A las pruebas me remito o la Ley Tere

Graciela Soto Martínez*

A los maestros, cuando caen en desgracia por una difamación o son presuntos, como a Jesús, primero los crucifican y después averiguan qué fue lo que pasó.
Ya habíamos denunciado la injusticia de los Protocolos de Actuación y Perversión; con ligereza se aceptan las denuncias de personas que emiten su dicho, sin pruebas, con inconsistencias, ante una autoridad educativa o civil como es el Órgano de Control, las Visitadurías de Derechos Humanos y la Fiscalía. Sin filtros, con la sola denuncia y uno que otro indicador general o específico, y en las mismas escuelas tienen que activar el protocolo y nos convierten en los ejecutores de una ley inhumana y mal hecha. Hay demasiado sesgo en las denuncias orales en las que no se presentan pruebas.
También se ha observado que parece que a esta gente que denuncia o difama a alguien les ayuda algún poderoso que está atrás, oculto, como si les asesoraran o informaran de qué hacer para ir en contra. Pueden ser otros maestros; cual Judas, te entregan; o funcionarios que, sin tener un conocimiento real de los hechos, se van con la versión del que cuenta. Las más de las veces no hay testigos, es un testimonio oral que no se puede probar, son testigos de oídas; eso debería anular su testimonio.
Le ha pasado a muchos, a Tere, María, Rosalía, Lorena, Sarahí, a Juan Carlos y a más, larga lista; ellos han sido señalados por algún hecho que va desde la negligencia, discriminación, la falta de responsabilidad profesional y ética, hasta el abuso o la violación. Ser presunto implica que ya la sociedad te hizo picadillo y no importa que otros hablen a tu favor; ya se está tirando basura y lo que es peor, queda asentado en redes, en corredores, también en las instancias de los supuestos vigilantes de la ley. Los medios de comunicación se prestan a poner notas amarillas antes de probar la veracidad de los hechos; la noticia vende.
Mi dicho contra tu dicho, pero como el que acusa primero ya dejó constancia, así se da trámite a la denuncia. Les cuento el caso de “María”, nombre que utilizo para proteger la privacidad de la docente. Fue porque la menor se cayó de un juego, al que se subió sin atender indicaciones de su maestra, la cual estaba con otros 30 niños. Se le asistió de inmediato por la docente y la directora, presentó un chichón, se le avisó inmediatamente a su mamá y se le explicó la situación, se llenaron las bitácoras. Por la tarde, sus familiares la medican con un analgésico, la niña se duerme y vomita, poniéndose mal. Acuden a servicios de urgencias y la tienen que dejar hospitalizada para hacerle estudios. El equipo de esta escuela: docente, directora, supervisora lamentan los hechos, se comunican, ofrecen apoyo. La madre las acusa de negligentes, señala que tiene seguro de gastos médicos, deja de contestar mensajes y llamadas. La niña es dada de alta y no presenta secuelas de este accidente; después de poco tiempo, asiste nuevamente a la escuela.
El tema en el Órgano de Control iba lento; ahí se turnó primero la queja. Se supo que la mamá de la niña llamaba insistentemente para acusar y presionar. Claro que nadie esperaba meses después la cita en un Juzgado de Distrito con una denuncia penal; esto derivó en una mediación en la que le sacaron dinero a “María”. No fue poco, para su sueldo del cual vive. Lo que he narrado es parte de un expediente que un abogado particular pudo obtener y, aun con pruebas contundentes como que no hubo citas o avisos previos, tampoco desahogo de pruebas, los testigos fueron solo los familiares, el papá, la mamá, aun así, procedió. Por el costo de abogados particulares se decidió por uno de oficio, pero este sabía que lo que la familia quería era dinero, la reparación del daño le llaman; ni se molestó en leer el expediente. Los parientes buscan lucrar con la tragedia, no la mayor seguridad de los niños.
¿Quién ayudó a María? Fue en su zona escolar; las compañeras intentaron extender su mano, no hubo ayuda de la autoridad educativa superior. Eran tiempos de elecciones; en el sindicato se argumentó que ellos no se involucran en denuncias penales que se hacen en lo particular. Yo siempre expresé que a “María” no la habían acusado por algo que ella haya hecho como ciudadana; su pecado era ser la maestra de una niña en la que hay que trabajar los límites y que tuvo un accidente en los juegos.
Es sabido que muchos papás, cuando pasa una situación semejante, lo que buscan es dinero. Ponen alta la tarifa y así se sienten mejor. Otro punto que solicitan es que corran o cambien a la maestra o a la directora, a quien se deje. Las autoridades educativas y civiles los han dejado meterse en las entrañas de nuestros nombramientos, en lo más profundo de los derechos de los maestros. Nos dejan expuestos, como radiografías o esqueletos ante personas que están enojadas, no solo con nosotros, sino con un sistema social que los ha excluido y que en esta circunstancia les presta atención.
En el caso de la maestra Tere de Querétaro, que fue directo a la cárcel por supuesto maltrato infantil, aunque en la exposición del caso se menciona que las madres estaban molestas por sus continuas inasistencias debido a un problema de salud, que estuvo ausentándose con licencias médicas, esto causo la inconformidad, había una mamá que lideró a otras que se sumaron, y así construyeron un caso de maltrato infantil, además tenía ciertos vínculos con alguien de la fiscalía, que hizo más expedita la detención, esto se ha difundido por las redes sociales causando gran indignación, nos ha dado la oportunidad de visibilizar la vulnerabilidad en la que se encuentra el maestro y cualquier trabajador de la educación. Pero insisto, no hay que ir lejos; en cada nivel educativo y en zonas escolares, este año se está viviendo este fenómeno de descrédito y empoderamiento de los padres y madres que, por diferentes causas, buscan dañar a los maestros más que proteger a la niñez y procurar su bienestar.
Tengo una amplia narrativa de casos; llenaría un libro. Este año escolar ha sido desgastante y muy difícil para todos los que han estado involucrados en estos temas. Se han derrumbado los sueños, el gusto por trabajar. María se puso mal y tuvo que ser atendida en cirugía; no ha podido recuperarse física ni emocionalmente. Tampoco hay apoyo psicológico para estos casos; la más de las veces hay que dejar todo el proyecto educativo de lado, la lectura, los planes de estudio, los libros de texto y volcarse al caso, sea de día o de noche. Se vive el síndrome de burnout en su grado más alto.
Ahora lamento que dañen a otra persona que se ha caracterizado por su trabajo y colaboración, por su liderazgo, que ha sido cercano y fraterno. No se vale que una trayectoria, una vida dedicada a la educación, se enturbie por enemigos políticos o sociales; espero que todo se aclare y a las pruebas se remita. Recordemos que todos estamos expuestos y a cualquiera nos pueden acusar, sea cual sea nuestra función. Es tiempo de proponer leyes más justas y protectoras de los trabajadores de la educación. SÍ A LA LEY TERE. Sumemos las voces y turnemos las propuestas a donde corresponda.

*Doctora en Educación. Jefa de Sector Federal Preescolar. [email protected]