Entonces, ¿tengo derecho?

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

En la página de Amnistía Internacional se denuncia que “Los gobiernos intentan dictar a quién podemos besar, a quién podemos amar, cómo debemos vestirnos, cuándo podemos tener hijos y cuántos podemos tener”. No obstante, habría que complementar esa afirmación con el reconocimiento de que son muchas las personas que ignoran que tienen derechos humanos, sexuales, a la información, a la educación. Lo que nos hace reflexionar acerca del muy escaso conocimiento que tenemos los habitantes de nuestro país, seamos ciudadanos o no (mayores de 18 años con derecho a votar y con la nacionalidad mexicana) de nuestras obligaciones y nuestros derechos. Lo que implica que tampoco somos conscientes de las obligaciones y los derechos de los demás.
Así, a veces creemos que las banquetas son de todos los demás, menos de nosotros, así que nos bajamos de ellas cuando las invaden los vehículos de motor o los puestos callejeros, sean fijos, semifijos o ambulantes. En ocasiones ignoramos que tenemos derecho a que los funcionarios de las instancias de gobiernos, incluidas las instituciones de educación, respondan nuestras solicitudes de información.
Hay quienes se sienten sin la posibilidad de pedir a sus padres la posibilidad de conseguir información en tono a los derechos que tienen como hijos; mientras que hay hijos que no responden a las obligaciones que tienen hacia sus mayores. ¿En qué medida son los miembros de la familia los que tienen esas obligaciones y en qué medida pueden ellos exigir, como representantes de algún pariente, que se respeten los derechos que el Estado y las instituciones tienen para con éste?
Aun cuando la ignorancia de determinadas leyes no nos exime de su cumplimiento, caemos en la ignorancia de nuestros derechos y solemos pasar por alto la posibilidad de exigirlos. No sabemos hasta dónde llegan nuestras obligaciones de ciudadanos, de mayores de edad, de visitantes, de estudiantes o de trabajadores. ¿En qué medida nuestras instituciones educativas pueden contribuir a hacer conscientes e informarnos de nuestros derechos y obligaciones? ¿De los derechos que podemos hacer valer y de las obligaciones que debemos de cumplir?
En buena medida, ni siquiera somos conscientes de los reglamentos que rigen nuestros comportamiento en la escuela. Así, no siempre saben los estudiantes a qué tienen derecho, por ejemplo, a revisión de examen en caso de inconformidad. Tampoco los profesores saben a ciencia o reglamento cierto a qué se obligan y a qué prestaciones se obliga la institución (pública o privada) al contratarlos.
No es cuestión de simple “educación cívica”, sino va más allá: la escuela puede y debe contribuir a nuestro entendimiento de los marcos jurídicos y las regulaciones que aplican para los estudiantes y los profesores, pero también para aquellas leyes y reglamentos que nos afectan como parte de una sociedad.
¿Cuántos de los estudiantes y maestros conocen el reglamento de la escuela? ¿Cuántos el reglamento de condóminos del lugar en donde viven? ¿Saben acaso qué reglas de comportamiento son las corrrectas en los espacios públicos y de movilidad? ¿Sabemos acaso cuándo alguien está faltando al respeto a nuestros derechos o nosotros a los de otras personas?

*Profesor del departamento de sociología del CUCSH de la UdeG. [email protected]