Autonomía
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
Antes de que los seres humanos comiencen a desplazarse y procurarse el sustento por sí mismos, suelen transcurrir semanas y meses de dependencia de las otras personas de su entorno. El desarrollo de las capacidades de movilidad y las habilidades sociales inciden en la posibilidad de solicitar ayuda y de retroalimentar a quienes la pueden aportar. Los adultos en los espacios en que coinciden los vástagos con los ancestros pasan por un periodo de aprendizaje respecto a horarios, necesidades, expresiones de incomodidad o de satisfacción de cada recién nacido. Ni los bebés nacen sabiendo (aunque sí comienzan a sentir y a identificar cómo sus reacciones se convierten en estímulos para una cadena de acciones), ni los adultos del entorno conocen los códigos específicos de cada nuevo retoño. Por lo que comienzan a registrarse, memorizarse, interpretarse una serie de gestos, sonidos, movimientos, olores, de parte de bebés y de adultos. Conforme transcurre el tiempo, ambas partes comienzan a identificar cuándo requieren (o no) de la cercanía de la otra persona para ayudar con distintas necesidades y deseos. Moverse de un lugar a otro, en los primeros meses de vida, es de las acciones que requieren más apoyo, aunque, pasadas unas semanas o meses, los bebés comienzan a desplazarse por sí mismos y los adultos se alarman por la ampliación de los espacios en que sus cuidados resultan necesarios. Evitar que caigan, que tomen objetos peligrosos, vigilar qué se llevan a la boca para percibir sus características. Tras algunas experiencias duras, amargas, placenteras, sorpresivas, cada humano comienza a discriminar entre lo que buscará y lo que evitará.
En realidad, cada uno de los seres humanos tenemos un determinado grado de autonomía, la que nunca llega a ser absoluta. Emanciparnos de nuestros progenitores y de nuestros ancestros es un proceso que implica que aprendamos a resolver nuestras necesidades e interdependencias con un círculo más amplio de personas. Llegaremos a manejarnos con determinados márgenes de autonomía respecto a nuestros primeros cuidadores para comenzar a aprender nuevas habilidades sociales que nos ayudarán a proponer intercambios, negociaciones, interdependencias en otros contextos. Del contexto de los progenitores pasamos al mundo más ancho de las familias, las escuelas, las instituciones, las empresas, las burocracias, los grupos de amigos, las interacciones en otros espacios menos conocidos. Aunque, por lo general, casi cualquier proceso que emprendamos requerirá algún aprendizaje que suele ser mediado por alguna interacción social: la regla es ésta, se hace así, nunca hagas esto, siempre asegúrate de eso otro… En el otro extremo de la vida, como bien sabemos, iremos perdiendo autonomía y requeriremos apoyos para procurarnos el sustento, movernos en el barrio y en el espacio de la vivienda. Tras un clímax de autonomía, es probable que caigamos en un anticlímax en el grado de autonomía respecto a nuestros contemporáneos, a quienes podremos apoyar menos y de quienes dependeremos más para resolver nuestra sobrevivencia.
Por parafrasear a don Benito, bien podemos afirmar que “entre los individuos como entre las instituciones”, la autonomía implica respetar los límites ajenos. De tal modo, la pregunta de ¿hasta dónde alcanza la autonomía institucional?, se plantea cada vez que se piensa en los márgenes de acción que tienen determinados actores dentro de determinados marcos. Para definir y delimitar esas acciones posibles (y las que se conciben como prohibidas), existen reglamentos, acuerdos respecto a qué grado de decisión respecto a los recursos, los espacios y los subordinados y superiores en las jerarquías de cada organización. Específicamente, preguntarse respecto a la autonomía universitaria suele derivar en algunas posturas que señalan 1) que quienes financian las universidades poco tienen que opinar respecto a cómo se administran los recursos; o 2) que quienes permiten y promueven la existencia de las instituciones de educación tienen la obligación de expresar su parecer respecto a cómo se manejan los recursos, los procesos, las declaraciones, los acuerdos, de esas instituciones.
Mientras que hay quienes se ajustan a la primera postura con el lema de “ya eligieron, ahora yo mando y decido”, hay una tendencia a que quienes aportan los recursos (sean empresarios, un comité de sabios, una representación ciudadana) expresen sus opiniones y señalen que determinadas instituciones deben ajustarse a determinados principios y valores. En buena medida, la autonomía universitaria oscila entre estas dos posturas, lo que lleva a la cuestión del grado de autonomía que se le puede dar a quienes actúan dentro de las instituciones. ¿Se pueden proponer cursos y currículos de cualquier tema o especialidad, o estos estarán limitados por determinada característica definida en la creación de la institución? ¿Qué se requiere para ampliar el alcance de la institución respecto a las especialidades en las que forma a sus estudiantes? ¿Qué perfiles son deseables y cuáles deleznables para la planta docente y directiva? (https://www.puees.unam.mx/curso2022/materiales/Sesion8/Rodriguez2019_AutonomiaUniversitaria.pdf).
El tema de la rendición de cuentas es uno de los puntos neurálgicos en la definición de los límites de la autonomía universitaria: ¿deben las autoridades informar de sus intenciones respecto al uso que se les dará a los recursos de la institución? Tanto para las instituciones públicas como para las privadas, hay quien señala que no TODO lo que se haga o se proyecte realizar debe ser informado a quienes aportaron recursos para el funcionamiento de la institución educativa. Aunque hay algunos que estarán gustosos de recibir algunas sorpresas, seguramente hay otros que no aceptarán que se utilicen los recursos de determinadas maneras sin haber consultado y conseguido el consenso (tras una sesuda discusión) para la aplicación de dineros, tiempos, personal, espacios, compases de espera, planes, de parte de los “accionistas” (shareholders, anglifican algunos) o de los contribuyentes cuyos impuestos sirven para dotar de dineros públicos a las instituciones de educación.
Se trata de una discusión que está lejos de resolverse. Hay quien señala que bastará con que, en determinada sesión del Consejo Universitario, se autoricen los gastos y las orientaciones de la universidad, para que jamás nadie deba señalar que no se han rendido cuentas suficientes. Empero, hay quienes se inclinan por medidas a través de las cuales estén informados no sólo quienes contribuyen con sus dineros, sino también con sus esfuerzos como docentes, como estudiantes y como trabajadores en otros ámbitos sustantivos de la educación. Aunque el tema de los dineros es el más notable, quedan por resolver algunos rubros respecto a la rendición de cuentas asociada con la autonomía de las instituciones: ¿en qué condiciones se realiza el trabajo? ¿Qué pasa con los egresados y con los procesos asociados a la formación, la titulación, la capacitación para el trabajo? ¿Qué cuentas podemos dar a los miembros de las instituciones y a las sociedades que las financian respecto a los procesos asociados con la administración de recursos de las universidades?
Si informar respecto a qué se hizo con cada peso y centavo del presupuesto de gastos puede ser importante, el pretexto de la autonomía para negar la información o para no procurar la investigación respecto a la eficacia y la eficiencia de los esfuerzos de quienes participan en la educación superior no alcanza para negar una responsabilidad con los contribuyentes y los “accionistas” que proporcionan recursos con la intención de apoyar determinados proyectos. Si se puede informar: “Gastamos tantos dineros en construir tales aulas y dotarlas de equipos”, faltará también señalar que la autonomía (siempre relativa) requiere que también se informe, a propios y a extraños, en qué gastamos nuestro tiempo y el tiempo de quienes quedaron a nuestro cargo para salir como profesionistas y especialistas en determinados campos de la actividad humana.
*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. rmoranq@gmail.com