De violencias, omisiones y responsabilidades escolares

Jaime Navarro Saras*

Al margen de que las escuelas son los espacios más seguros de la sociedad, incluso muy por encima de muchos hogares, barrios y la mayoría de calles de cualquier ciudad, pueblo o ranchería de México, también podemos reconocer que se dan bastantes cosas, sucesos, hechos y fenómenos lamentables, como la violencia, el acoso escolar (hoy denominado bullying y que antaño lo llamábamos carrilla).
El tema de la violencia escolar se vuelve a poner de moda, sobre todo porque la semana pasada fueron suspendidos (cesados) una maestra y el director de la Escuela Secundaria General 92 “Santos Degollado”, la razón es por haber omitido el protocolo de intervención sobre el bullying en el caso del estudiante Walberto García “Walas”, que fue agredido el pasado 5 de diciembre dentro de su salón de clases y como consecuencia de la agresión entró en coma.
He recibido un sinnúmero de correos y mensajes de WhatsApp sobre el caso, la mayoría de gente que se mueve en el campo educativo de la Secretaría de Educación Jalisco, desde funcionarios, supervisores, directores de escuela, docentes, prefectos, secretarías e intendentes, la mayoría se ven sorprendidos y alarmados por los ceses de la maestra y el director de la escuela secundaria citada, sobre todo (señalan de manera general) que nunca han recibido la capacitación requerida para el tratamiento de la violencia escolar, a lo sumo un libro muy general editado en 2011 por la misma SEJ, “Guía Escolar de Intervención para Situaciones de Emergencia, Crisis y Vulnerabilidad” de Lana Fabri Montero, de allí en más una que otra plática exprés y sin generar acuerdos sobre la realidad escolar.
Posterior al cese empezó a circular un PDF denominado PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, es un texto más específico, un documento de 80 páginas y sin fecha, pero por los datos, éste fue elaborado en la administración del anterior secretario de educación y hoy flamante candidato a diputado local por el octavo distrito, Francisco de Jesús Ayón López.
Los trabajadores de la educación se sienten vulnerables porque ante problemas como el caso del estudiante “Walas”, no hay quien los defienda ni dé la cara por ellos, ni la SEJ, ni el SNTE y mucho menos los padres de familia.
Es complejo buscar respuestas para la violencia que se presenta todos los días en las escuelas, los maestros, directivos y demás personal están atados de manos por la serie de conductas con que llegan los estudiantes a los planteles, ni con la vigilancia de un policía en cada aula (de las más de 10 mil escuelas en el estado) es posible evitar accidentes, atropellos, intimidaciones, acosos y peleas entre los alumnos.
Hay una incompatibilidad evidente entre las conductas con que llegan los estudiantes a las aulas y los reglamentos que deben respetar dentro y alrededor de la escuela, las autoridades educativas y los padres de familia descargan toda la responsabilidad del fenómeno en los maestros, cosa que es por demás injusta, dadas las múltiples actividades que debe desarrollar el profesorado cotidianamente.
Una escuela con 300 o más alumnos es compleja de dirigir, más cuando los intereses no se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje por las razones que se quieran, además de la influencia negativa del contexto donde está ubicada.
Es obvio, que de acuerdo a lo sucedido en estos días con la maestra y el director suspendidos, el mecanismo para evitar caer en desgracia es muy simple: informar día a día y hora tras hora de cada suceso de violencia y todos tranquilos. El problema entonces (y eso si es grave), es quién o quiénes serán los responsables (amén del PROTOCOLO) de solucionar amigablemente los miles de casos graves o no graves. Desde mi experiencia como profesor de educación básica hasta hace 4 años, creo que el personal de las escuelas es insuficiente, y más por el ajuste que se hizo en las escuelas (con el famoso RAM, Relación de Alumnos por Maestro) al desaparecer las plazas de orientación escolar y trabajo social que se fueron jubilando.
Es lamentable (para la comunidad educativa y la sociedad en general) que se cese a trabajadores de la educación por asuntos ajenos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo sucedido con la maestra y el director (que dicho sea de paso conozco al maestro Raúl Espinal, quien tiene más de 40 años en el servicio, la mayoría como directivo), no puede volver a suceder y la SEJ tendrá que revisar el caso más detenidamente porque, como dice el dicho, si realmente quieren buscar culpables para quedar bien con los medios de comunicación y la sociedad, pues peca tanto el que mata la vaca, como el que le agarra la pata y, de ser así todos son culpables, desde el gobernador, pasando por el secretario de educación, el coordinador de educación básica, el director general de secundarias, el director de secundarias generales, la supervisora, el director, los maestros, los prefectos, los padres de familia del agresor y el agredido mismo, de otra manera, habrá que hacerlo de la manera correcta sin buscar villanos, sino propuestas e iniciativas para erradicar paulatinamente la violencia escolar y, tanto alumnos como maestros, se dediquen de manera concreta a las prácticas educativas que permitan desarrollar aprendizajes, habilidades y competencias más allá de la violencia escolar.

*Editor de la Revista Educ@rnos. [email protected]