alguna frecuencia se hace público algún exceso violento de maestros o maestras en perjuicio de algún o algunos estudiantes. Los padres de familia, en lo personal o por medio de alguna de las asociaciones en las cuales se agrupan, se lamentan del desempeño de los maestros, sea por el aprendizaje de sus hijos, por la inasistencia del director, directora al plantel de sus hijos. Desde luego los medios informan de la inconformidad de maestros y maestras por alguna causa legítima: salario, ajuste de cuentas sindical, ataques a las agrupaciones magisteriales, maltrato de las autoridades o hasta persecución de las comisiones de derechos humanos.
Estos conflictos, algunos leves, otros estructurales y otros politizados, son resueltos, en su mayoría por medios administrativos. Es decir, por una decisión de alguna autoridad de la secretaría del ramo. A veces cuando el conflicto es más fuerte interviene la secretaría de gobernación, por ejemplo, en la lucha con violencia, de los maestros contra la reforma educativa del gobierno anterior.
Y, visto desde la óptica ciudadana, estos conflictos se perciben ajenos a las disposiciones del aparato de justicia. Los entendidos dicen, por ejemplo, que el deficiente aprendizaje de un niño o un joven no puede juzgarse por la ley porque aprender es un acto íntimo, de la vida interior del individuo y ningún sistema o acción de otros puede garantizarlo. Reclamar el sí o no del aprender sólo puede hacerse al aprendiz. El maestro es un ayudante especializado, no más. Los sufrientes del no–aprender de un hijo-hija, por su parte, reclaman el maltrato del maestro maestra reportado por el menor en sus términos: no le hace caso, no califica su cuaderno, se burla cuando no responde bien, lo marginan de las actividades grupales.
¿Qué puede hacer la justicia? Desde luego hay reglamentaciones para regular las acciones de las diferentes actividades y decisiones del sector magisterial y otras secciones del personal de las secretarías de educación. Para las acciones puramente administrativas basta con la ley administrativa, para las cuestiones propiamente educativas no, pues está en juego aspectos humanos subjetivos imposibles de dominar con reglas objetivas.
La educación ha de tener una justicia especial, menos basada en normas y más centrada en resolución efectiva de problemas y conflictos educativos. Digamos más convivenciales. Ahí sí la ética del cuidado, típica de la educación, puede operar y ayudar.

*Doctor en Filosofía de la educación. Profesor emérito del Instituto Superior de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). [email protected]