Escuelas y corrupción

Mario L. Castillo*

Hablar de corrupción es un asunto cuya cotidianidad nos ha hecho hasta insensibles a este tema y lo percibimos como algo tan frecuente que ya casi nos nos detenemos a repensarlo con seriedad. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la corrupción?
Para esta circunstancia la corrupción será enfocada como un problema político y de la administración pública en un régimen democrático. En el artículo titulado “Educación cívica contra la corrupción” de C. Alanís se extrae los conceptos de A. Knight quien define la corrupción política como: “El uso del poder político se orienta a un poco de auto-interés individual o colectivo y que son ilegales y/o considerado corrupto, inadecuada o egoísta”. En el mismo documento se propone el aporte de F. Escalante quien sugiere la siguiente definición: “…es el uso de las funciones y atribuciones públicas en beneficio particular, en contravención con las normas legales”.
Para este breve espacio de opinión, entenderemos por corrupción como el uso del poder público para obtener beneficios privados. Esto involucra aspectos como poder, recursos públicos, legalidad, instituciones de administración estatal y, por lo tanto, todo lo que está al amparo del bien público.
La corrupción representa un alto costo para nuestra sociedad y provoca graves consecuencias económicas, sociales y políticas: R. Ackerman afirma, en el mismo artículo, que altos niveles de corrupción se asocian a bajos niveles de inversión pública (y privada) y que afectan directamente en el desarrollo del país. La corrupción reduce la efectividad de las políticas públicas e influye para que los ciudadanos actúen infringiendo las leyes. Todo ello afecta negativamente la capacidad recaudatoria del gobierno, determinando directamente en la consunción de la calidad de los bienes y servicios otorgados por el Estado. Esto conlleva el deterioro de la eficacia de los programas y proyectos para combatir malformaciones socio-culturales como la pobreza.
Sus efectos sociales acontecen cuando sistemáticamente se destruye la confianza de la gente en las instituciones públicas. Lo que a su vez deslegitimiza los regímenes democráticos y que con tanto esfuerzo hemos logrado construir en nuestro país.
Todos los caminos llevan a considerar urgente asumir medidas para intensificar el combate a la corrupción; así como procurar la eficacia y transparencia de las políticas públicas que combaten este mal social. Los efectos deben permear en el desarrollo social, la calidad educativa, la fortaleza de sus instituciones y la vigencia de las entidades democráticas.
En este horizonte la educación se convierte en una herramienta fundamental. Informar, concientizar, movilizar, controlar y prevenir la corrupción, para limitar su alcance, y reducir los daños que provoca esta anomía, serán propósitos educativos esenciales. Innegociablemente todo ello debe estar sostenido por la participación y compromiso de la ciudadanía.
Y para profundizar en el tema desde nuestro escenario de protagonismo, la escuela, se sugiere un texto pertinente: “Escuelas corruptas y universidades corruptas: ¿Qué hacer? De Hallalk y Poisson, publicada por la UNESCO**. Con este ingrediente desafiamos a respondernos la pregunta: ¿Qué está haciendo (sistemáticamente) la escuela para combatir la corrupción?

*Profesor-Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Tlaquepaque. [email protected]

**http://dide.minedu.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/2457/Escuelas%20corruptas,%20universidades%20corruptas%20Qu%C3%A9%20hacer.pdf?sequence=1