Decolonizar el financiamiento en la educación pública

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

En el marco de lo que se le conoce a nivel planetario como la “Jornada mundial por el derecho a la educación”, impulsada en nuestro país por CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación), esta semana concretamente se lleva a cabo lo correspondiente a la campaña en torno a “Decolonizar el financiamiento educativo”, lo cual, tiene que ver con la distribución de recursos financieros y materiales a las escuelas y en general a todo el sistema educativo, con principios de inclusión y equidad, dando prioridad a las niñas y niños en edad temprana, a las mujeres y mujeres indígenas y a las personas jóvenes y adultas, sobre todo de la tercera edad.
A partir de un reconocimiento crítico, hoy en día podemos afirmar que, desde hace varias décadas aprendimos a vivir en o con la pobreza educativa, es decir, normalizamos este estilo de vida sobre la base de que nos acostumbrarnos ante la frase de “no hay recursos o no hay dinero”, “vivimos dentro de la austeridad republicana”, “seguimos en medio de la crisis económica” y un largo etcétera.
En una declaratoria pública, la cual firman María Guadalupe Ramos y Laura Nereida Plascencia, dicen que:

“Es importante hacer real y efectivo el compromiso por el derecho a la educación que garantice un sistema de financiamiento que tenga como eje fundamental la decolonialidad. En este sentido, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), hace énfasis de que en América Latina y el Caribe se pagaron alrededor de 95 mil millones de dólares en servicios de deuda en el año 2020, por lo que la deuda se convierte en una trampa colonizadora que contribuye a la desigualdad y a la violencia” (https://redclade.org/artigos/decolonizacion-del-financiamiento-educativo-con-perspectiva-de-genero-y-enfoque-interseccional/).

Las escuelas todas o casi todas y los docentes junto con los directores de todos los niveles educativos, hemos aprendido a trabajar con la carencia de recursos financieros como una constante. Y algunas familias o las personas que pueden hacerlo prefieren pagar por un servicio que según la Constitución debiera ser gratuito para todos.
El financiamiento lo podríamos definir como la distribución de recursos monetarios y materiales que pudieran y debieran llegar directamente a las escuelas para garantizar un buen servicio o condiciones dignas del servicio educativo. Pero, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, se han hecho “pichicatos” y no han querido aportar o lo hacen con cantidades mínimas.
Hace algunos años se decidió a través de un cambio en la ley, que las escuelas de nuestro país gozarían de un presupuesto directo (inversión en líquido). Es decir, con dinero en efectivo, esto nunca pasó, los recursos llegan en especie, ya sea material para llevar a cabo obras de reparación o, incluso apoyos para la ampliación de las escuelas.
Podemos decir que un poco más del 70 por ciento de las escuelas del país tienen daños de diversa índole en la parte física o estructural, tanto las reparaciones como el mantenimiento de las mismas recae en los padres de familia como una tarea más a la que deben abocarse.
¿Quién puede obligar al Estado a que cumpla con su compromiso de financiamiento? Es la sociedad y más la sociedad organizada que ha aprendido a asumir un protagonismo cívico y sabe pedir y exigir para que se cumpla dicho principio de gratuidad. Pero en este rubro, la respuesta sigue siendo la misma “no hay dinero”.
El financiamiento es un derecho público y el compromiso social es invertir en mejoras que se traduzcan e impacten en un mejor servicio educativo. Sin embrago, nuestro país sigue teniendo grandes déficits en este rubro, al interior de la SEP se sabe que hay dinero que viene etiquetado y que se desvía a otros fines, hay recursos que nunca llegan a su destino y sirven para hacer más grande el ahorro o la riqueza de muchos funcionarios públicos.
En el estado de Jalisco no conozco casos de vías o mecanismos de financiamiento directo a alguna escuela en la entidad que haya sido beneficiada a partir de la inversión por parte del gobierno local.
Así como la atención educativa, el financiamiento educativo es un derecho legítimo, que no siempre se cumple. Habría que romper el círculo vicioso de que la educación de un país pobre debe ser rigurosamente pobre. Si bien no estamos en un contexto de opulencia que nos lleve a despilfarrar o gastar a partir de que todo es gratis. Estamos sí, en condiciones de pensar en términos del compromiso social que se ha asumido, ¿cuánto cuenta gastar en educación?, y dentro de ello ¿cuál será el mejor de los mecanismos que nos ayude a cambiar para mejorar?
Tener una estrategia de financiamiento claro y transparente que mire a las áreas más pobres y, por lo tanto, más necesitados, ello serviría para hacer congruentes los principios de equidad e inclusión. Me parece que la estrategia de becas para los usuarios no es lo más adecuado, porque dichos recursos se pierden en rubros que no están asociados con el estudio, la permanencia y la trayectoria escolar. Habría que buscar mejores mecanismos para la distribución de los recursos públicos y ello se reduce a la corrupción, lo cual limita a los funcionarios que cumplan con sus funciones y compromisos de gobierno. En fin, en este rubro hay mucho por hacer, iniciemos por la transparencia y el destino real de los recursos destinados al gasto educativo.

*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, Unidad 141. [email protected]