La Escuela al Centro, desde la periferia

Rafael Lucero Ortiz*

Si usted busca la versión oficial y completa del plan La Escuela al Centro y la encuentra, se la encargo. Parece que se hizo costumbre hablar ante los medios o boletinar, sobre los programas de educación, antes de presentar formalmente un documento que, además de un diagnóstico, fundamente conceptualmente la pertinencia de la estrategia planteada, el periodo de implementación y los mecanismos de evaluación. Lo más oficioso que se ha publicado es un artículo, así está registrado, del secretario Aurelio Nuño, con el título del programa: La Escuela al Centro.
Artículo que plantea seis líneas de acción, que por los valores referidos: organización, autonomía, participación de los actores en la toma de decisiones referentes a presupuesto, calendario, horario, rendición de cuentas y transparencia, está explícito que es el concepto sociológico de comunidad escolar lo que se pretende poner al centro. La aclaración es importante porque se puede pensar de qué se trata solo de mejorar la infraestructura arquitectónica de la escuela.
Al discurso oficioso hasta aquí publicado, le falta mucho para constituirse en política pública. A la primera línea de asignación y distribución de los recursos, además del criterio de densidad poblacional de los planteles y el nivel de rezago, me parece indispensable incorporar el criterio de ubicación periférica. Históricamente la periferia ha sido siempre relegada, por obvias ventajas que asisten al centro, en cuánto visibilidad y rentabilidad política. Si la política de distribución de recursos no pone en el centro a las escuelas de la periferia, fortalecerá a las desigualdades. La escuela al centro, sí, pero de la periferia al centro.
La otra cuestión que está ausente, como si los recursos fueran ilimitados, y no fuese necesario establecer prioridades, es la jerarquización de necesidades. Debiera de estar en primer término la ausencia de infraestructura arquitectónica escolar, es decir: el árbol escuela, el tejabán, el granero, la bodega, el remolque, el furgón de ferrocarril, etcétera. Enseguida el equipamiento escolar mínimo, pero suficiente a la exigencia de calidad educativa: agua corriente, instalaciones sanitarias, mobiliario, electrificación y conectividad.
Y obviamente, mínimo un maestro, en condiciones dignas de hospedaje, alimentación y remuneración. No es ocioso preguntarse si las cifras que da el secretario Nuño alcanzan para estos mínimos, cuando conocemos el rezago total de miles de escuelas, el equipamiento obsoleto y el adeudamiento, también de miles de maestros, anticonstitucionalmente en calidad de inquilinos, hasta por más de cinco años. Situaciones que no son particulares del sureste mexicano, sino que se presentan en el centro, occidente y norte del país.
En lo que sea que se vaya a invertir un peso es necesario que antes, los Consejos Escolares de Participación Social, sean capacitados e instalados en observatorios de transparencia y rendición de cuantas.

*Analista y consultor independiente. [email protected]