La auditoría educativa

Miguel Bazdresch Parada*

En los gobiernos democráticos, por esencia del significado de “democracia”, una acción esencial es la rendición de cuentas, económicas y de logro de objetivos. ¿Por qué? Porque la población gobernada ha puesto a disposición de la autoridad elegida por esa misma población los dineros de sus impuestos para que los trabajadores y funcionarios dispongan de un sueldo y el gobierno disponga de efectivo para emprender las obras con las cuales se atiendan las necesidades generales de la población, la cual espera esa atención como parte esencial del quehacer gubernamental.
En ese escenario, el punto clave es el entramado de control de las cuentas públicas. Sin control o con un control ineficaz o deficiente, los haberes entregados a los gobernantes se convertirán pronto en deberes. Nuestro país ha tenido y tiene innumerables muestras de este escenario fraudulento respecto de la obligación mandada por la población al gobernante.
La vigilancia y control práctico de las acciones del gobierno emprendidas con dinero público está encomendada a una institución legal establecida llamada Auditoría Superior de la Federación. A veces, la voz popular dice de esa institución constitucional que son los “sabuesos” buscadores de errores, malas prácticas y tranzas en las oficinas gubernamentales. Por eso es de lamentar que el gobierno y los poderes de la Unión permitan una auditoría débil, cuyas tareas se vuelven imposibles por falta de apoyo con los medios económicos e instrumentales necesarios para cumplir su tarea de vigilancia y decisiones cuando sea necesario.
También existe una vieja decisión mediante la cual los gobiernos han decidido apoyar a la burocracia –trabajadores sindicalizados– que se encarga de hacer realidad las tareas cotidianas y lograr los objetivos establecidos en los planes gubernamentales. Es un apoyo lógico, pues no realizan tareas que produzcan un bien comercial por cuya venta se obtenga una ganancia. Fundamentalmente producen servicios no negociables y sí muy necesarios para el funcionamiento cotidiano del aparato del gobierno.
Ese apoyo se entrega a las asociaciones de los trabajadores, sean sindicatos o asociaciones civiles, cuyo control ya no está en manos de la Auditoría, pues sindicatos y asociaciones tienen por ley autonomía en el manejo de sus dineros.
Un Estado fuerte, un Estado de derecho, requiere el control de los dineros que recibe de la población para ofrecer cuentas claras del uso real y práctico de esos dineros. No es fácil, desde luego. Por eso, una auditoría capaz de cumplir con el control que la población exige requiere de los más modernos y sofisticados sistemas de observación, control y dictaminación a fin de seguir la pista a los pesos y centavos que se les entrega a los gobiernos y sus trabajadores.
La Auditoría es una institución educativa. Su organización y su operación debieran ser ejemplares en sus métodos, procedimientos y controles. Observar y conocer una auditoría así educa a la población, pues le enseña cómo, cuándo y qué hacer con esa riqueza nacional que en este año llega a varios billones de pesos. Al mismo tiempo, una auditoría capaz de atajar fraudes y malos manejos, de esos que hoy, y desde hace mucho, los periódicos publican, es una enseñanza para que los mexicanos y mexicanas con responsabilidades tengamos una muestra de cómo se cuida, cumple y corrige lo que hacemos para atenderla y cumplirla. Cuidar y responder de los medios que la nación nos otorga, todos los días, es una tarea de cada quien y de todos. Si así fuera –y vaya que falta un rato– este país será un mejor país.

*Doctor en Filosofía de la Educación. Profesor emérito del Instituto Superior de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). [email protected]