El proceso de privatización de la escuela pública versus la defensa de la escuela del pueblo

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

La llegada de empresarios a las instancias de gobierno, junto con la llegada de empresarios a administrar las instituciones educativas (como sucede actualmente), da cuenta de que los servicios sociales se han entendido como mercancías que dejan ganancia. Así está pasando actualmente en la educación pública en el estado de Jalisco.
El proceso de privatización de la educación pública es como la humedad; se va filtrando poco a poco sin que nos demos cuenta y, al final, cuando nos damos cuenta, es cuando sabemos que todo lo tenemos perdido.
El proceso de privatización de la educación pública consiste en trasladar hacia el libre mercado lo que tiene que ver con el servicio educativo. Para ello es importante destacar que dicho proceso se lleva a cabo de manera velada o encubierta. Ahí mismo se reconoce que gran parte de la actual cúpula gobernante del gobierno de Jalisco está integrada por empresarios que fracasaron en sus negocios de origen y se han refugiado en la administración pública a partir de entender la lógica del negocio y para seguir engañando a los ciudadanos.
De esta manera, el modelo educativo por el que han optado es aquel que está relacionado con concebir las tareas de la educación como una gran empresa. De ahí que se privilegie a las universidades privadas y se realicen convenios con instituciones de muy poco reconocimiento académico, pero que ofrecen garantías de sacar provecho del negocio y tener ganancias aseguradas.
Pudiéramos afirmar que la educación pública vive un lento, pero seguro proceso de privatización; ¿cómo pudiéramos probar dicha afirmación? Desafortunadamente, no contamos con pruebas a la mano que sirvan para demostrar dicho proceso (porque son muy cuidadosos de ello).
Privatizar la educación no se reduce a vender algo, sino a montar un complejo aparato y escaparate, en donde a la educación se le ve como negocio y como un buen negocio. En la educación que se inclina por la privatización, se privilegia el formar potenciales consumidores acríticos y callados que no sean capaces de alzar la voz o de que aprendan a protestar y cuestionar.
Sin embargo, existe dentro del sistema educativo un ideal y un deseo de que las instituciones funcionen de la mejor manera con altos estándares de calidad, pero para lograr eso no se destinan recursos gubernamentales, sino que el recurso deberá venir de los propios padres de familia.
De esta manera aparece una primera paradoja: “Para que las escuelas funcionen bien, se deberá pagar por ellas”, y junto a ello, los jóvenes que tienen mejores posibilidades de estudio es debido a que cuentan con recursos para pagar por su educación.
El proceso de privatización de la educación pública es un proceso complejo, el cual se da en dos planos:

a) Como un proceso que tiende a incidir en la orientación de los contenidos de estudio, a partir de justificar una sociedad en donde deberá entenderse como algo normal la división de clases y que los pobres deberán incorporarse como trabajadores asalariados al servicio del capital.
b) Existe una tendencia de hacer que la educación se convierta en negocio y sirva a los intereses del libre mercado. Ahí, al ocupar puestos públicos, se trata de hacer que la educación se convierta en negocio privado y lo más paradójico del asunto es que el propio sindicato de maestros entra a este juego al lucrar con las necesidades de formación de sus representados, al promocionar programas de posgrado para que las y los docentes tengan que pagar y aceptar el ingreso de instituciones de dudosa solvencia académica, pero que les dará un reconocimiento que les ayude en su carrera y proceso profesional. Obviamente, todo esto tiene un costo que beneficia de igual manera a los dirigentes sindicales al permitir todo ello.

De esta manera existe una bisagra privatizadora; al hacer que la educación se convierta en mercancía y sirva para venderla al mejor postor, es obvio que los pobres no pueden pagar por ningún tipo de servicio; a ellos les tocará la parte más baja y deficiente del servicio educativo; serán solo las capas medias y el selecto grupo de gente acomodada quienes podrán pagar el servicio educativo a partir de acomodarse en algún espacio de la oferta académica que se abre con un amplio abanico de posibilidades para elegir.
En ello, tanto el gobierno de la 4T como los gobiernos estatales han hecho muy poco para evitar esta tendencia. Al asumir de facto la educación como mercancía, se está violentando el principio social del tercero constitucional y se permite también que la educación circule bajo las reglas del libre mercado. Como dijo un exsecretario de educación: “Quien quiera una educación de muy buena calidad que pague por ella”. Con ello tenemos que la escuela pública renuncia a su cometido de ofrecer condiciones dignas y de alta calidad para formar a los futuros ciudadanos de este país. Es necesario defender la escuela pública y detener el proceso de privatización de manera congruente, ¿cómo? Luchando porque las estructuras de gobierno estén al servicio de los ciudadanos y no de los empresarios.

*Doctor en Educación. Profesor-investigador de la UPN Guadalajara, Unidad 141. safimel04@gmail.com