A dónde va la evaluación docente

Jaime Navarro Saras*

Nunca antes como hoy se ha hablado tanto de evaluación docente, y más cuándo sus resultados están vínculados con los derechos laborales para el ingreso, promoción y exclusión del servicio. En este debate se dejan ver dos bandos fácilmente identificados: por un lado los tres poderes del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales teniendo como aliados al INEE, a los intelectuales emergentes y mediáticos surgidos del Comie, Ceneval y de las universidades privadas y una que otra pública del país, al SNTE, a todos los medios de comunicación (Televisa y TvAzteca) y a las agrupaciones y fundaciones comandadas por Mexicanos Primero y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por otro lado solo los maestros, la CNTE y los intelectuales que históricamente han mantenido posturas críticas contra las políticas públicas que atentan contra los derechos ganados y abanderan la defensa de las causas justas.
El bando que defiende a ultranza la reforma educativa impuesta y nunca consensada, conceptualiza al maestro como el principal responsible de los males educativos, quisieran que a toda costa eliminaran de tajo a todo el magisterio (sobre todo al disidente) y lo sustituyan por docentes extraordinadios que vengan a las escuelas y desde allí puedan cambiar al mundo, sino cobran mejor.
Los maestros en general se quejan de como se ha manejado la reforma, de la publicidad y notas de los medios contra la escuela pública, del papel del sindicato, de las acciones y disposiciones de la SEP sin consensarles, de la saturación de actividades en las aulas, del papel pasivo y poco colaborador de los padres, de los intereses ajenos a los aprendizaje de los alumnos, del acoso de algunos directivos, etcétera. Pero, a su vez, están de acuerdo con que se cambien las cosas, que los incorporen a proyectos de actualización que les ayuden a desarrollar mejor sus prácticas, que les presenten ideas y proyectos atractivos para incorporarlos a las escuelas, que los evalúen de manera diferenciada y no con un instrumento estandarizado y que los resultados de ello se encaminen al mejoramiento de la calidad y no a la amenaza de la pérdida del empleo.
No hay congruencia del Estado entre las políticas de la Ley General del Servicio Profesional Docente aplicadas a los profesores y de cómo se elige al secretario de educación y a los promotores y diseñadores del nuevo modelo educativo basado o justificado en la calidad educativa, es sabido que no pasaron por un proceso de selección o promoción vía examen. Otro ejemplo de esta contradicción lo representan los responsables directos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (que deberían poner el ejemplo), su selección se hizo en base a un perfil específico y una visión ideológica determinada y como pago por sus servicios al Estado y su afiliación y compromisos con los grupos promotores como Mexicanos Primero.
Hoy en día las autoridades educativas en contubernio con el INEE y la complacencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia blindan la reforma educativa. Justifican sus determinaciones a nombre de los niños de México y, gracias a la tan llevada y traída calidad educativa, deciden darle un poder absoluto al examen para generar las condiciones legales que le permita al Estado disminuir la nómina del profesorado que no apruebe satisfactoriamente.
El debate de la evaluación ya no se centra en el sentido pedagógico, este tema queda al margen de lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, a sabiendas de que la evaluación pedagógicamente hablando tendría que llevar a la mejora de los procesos, se está optando por la separación del servicio a quienes no aprueben las evaluaciones.

*Editor de la Revista Educ@rnos. [email protected]