¿Autonomía para decidir o acatar órdenes?: cómo resolver problemas

Marco Antonio González Villa*

Pareciera ser que la falta de autonomía escolar empieza volverse un problema social a nivel nacional: centrándonos específicamente en el nivel escolar de secundaria y en el Medio Superior, que abarca básicamente a la adolescencia, han mostrado un incremento en la presencia de violencia y en el consumo de drogas de forma considerable, lo que hace imposible ignorarlos, minimizarlos o no buscar alternativas de solución para erradicar dichos problemas.
Teniendo claro que tales fenómenos sociales tienen un carácter multifactorial, por el tipo de población de la que hablamos, es un hecho que la ausencia física o psicológica de una o ambas figuras parentales es uno de sus principales determinantes y cada escuela puede encontrar elementos o información que permiten constatar esta información; ¿cómo no podría darse cuenta un padre o una madre que su hijo consume sustancias inadecuadas? Solamente permitiéndolo, ignorándolo, minimizándolo o por una falta de interacción, teniendo y asignando cualquiera de estas posibilidades un alto grado de responsabilidad.
Por otro lado, prácticamente en todas las escuelas de estos niveles educativos, el reglamento interno o incluso en el del subsistema al que se pertenece, establecen que los actos de violencia, agresión física o el consumo de drogas al interior de las escuelas implica baja definitiva de la institución, lo cual parece, en términos académicos o de responsabilidad lo más adecuado por el riesgo que generan y el daño que se causan a sí mismos y a otros miembros de la comunidad. Parecer fácil la decisión, pero aquí empieza el problema.
Sancionar a un o una estudiante siempre estará determinado y fundamentado en los reglamentos que rijan el comportamiento al interior de las escuelas, sin embargo, cada vez más se está suscitando que el padre y/o madre de alguien que no respetó el reglamento, y tampoco a la escuela, a cada docente y/o a sus pares, acude con autoridades por encima de la escuela a solicitar, incluso a exigir que las sanciones no afecten la vida académica de sus hijos o hijas, pese al daño que pudieron haber causado a otras personas o a la imagen de la misma institución educativa.
Cuando una autoridad avala y respeta la decisión de una escuela tomada de forma autónoma, pero con fundamento, la disciplina se fortalece y se establece un ejemplo para todas las demás personas de la comunidad estudiantil; pero ¿afecta en algo a la escuela que alguna autoridad ignore la sanción impuesta y ordene que se perdone o se sancione de una forma menor al estudiante infractor? La respuesta es sí, mucho, al menos en tres posibilidades: 1) se fomenta la impunidad y se refuerza la conducta inadecuada, porque el mensaje para cada estudiante es que puede fallar al reglamento en faltas graves y tendrá una sanción menor; 2) se descalifica a la escuela, a sus autoridades y a cada docente que estuvo implicado en la simple aplicación del reglamento, lo que minimiza y desvaloriza su imagen ante toda la comunidad; y 3) de la mano con el punto anterior, se empodera a padres y madres lo que puede derivar en cuestionamientos, descalificaciones y agresiones verbales directas a directivos y docentes de una escuela.
¿Quién es entonces responsable de que el fenómeno siga en aumento? Cuando las escuelas disponen de autonomía, prácticamente cada estudiante es responsable de su actuar y es consciente de la sanción que merece por su decisión tomada; cuando la escuela obedece órdenes, la autoridad que decide es la responsable tanto del estudiante como de las acciones derivadas de su decisión.
Es claro que no se da siempre está causalidad, pero aquellos que hemos vivido en una escuela que acata órdenes tenemos una sensación de abandono y descalificación constante. Que cada uno decida entonces qué opción es mejor, en lo particular me inclino por la autonomía ¿usted?

*Doctor en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. [email protected]