El nuevo poder judicial

Rubén Zatarain Mendoza*

La coyuntura de transformación que vive la sociedad mexicana es una oportunidad para seguir fortaleciendo la participación democrática y las instituciones que están en proceso de transformación.
Hace un año, los procesos de campaña para la elección federal de 2024 de la presidencia de la república, gobernadores, senadores, diputados y presidentes municipales generaban un debate público entusiasta que llevó a una participación ciudadana y al ejercicio cívico de muchos mexicanos y mexicanas.
En el ideal de una sociedad participativa que ejerce la ciudadanía crítica, el derecho al voto se ejerce con responsabilidad cívica de las mayorías; la sociedad, progresivamente, aunque no ausente de dificultades, se democratiza.
El primer ejercicio de voto popular para la elección de ministros, jueces y magistrados, para la renovación del poder judicial, tiene el mismo nivel de trascendencia histórica, aunque el pronóstico de asistencia ciudadana no tenga la misma expectativa de participación masiva que la elección de 2024.
En el proceso electoral extraordinario 2024-2025 se elegirán:

● Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
● Magistrados y magistradas del tribunal de Disciplina Judicial.
● Magistrados y magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
● Magistradas y magistrados de la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.
● Juezas y jueces de distrito.
● Magistrados y magistrados de circuito.

Aunque documentos como la Constitución son un texto mínimo de conocimiento de la división de poderes, los ciudadanos en general no tienen conocimiento de las funciones de las figuras a elegir, menos de los candidatos y trayectorias.
El INE, con la argumentación inicial del presupuesto y los propios procesos de reestructuración interna, ha tenido que formarse y capacitarse de manera acelerada para hacer frente al reto de organizar el proceso electoral.
Sus páginas digitales cumplen con las exigencias de orientación básica, incluyendo un simulador y acceso a las hojas de las trayectorias de los candidatos y candidatas, un mínimo de currículum vitae que dice poco a la gente alejada del mundo de la práctica de la justicia.
Más allá de las familias y personas con tradición en la abogacía, bufetes, despachos o notarías, más allá de las bibliotecas y de las facultades de Derecho, para el ciudadano común, hablar de jueces o abogados significa problemas, obscuridad y desfalco, significa saña e inestabilidad emocional.
Desde el código de Hammurabi, el derecho romano, el derecho de tradición francesa y norteamericana hasta el derecho mexicano de un poco más de dos siglos, en las aguas profundas de los litigios y los laudos, las historias humanas se tejen y verbos como ganar o perder resignifican las libertades y el amor o el odio a las instituciones benevolentes y manipulables ante el poder y la riqueza.
El debate del tema de la ley y la impartición de justicia no es asunto de aquellos o aquellas que eligieron la alternativa profesional del Derecho; es un asunto donde los mexicanos con mayoría de edad, derechos y obligaciones deben participar activa y asumir el reto histórico.
El asunto de la construcción de un Estado de derecho como alternativa al “Estado de chueco” es un asunto de importancia que compete a toda la sociedad y particularmente a aquellos mayores de 18 años.
El plan C, que es justo la renovación del poder que imparte justicia, emerge como consigna política en el sexenio pasado; se convierte ahora en una oportunidad para todos los ciudadanos que este domingo pueden y deben acudir a las urnas en sus secciones correspondientes.
Desde ese espacio tradicionalmente convertido en trinchera de los poderes fácticos y conservadores se bloqueaban asuntos centrales de interés nacional; se hacía surrealista el ideal de impartición de justicia rápida y expedita.
La última trinchera antagónica a la transformación resiste. Juega su propio juego simbólico leguleyo y se apropia del mensaje de comunicadores sociales que por consigna intentan sabotear la participación de la ciudadanía en tan histórico proceso.
Los turbios intereses de los dueños de los medios flotando en las transparentes aguas de una libertad de expresión raptada.
Las formas de impartición de justicia y sus actores privilegiados, a quienes el estado de cosas les ha dado para acumular riqueza y poder.
Las catacumbas de juzgados y tribunales y sus moradores, representados por caricaturistas osados, como ratones o cerdos dientudos, babeantes y trajeados.
A esos a los que cada proceso electoral les daba la oportunidad de pervertir la política y torcer decisiones ciudadanas.
Democracia y justicia, políticos y abogados: el olimpo invisible para el ciudadano común.
El icono de la justicia como balanza, Temis con cirugía e implantes, que blande desganada la espada; la dama de la justicia, ciega e imparcial, se extravía en los cerros de expedientes de los juzgados, cuyas fuerzas impulsoras van más allá de la Carta Magna y las leyes que de ella derivan.
Justicia reservada para pocos e injusticia socialmente distribuida para las mayorías desprotegidas de capacidad económica. Al fin, superestructura y creación humana de los vencedores.
Desde la mirada cruzada del poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión hay una práctica inconveniente social, económica y política que se urde en las distintas instancias del poder judicial.
El estado de involución y de secuestro de las instituciones se da en un clima casi generalizado de corrupción, en el cual los hacedores de la aplicación de las leyes proveen en vastedad ejemplos y contraejemplos.
La herencia neoliberal alejada del juarismo decimonónico: ministros, jueces y magistrados ricos en un pueblo cada vez más inseguro y pobre.
Las cárceles que vomitan el asco de una estructura de legalidad tramposa y comprada, las ciudades judiciales donde se van de paseo los valores universales.
El mal nacional, el costo para el desarrollo social de nuestro tercermundismo corrupto y corruptor.
Los bienes y riquezas nacionales al mejor postor y al amparo de la ley, los abogados en el gobierno, caros y saqueadores. Desde aquellos expresidentes Miguel Alemán y Enrique Peña Nieto, hasta el excandidato del PAN a la presidencia de la república Diego Fernández de Cevallos.
La colección de exgobernadores, los capos locales del fuero común que tuercen con impunidad la ley y hacen uso faccioso del poder conferido.
Los alcances y límites de un sexenio de gobierno con rostro de economía humanista y justicia social encontraron serios obstáculos en la cultura de aplicación de las leyes de un poder que, desde el supuesto marco de la ley, materializaba frases como que el que no tranza no avanza.
Laudos, amparos, jurisprudencias de sesgo visible configuraban la “guerra de papel” para dejar el estado de cosas del lado donde ganar o perder tenía acuerdo extrajudicial, precio o transacción.
La agenda de transformación del poder judicial es amplia.
El primer paso tendrá que darse este 1º de junio.
A votar informados. El tema del nuevo poder judicial que emane de las urnas en un ejercicio democrático es esperanzador, aunque claramente insuficiente.
La moderna ciudadanía mexicana está en una encrucijada importante y ante un gozne de cambio trascendental.
Defendamos y hagamos nuestro el reto de elegir el nuevo poder judicial.

*Doctor en Educación. Profesor normalista de educación básica. zatarainr@hotmail.com