El INE si se toca

Rafael Lucero Ortiz*

Marchan y al marchar mienten, una y otra vez, con estridentes consignas: “El INE no se toca, Mi voto no se toca.” Así, nomás porque sí. Sin argumentos. Dejando claro a los cuatro vientos, que no necesitan argumentos, que son ellos y ellos lo dicen.
Yo no digo que el INE si se toca, lo dice nuestra constitución y nuestra historia. Nuestra constitución en el Artículo 40 establece que la República Mexicana es representativa y democrática. Las instituciones públicas en una república democrática siempre se tocan. ¿Cuántas reformas lleva nuestra constitución? Desde la fundación del IFE, hoy INE, ¿cuántas modificaciones legislativas electorales se han hecho? ¿Cuántos Consejos Generales se han integrado? ¿Cuántos consejeros y consejeras han salido y entrado?
Pero, además parece oportuno recordar que el Arículo 39 Constitucional, establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en en el pueblo… El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho e alterar o modificar la forma de su gobierno.”
El trayecto de las reformas político-electorales que tanto escozor ha causado en los grupos privilegiados por los anteriores gobiernos y que éste ha evidenciado, ha seguido el estricto camino que marcan las leyes: el poder ejecutivo, en el ejercicio de su derecho propone la iniciativa constitucional de reformas, unas se aprueban y otras se replantean para incorporarlas, como reformas secundarias. Ambas cámaras las aprueban y los inconformes están en todo su derecho de impugnarlas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien será a fin de cuentas la que decida. Igualmente están en su derecho de manifestarse políticamente en los medios y espacios públicos.
En el apego a la normatividad, el ejecutivo ha actuado conforme a la ley y eso desmiente el calificativo gratuito de dictador.
Bueno fuera que como dicen las consignas se estén manifestando en defensa del INE, la libertad y la democracia, están defendiendo sus privilegios y ambiciones de continuar enriqueciéndose del erario público y mienten en lo que históricamente ha sido el INE.
Veamos: el primer Consejo General que presidió José Woldenberg, fue el único que se aproximó a la intención de ciudadanización que se planteó. Por cierto, hay que recordar que el IFE, a pesar de la legitimación que buscaba Salinas, por su presidencia espuria en el fraude de 1988, para el proceso electoral de 1994 se da un movimiento nacional, Alianza Cívica para la observación electoral y el “juego limpio”, con representación en los 30 entidades federativas.
La integración del segundo Consejo General, en el 2003, ya se distanció abiertamente de la intención de un órgano ciudadanizado. Se integró por cuotas de poder entre PRI y PAN, dejando fuera a la tercera fuerza política que era el PRD y completando el número de integrantes con un lugar que asignaron al Partido Verde. Fue un consejo con más prietitos en el arroz, que blancos: la integración por cuotas de poder entre los dos partidos mayoritarios; la inclusión de una consejero que no reunía los requisitos del perfil de la convocatoria; la asignación de un presidente cuestionado desde su origen, se decía que por su cercanía con la maestra Gordillo; un proceso electoral de resultados cuestionados, desde la misma noche, hoy en la opinión pública consignado como el segundo fraude electoral a la izquierda de este país; un consejo que terminaba su periodo en 2010 y que inició su destitución escalonada en el 2007. Se dice que la destitución fue la negociación con AMLO, para que levantara el plantón de Reforma. Obviamente quien encabezó la salida fue el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde. La pregunta obligada es: ¿por qué los poderes que integraron el consejo, ellos mismos lo desintegraron, sin ninguna explicación pública? ¿A qué intereses obedeció, que el entonces IFE, no sólo se tocara, sino que se dinamitara el máximo órgano garante de la autonomía? Y, ¿por qué consejeros con toda su investidura de autonomía, se fueron uno a uno, sin decir nada y sin reclamo alguno? Mucho se ha dicho de todos los componentes del fraude, desde la negociación de la maestra Gordillo con Calderón y el modus operandi de retención de votantes del SNTE, y de trabajadores de los gobiernos de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Sonora y otros; y ahora, con el juicio de García Luna, hasta el trabajo policiaco de éste para llevarlo a la presidencia.
El proceso electoral del 2006 da para poner en evidencia una conducta clara de omisiones, escudada en el eslogan del “Tu voto cuenta y se cuenta” y en el servicio profesional electoral de los 2,800 operadores. Son varias las situaciones de omisión de cómo llega el voto sucio a las urnas: la intervención de los dineros, aún públicos como el caso de varios gobernadores para la campaña de EPN, o de privados; el papel de los medios, como en el caso grotesco y cínico de cómo Televisa crea un candidato y lo lleva a la presidencia, con el poder de los medios y el dinero y la omisión del INE. En el caso del 2006 se presumen otras violaciones de facto, que no se configuraron en jurídicas, igualmente por omisión: la retención ilegal de votantes, la secrecía e individualidad del voto.
Lo que evidencia la narrativa de los hoy funcionarios del INE es de simulación: el consejo desde el 2003, no es de integración ciudadana, se ha integrado por cuotas de poder y opera al servicio de los interés de partidos postulantes, como lo dijera un consejero de los integrantes del 2006, “yo no me debo a los ciudadanos, me debo al partido que me puso”. Fue público después como pagó el favor, exonerando, como Secretario de la Función Pública, a EPN de responsabilidades en la adquisición de la Casa Blanca.
Con lo dicho hasta aquí no quiero decir que comparta toda la propuesta del llamado plan B, próximamente compartiré mi análisis.

*Maestro en sociología. Analista y consultor independiente. rlucero1951@gmail.com