Dos tareas pendientes de revisión en materia de políticas públicas en educación: antigüedad y preparación académica de los maestros

José Moisés Aguayo Álvarez*

En el marco de lo que se denominó Reforma Educativa, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se efectuaron modificaciones sustanciales a las condiciones laborales, de gestión y de promoción para los docentes en activo y para quienes ingresan por primera vez al servicio educativo. Algunas de estas modificaciones incluyen: el ingreso, la permanencia y la promoción, a través de la aplicación de exámenes estandarizados, diseñados y valorados por el ahora mortecino Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Un asunto notable es que en el marco normativo aplicable para el acceso a promociones, se marginaron sustancialmente aspectos de gran relevancia en el servicio educativo: la antigüedad y la formación académica.
Por cuanto a la antigüedad, vale decir que las disposiciones vigentes aun, contravienen a los principios fundamentales consagrados por la Carta Magna de nuestro país, en términos de contemplar la antigüedad en el trabajo como elemento decisivo para el acceso a promociones; de este modo, tenemos que no sólo se han venido lesionando los derechos derivados de ejercer una función al interior mismo del sistema educativo, sino que, de paso, se ha visto desvalorizada la experiencia adquirida en el ejercicio profesional, ignorando que es precisamente la experiencia, la fuente por antonomasia de la transmisión educativa y cultural. La antigüedad laboral se presenta apenas, en el contexto estatal, como criterio para el acceso a cambios de zona; pero ha quedado fuera de consideración para promociones que representen un mayor ingreso, o el acceso a ejercer una función alternativa.
Por otro lado, en torno a la formación académica; la puesta en marcha de la fallida Reforma Educativa, hace tácita la desvinculación del desarrollo profesional y humano, respecto de las garantías y de la mejora de condiciones laborales, convirtiendo a nuestro sistema educativo en la excepción a lo que se contempla en el avance de sus análogos en el mundo: en México, la preparación académica, los grados obtenidos en el transcurso de una vida profesional, los diplomados, los cursos y talleres, la asistencia a congresos, la publicación de contenido académico, no sirven de nada en la lógica imperante de la Educación Básica. Esto constituye una contradicción estructural, pues no sólo atropella el legítimo reconocimiento al esfuerzo intelectual de maestras, maestros, directores, supervisores y jefes de sector, sino que en el fondo, instaura como superfluos e inválidos los esfuerzos por comprender al mundo, de una manera más compleja e integradora; socavando la posibilidad de proponer iniciativas de innovación e investigación, y de facto, bajo esta “lógica”, se promueve la noción de que el Sistema Educativo Nacional es sólo un mecanismo de contención para la población, en tanto que el ciudadano promedio deberá acendrar la meta de preparase profesionalmente, para, a fin de cuentas, enfrentar la precarización de su horizonte de ingresos y de su calidad de vida.
Como aspecto adyacente a lo anterior, cabe señalar que esta misma dinámica de contención, constriñe el ejercicio y la transmisión de conocimientos a quienes son capaces de generar conocimiento y aportar en el desarrollo de lo técnico y pedagógico, concentrando el despliegue de sus capacidades, en la operación de funciones administrativas. El hecho de que un maestro, un directivo esté adscrito a un subsistema, no debiera ser impedimento para el intercambio con otros, para el ejercicio pleno de sus capacidades. Circunscribir a los docentes y directivos, atarlos a ejercer en una única modalidad o nivel, implica desaprovechar de manera torpe la capacidad de interlocución e intercambio en aspectos tan cruciales para la educación, como: la formación de maestros y la investigación, por poner dos ejemplos.
Por otro lado, la tutoría efectiva y significativa dirigida a los docentes en formación, a cargo de docentes en servicio y personal directivo; seguirá siendo un sueño guajiro, que nunca podrá cuajar si se insiste en divorciar la formación de los contextos concretos. En ese rubro, por supuesto que el magisterio nacional cuenta con materia prima capaz de acompañar en la formación de docentes; no obstante, el recientemente propuesto esquema de tutoría, muerto in utero, cuya oferta se redujo a un reconocimiento simbólico (un diploma) para los docentes que se involucrasen en labores de acompañamiento presencial y a distancia, para quienes ingresaron a la función; representará históricamente sólo el corolario de la falta absoluta de sensibilidad ante la importancia de la formación de formadores, y de la dignidad de la labor docente.
De las reflexiones expresadas anteriormente, podrán derivarse al menos tres propuestas breves para incidir positivamente en desagravio del gremio, y para contribuir tanto al desarrollo profesional del magisterio, como para la recuperación del sentido social de la educación:

1. La instauración de esquemas escalafonarios que reivindiquen a la antigüedad y la preparación académica como criterios de base para el acceso a promociones. En este punto, es necesario acotar que, retomar la reglamentación escalafonaria no es asunto de regresión, sino de reivindicación del derecho de ser representados y de contar con comisiones paritarias (comisiones mixtas), formadas por autoridades educativas y representantes magisteriales (de la asociación que fuere), con una reglamentación clara y específica para atender con pertinencia y noción de justicia, la movilidad social a la que todo maestro tiene derecho.
Algo en lo que hay que tener claridad, es que, de darse este giro, debe incluir necesariamente, al menos tres gestos redentores para el sistema que opera actualmente: El primero, una revisión profunda de la asignación de los valores escalafonarios, en segunda instancia, la erradicación de los vicios mercantilistas que promovieron tanto el SNTE como la propia SEP, a través de entidades y personajes ampliamente reconocidos por autorizar constancias, diplomas y títulos, a cambio de dinero; y en tercer lugar, el establecimiento de un órgano autónomo certificador del currículo de cuanta institución que ofrezca cursos, talleres o diplomados y que opte por incorporarse al catálogo escalafonario.
2. La supresión de la lógica “aséptica” de las pruebas estandarizadas, como única vía para valorar la complejidad de las capacidades y funciones que desarrollan los profesionales de la educación.
3. La apertura de los subsistemas, para instaurar esquemas de tránsito académico en los que un docente o directivo con perfil adecuado, pueda incorporarse como colaborador en otros niveles o subsistemas o estructuras —incluso, estructuras técnicas de su propio nivel—, para desarrollar actividades alternas en las que sea aprovechada su experiencia y conocimiento; como la coordinación de equipos de trabajo académico, investigación, docencia, tutoría, etcétera.

Tres propuestas acotadas, integradas en dos ejes (antigüedad y preparación académica) que, como se señalaba, han sido marginales en al menos los últimos 24 años de administraciones priístas y panistas; tareas inobjetables en materia de políticas públicas en educación… Lo único que falta es corroborar si, en las gestiones (federal y estatal) entrantes, pervivirá el deseo de transformación/refundación, o si en cambio, seremos testigos de las erráticas melodías en flauta, del Equus africanus asinus en turno, a las que tristemente nos hemos venido acostumbrando.

*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria. moyagualv@hotmail.com