Violencia, confusión y silencio, al estilo Jalisco

José Moisés Aguayo Álvarez*

Me gustas cuando callas, porque estás como inerme.

J.M. Aguayo, parafraseando a Neruda.

El reciente operativo policiaco en la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco, debe generar una profunda preocupación en la sociedad jalisciense. La irrupción violenta de elementos de la Policía Estatal fuertemente armados y sin una orden de cateo plantea serias dudas sobre la legalidad de la acción y la proporcionalidad del uso de la fuerza. Aún más inquietante es el absoluto silencio que han mantenido el gobernador del estado, Pablo Lemus, el titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes (haga un webinar sobre el asunto, señor Secretario) y no digamos de las secciones sindicales y sus dirigentes; ello deja en el aire múltiples interrogantes sobre la legitimidad del actuar de la autoridad y sobre las precauciones, previsiones y cálculos políticos —la línea, pues—.

La falta de cobertura mediática completa y la falta de pronunciamientos oficiales claros, exhaustivos o al menos promisorios de algún rigor jurídico dejan un velo de sospecha respecto de los entretelones en la trama de las acciones desplegadas. ¿Por qué se dieron las cosas como se dieron? ¿Cuál fue el contexto para direccionar y proporcionar la fuerza? ¿Quién dio la orden? ¿Así se ordena también el actuar contra la delincuencia organizada? ¿Así se opera también para detener a autoridades que coaccionan al personal a su cargo para el apoyo partidista en campaña? ¿Así se irrumpe también en los predios públicos privatizados? O las cosas no se hicieron bien y se está urdiendo la maquila de órdenes posfechadas, comunicaciones creadas, pruebas previas implantadas; o de plano esto solo ratifica que ante la Ley unos son más iguales que otros.

La información disponible sugiere que el detonante de la intervención policiaca fue la supuesta retención de tres autobuses por parte de los normalistas, en los cuales viajaban migrantes. Sin embargo, ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ni la empresa de autobuses afectada han presentado denuncias formales contra los estudiantes. Esto refuerza la percepción de que la respuesta de la Policía Estatal fue desproporcionada y carente de fundamento legal sólido.

Una peculiaridad importante en el caso, que esperemos que forme parte de la revisión jurídica, sobre todo si estriba en responsabilidades penales, tiene que ser el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente”, pues vale recordar que a diferencia de otras instituciones universitarias o de formación de docentes, la Escuela Normal Rural de Atequiza es un internado, por tanto, los estudiantes que se encuentren al interior del plantel no solo estudian en él, sino que habitan allí: es, literalmente, su casa. La entrada violenta de la Policía Estatal a la Normal Rural de Atequiza, sin una orden judicial que la respaldara, constituye una clara violación a este principio constitucional. Además, los testimonios de estudiantes denuncian disparos al aire, robo de pertenencias como computadoras, celulares y dinero en efectivo, lo que podría configurar delitos de abuso de autoridad y robo por parte de los elementos policiacos.

Resulta también alarmante la confirmación de que los estudiantes fueron sometidos de manera violenta: acostados en el patio de la escuela con las manos en la cabeza y bajo la amenaza de armas de grueso calibre. Esta situación recuerda episodios previos de represión a normalistas en el país, lo que aviva el temor de que la criminalización del movimiento normalista continúe siendo una práctica recurrente por parte del Estado.

El artículo 1º de la Constitución establece la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha minimizado los hechos, argumentando que no hubo violaciones a los derechos fundamentales de los estudiantes. Esta postura genera sospechas sobre la independencia y objetividad del organismo, que parece actuar más como un defensor del gobierno que como garante de los derechos ciudadanos.

Aunado a esto, el gobernador Pablo Lemus ha optado por el mutismo casi absoluto. La ausencia de una postura oficial sobre la razón de la incursión policiaca, las evidentes irregularidades en el procedimiento y el uso excesivo de la fuerza evidencian una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, la justificación a priori, que hizo el propio Lemus respecto del proceder de los elementos bajo su jurisdicción, apunta más bien al reconocimiento tácito de que la premura vino de su parte e ilustra el talante de mecha corta del gobernador. Si esto es así, tristemente, con seguridad lo descubriremos en el correr del sexenio. La narrativa oficial no ha sido esclarecida y las imágenes de los estudiantes sometidos en el suelo contrastan con el discurso gubernamental de respeto a los derechos humanos y la legalidad.

No es la primera vez que Jalisco se ve envuelto en episodios de represión y abuso de autoridad. La memoria colectiva guarda registros de hechos similares en los que la Policía Estatal ha actuado de manera arbitraria, criminalizando la protesta social y empleando la fuerza pública sin justificaciones suficientes. En este caso, la falta de una versión oficial y la ausencia de explicaciones robustas refuerzan la percepción de que el gobierno estatal busca minimizar el impacto de los hechos o incluso encubrir actuaciones indebidas de sus fuerzas de seguridad.

La comunidad normalista tiene una larga historia de lucha por el derecho a la educación pública y la defensa de su autonomía. La violencia institucional contra este sector no solo vulnera los derechos individuales de los estudiantes, sino que también atenta contra el derecho colectivo a una formación docente crítica y comprometida con la realidad social del país. Si bien, no se pueden defender a ultranza todos los despliegues del actuar del estudiantado, sí es posible una mínima contextualización causal y circunstancial para calcular la reactividad de la autoridad que sí porta armas y que sí está entrenada para someter.

Exigir una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables no debe ser sólo una demanda de los normalistas, sino una obligación de la sociedad en su conjunto. No debemos dejar que la impunidad en este caso sea la norma en Jalisco, y si hubiese deslinde de responsabilidades, es importante la vigilancia de que éstas se finquen en todas las partes que se dictaminen como responsables de vulneraciones, daños o prejuicios.

El gobierno de Pablo Lemus tiene la responsabilidad de responder con claridad a la ciudadanía. Cualquier omisión o encubrimiento solo reforzaría la idea de que en Jalisco se gobierna con la violencia antes de la mediación, con la confusión antes del esclarecimiento y con el silencio antes que con la frontalidad que amerita un asunto de tales proporciones. La legalidad y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier interés político o institucional.

*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria. [email protected]