De justicia y utopias

Rubén Zatarain Mendoza*

El aroma de las flores de cempasúchil todavía inunda el olfato y las ofrendas en los altares traen una vez más a memoria los seres queridos que han partido.
Algunos rindieron culto extraño a la santa muerte en esa especie de sincretismo que sustituye la imagen de justicia con venda y balanza.
Los estadounidenses definen la presidencia, mientras hay un memorial colectivo en Palacio Nacional para quienes han perdido la vida en la pandemia.
Los jaliscienses, su isla y su vida cotidiana se marcan por el botón de emergencia, incluyendo en su inicio la incomunicación y desorganización que provocó la crisis de movilidad y la molestia de muchos ciudadanos.
Mientras, la luna llena se retira y emerge como tema omnipresente de Día de Muertos y pandemia la justicia en territorio nacional, como utopía inalcanzable.
En días de santos inocentes, muertos y Halloween otra vez la inerte justicia: el 68, Ayotzinapa, las muertas de Juárez, las fosas clandestinas en Jalisco y Guanajuato, los desaparecidos, el cementerio de expedientes, etcétera.
Una manta que pende de un puente frente al CECATI 7 en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Colón de la ciudad de Guadalajara, clama justicia para Miss Sonia, una educadora acusada de abuso sexual de un pequeño de seis años con Síndrome de Down. Por la inconsistencia de las pruebas y por ausencia de respeto al debido proceso hasta el 30 de octubre este parece ser un caso de injusticia.
Cuando hay injusticia alguien y su familia sufren.
El sistema penal y sus códigos tantas veces reformados sigue teniendo debilidades y a la inverosimilitud de sus medios de coacción hay que agregarle el manejo político y mediático de algunos casos; el oficio de la abogacía lejano a la deontología aprendida en la facultad de leyes.
La justicia mediática y simulada para justificar crecientes presupuestos es la peor forma de injusticia.
Mientras no exista auténtica justicia social y económica habrá un claro subdesarrollo de las instituciones garantes de la justicia en la sociedad mexicana.
El sistema jurídico de la sociedad capitalista, siguiendo al teórico de las superestructuras Antonio Gramsci, es garante del estado de cosas y su “legalidad” se sustenta en el uso de la fuerza y las instituciones por el Estado. Justicia manoseada para quienes menos tienen.
Tal es el caso de la sociedad mexicana en donde la praxis normativa es imperfecta. Praxis legal de una estructura política y económica que genera una baja calidad de convivencia para las mayorías.
Los binomios justicia-corrupción, justicia-impunidad, son líneas de trabajo urgentes.
Es parte del círculo no virtuoso en el que devienen muchos de los casos y muchos de los procesos que engrosan los expedientes en los juzgados federales y estatales.
Hay un gran problema social implícito en el tema general de la impartición de justicia como refieren especialistas del medio y profesionales de otras disciplinas concurrentes.
Nos movemos lento, las normas e instituciones involucionan en muchos de los temas en los que hay exigencia ciudadana y sed de justicia.
El cambio político en las entidades federativas y la esperanza de la sociedad de que el mismo sea factor para renovar las prácticas jurídicas, se transforma muy pronto en decepción.
Hay un impasse democrático, la mejora gubernamental imaginaria y propagandística en la impartición de justicia es ya sintomática.
Hay una percepción social de que los gobernadores, que a veces emergen de las aguas poco transparentes de las instituciones relacionadas con la impartición de justicia, utilizan una política de dejar hacer y dejar pasar en esas áreas.
A veces instituciones y personas son instrumentos para ajuste de cuentas políticas de espíritus verticales no dialógicos y obesas avaricias de padecimiento crónico.
Existe un auténtico problema de cultura de la legalidad, de impartición de justicia, de credibilidad en las instituciones, hay una percepción de que hay estancamiento en el tema de la seguridad.
Hay mucha distancia de los contenidos de las clases de Formación Cívica y Ética en las instituciones escolares con respecto a la página roja de los medios informativos de todos los días.
Más seguridad es el clamor de los grupos de la sociedad civil organizados y de algunas banderas y pancartas que escriben consignas en sus marchas.
Procurar más seguridad es la retórica falsa de políticos emergentes cada temporada de elecciones. Datos y cifras que tendrían que ser evaluación objetiva de sus gestiones.
Las formas como se imparte la justicia son indicativas de la salud institucional de la sociedad, hay mucha necesidad de renovación de equipos y procedimientos, de hacer más transparencia en la aplicación de las leyes.
Los aparatos de justicia no gozan de la confianza necesaria y su descrédito ha crecido progresivamente en el marco de la pandemia.
La cultura de la legalidad en la práctica social da un paso atrás en la cortina de humo de simulación gubernamental en los meses de pandemia.
Es cierto. Nadie discute que la salud y la vida de los jaliscienses son prioridad, pero eso no significa desatender la integralidad del acto de gobernar.
Muchos profesionales de la abogacía se quejan de los juzgados cerrados o de la movilidad de los equipos laborales en los tribunales u oficinas. En algunos casos se afirma que sólo se atiende al diez por ciento de la capacidad.
El retroceso en la solución de la problemática legal tiene un costo enorme en materia económica y social. En todos los campos del derecho hay rezago y la ausencia de personal, la movilidad de los equipos laborales se constituyen en obstáculos para que el sistema legal atienda de manera oportuna.
Siete meses y medio de inmovilidad de las áreas de justicia es ya problemático. Hay una especie de indefensión, de inmovilismo, de discontinuidad de procesos que agravan el ya existente rezago.
Existe la percepción de que la impartición expedita de justicia, que además de ser un derecho que debieran tener sin regateos los ciudadanos es parte del drama.
No hay impartición expedita de justicia y el camino hacia ella es tortuoso y deshumanizado.
Pérdida de tiempo y recursos económicos abundantes como parte de los costos, además del enorme desencanto social en la percepción de seguridad.
Los casos recientes de las elecciones en Coahuila e Hidalgo cuya transparencia y legitimidad han sido objetados es un botón de muestra de la frágil democracia y de la impunidad en la que operan los grupos delincuenciales en la coacción del voto; es un ejemplo igual de los delincuentes electorales que operan bajo el amparo de un partido político, de un gobernador.
La modificación de los códigos penales para acotar cada vez más las libertades ciudadanas y atender temas de hipersensibilidad social con criterios jurídicos contrarios a la regulación del comportamiento saludable de las personas como es el caso de Miss Sonia, quién ha sido detenida con obvia manipulación del debido proceso y con un criterio claramente subjetivo de quienes operaron su detención.
Cuatro apuntes finales para cerrar esta colaboración de un tema siempre abierto:

1. La justicia como mercancía, el libre mercado en el que devienen las compras y las ventas de los asuntos, de los servicios profesionales de abogados y jueces. El fértil tema de la corrupción en este campo.
2. La hiperpolitización del sector. La forma como operan las instituciones y los juzgados. El dedo flamígero de la clase gobernante que sin pudor ofrece para algunos un estado de derecho fantasmal y obscuro.
3. La insaciable hambre de amarillismo de los medios de comunicación que a manera de tribunales de la inquisición prenden fuego a personas y alimentan el morbo colectivo al entregar nombres y cabezas; una sociedad de barandilla conservadora presta a juzgar al otro.
4. La mano invisible, los intereses obscuros que mueven, simulan y condicionan voluntades; que participan veladamente al interior de las instituciones jurídicas, políticas y sistemas penitenciarios.

*Doctor en educación. Profesor normalista de educación básica. zatarainr@hotmail.com