Dónde están los niños y adolescentes que no van a la escuela
Jaime Navarro Saras*
Finalmente llegó el día, ayer 28 de marzo fue la fecha designada por la Mesa de Salud del gobierno de Jalisco para que toda la educación escolarizada que se imparte en la entidad vuelva a clases presenciales, a partir de este lunes se acaba la educación a distancia, los modelos híbridos, mixtos y cualquier otra forma de trabajo que no sea la de estar físicamente en los salones de clases.
Cabe señalar que muchas escuelas ya habían optado por la presencialidad casi en su totalidad desde principios del ciclo escolar vigente, algunas más lo hicieron a partir de enero de 2022, para éstas el anuncio del secretario de educación no fue ninguna novedad y continuarán tal como lo han hecho desde entonces.
A decir de la autoridad educativa, la respuesta de estudiantes que se presentaron ayer a las aulas fue positiva, el dato de un millón quinientos mil estudiantes reportados representa el 67.8% de la matrícula de los 2 millones 209 mil 940 que, según el Inegi, estuvieron inscritos durante el ciclo escolar 2020-2021.
Los más agradecidos con esta indicación de la autoridad educativa son los padres y tutores, ello significa que todo lo educativo volverá a recaer en los docentes y lo que se logre construir en las aulas y demás espacios escolares, lo cual, sin duda será un error y ello nos demostrará (con el tiempo) que la pandemia no dejó las lecciones necesarias para haberse dado cuenta que los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes no se pueden circunscribir solo a la escuela, sino a una visión más íntegra en dónde (por supuesto) están insertados los padres de familia y lo que los hogares enseñan a los estudiantes.
Lo realmente preocupante de estos tiempos tiene que ver con los índices de deserción y los números que presenta la SEJ, en una revisión al azar y por información de algunos directivos y docentes insertados en la educación pública, hay (por lo menos) entre un 10 y 15% de estudiantes que nadie sabe de ellos, aparecen en las listas de asistencia, pero no hay información o datos de porqué no asisten a las escuelas; se sabe de ese vacío gracias al sistema y control de datos implementado por la Secretaría el cual permite rastrear y dar seguimiento oportuno a cada caso.
Las medidas generadas por la autoridad educativa para intervenir en los temas del rezago y ausencia de estudiantes carecen de visión de Estado, lo cual no permite garantizar el Derecho a la Educación, con ello se demuestra que la Obligatoriedad es un discurso atractivo pero que está ausente de garantías legales que sancionen a quien o quienes incumplan con este mandato constitucional.
Está de más decir que el pragmatismo de las autoridades educativas contravienen los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Anexo 4 (generado en Educación Jalisco para los padres que solicitan la no presencia de sus hijos en las aulas) es por demás perverso, este formato de notificación deslinda a la SEJ de lo que pueda suceder con los estudiantes educativamente hablando, pone a lo padres de familia en una posición cómoda y al niño o adolescente en un riesgo real de rezago educativo y una posible exclusión del sistema escolar, contrario a ello, da todas las facilidades para que (si es que se cumplieran los requisitos mínimos para la evaluación de los solicitantes) los estudiantes podrán culminar el ciclo escolar sin dificultad ya que, además, los alumnos pueden regresar a las aulas cuando quieran y sin correr el riesgo de ser reprobados a pesar de que carezcan de los procesos educativos manifestados en los perfiles de egreso de cada grado escolar o nivel educativo.
Veremos en el corto, mediano y largo plazos si es que las medidas tomadas por las autoridades educativas (tanto estatales como federales) para enfrentar esta pandemia fueron las correctas, los resultados en las evaluaciones nos dirán qué tanto se respetaron los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes y, lo más importante, su derecho a la educación. El regreso a la presencialidad, si bien da tranquilidad a estudiantes y padres de familia, no es suficiente para lograr desarrollar los procesos educativos y mucho menos decir que con ello se cumple con el derecho a la educación, esto es más complejo y no basta dar cuentas alegres estadísticamente hablando, tarde que temprano lo veremos con esas generaciones cuando poco a poco se vayan convirtiendo en adultos y ciudadanos que tengan responsabilidades familiares y sociales, al tiempo.
*Editor de la Revista Educ@rnos. [email protected]