De coyunturas políticas y la academia como incubadora de la cultura crítica

José Moisés Aguayo Álvarez*

En los estertores del ciclo escolar 2017-2018, y de la gestión gubernamental en turno en el estado de Jalisco, quienes vivimos de cerca las vicisitudes derivadas de esta administración, en materia de educación, más que deplorar acrítica y catárticamente la situación por la que atraviesa el sistema educativo a nivel estatal en términos de organización; ya, a unos días de vislumbrar el giro de la veleta política, debemos estar en posición de presentar a la administración entrante, sea cual fuere, aunado a nuestro parte de guerra, nuestra lectura en torno a las situaciones que consideramos críticas para la optimización de las políticas públicas en la materia.
Tras la experiencia que deja para la Secretaría de Educación Jalisco, la administración saliente, podemos advertir que: 1. El criterio del color del partido, o de las lealtades personales, en juego de peones, no es el más pertinente cuando se trata del interés general. 2. La falta de análisis localizado, desde el ámbito estatal, en torno a las implicaciones técnicas, logísticas y legales, de una reforma gestada y coordinada desde el centro, deviene en desorden y falta de credibilidad. 3. La omisión patente de la voz de los implicados en cualquier proceso de innovación o reforma, produce una resistencia legítima y dura de roer. 4. La falta de confianza en los expertos de casa, deriva en una potenciación de las respuestas fallidas a problemáticas localizadas.
Es en este último punto, en el que propongo detener un poco la mirada, para centrar el comentario, bajo el siguiente razonamiento:
La Secretaría de Educación Jalisco, cuenta con instituciones de posgrado que se encuentran actualmente trabajando sobre una posible y necesaria reestructuración. Estas instituciones (ISIDM, MISE, MEIPE, UPN, CIPS), han venido trabajando históricamente en la profesionalización de los docentes del estado y en la formación de investigadores en educación; no obstante, en la implementación de programas, estrategias de impacto educativo y en el diseño de políticas públicas, la opinión de los centros, la incidencia de estos centros de estudios ha sido mínima.
La desvinculación de los trabajos de análisis sobre la realidad educativa que desarrollan los centros de estudios, respecto de los programas que atiende el sector educativo en términos de formación de docentes, evaluación y seguimiento de la implementación de la llamada reforma educativa, propuestas de innovación, tecnologías para la educación, entre otras; es patente: En el estado, se han venido atendiendo las problemáticas localizadas, con diagnósticos foráneos, e incluso, con ocurrencias locales que —sin demérito de la buena intención— adolecen, al menos, de falta de sustento desde la teoría sustantiva (por ejemplo, el programa emergente E.D.U.C.A., en educación básica).
Ante este panorama, se antoja necesario pugnar porque las instituciones de educación superior, especialmente aquellas en las que se desarrollan trabajos de investigación, volteen la mirada a la atención de los problemas de gestión, formación, administración, docencia, aprendizaje e innovación, por mencionar algunos ejemplos, que son patentes en nuestro estado, y a que se desarrollen esquemas de extensión, difusión y vinculación con la estructura educativa. Todos los educadores conocemos de prácticas exitosas en los centros de trabajo, de experiencias sistematizadas y de los esfuerzos aislados que demanda la producción de conocimiento. En este contexto, y ante la proximidad de la potencial alternancia en el ámbito político, cabe ser optimistas y pensar que esta coyuntura puede generar el espacio que demanda la labor académica de los expertos en materia educativa en el estado, para que, gradualmente podamos aspirar a una lógica de la gestión educativa, fundada en la cultura crítica que desarrollan los que estudian, analizan y discuten sobre temas de educación.

*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria. [email protected]