Ciudadano objeto
Rubén Zatarain Mendoza*
La condición socioemocional de las ciudadanas y ciudadanos en el estado de Jalisco vive una condición particular de emergencia por las cargas impositivas que se establecen en este primer año de un sexenio que inicia sin más novedades hacendarias que los aumentos a los gobernados.
Está claro que cobrar irracional y extensivamente por parte de los gobiernos entrantes no es un acto de amor a la ciudadanía.
La saña recaudatoria se impone sobre los contribuyentes cautivos y atraviesa la sociedad entera, impone una burbuja inflacionaria para todos, trastoca la vida económica individual, familiar y social.
El sadismo institucional genera un clima de desencanto y arrepentimiento prematuro, sobre todo lo que hace la administración pública, sobre toda la gestión gubernamental que invierte mal con opacidad el dinero público, y no genera en los hechos bienestar social.
Las filas enormes en las oficinas recaudadoras expresan una cara de la responsabilidad ciudadana en materia de obligaciones.
No están felices, pero madrugan a pesar del frío y la lluvia; hay conciencia de la obligación y de la importancia de las contribuciones para la coexistencia social.
Ni el café o el agua fresca que se ofrece en pocas oficinas, ni la atención de un ejército de organizadores de las filas disminuye el malestar y el clima de descontento popular sobre las medidas recaudatorias del paquetazo, el reemplacamiento y la verificación obligatoria (según eso subsidiada).
Las estrategias para esquilmar con recursos como la actualización de valores fiscales es otra arista que se descansa sobre los hombros de los atónitos ciudadanos que comparan lo que pagaron en 2023 y 2024 con lo que en 2025 se cobra.
Vaya generación de cobradores con máscara de gobernantes que da a luz la democracia que se despeña en el imaginario social.
Existe toda una reingeniería para ir tras los ciudadanos e imponerles medidas recaudatorias; ahí está la colección de fotoinfracciones, la acotación de los espacios públicos, los estacionómetros, los negocios a la sombra de las relaciones políticas, el control de motociclistas o los operativos llamados el “torito”, que, sin contraloría social, se extienden y tensan la convivencia urbana y la vialidad.
Cuánto del dinero recaudado se regresa a la ciudadanía en mejora real de calles, vialidades, seguridad y servicios públicos como el aseo, es otra cuestión sobre la que el gobernante y su congreso, el gobernante y su ayuntamiento guarda discrecional silencio o eficaz opacidad transexenal y/o trianual.
En política fiscal, los fines no justifican los medios y sobre los hombros del ciudadano común descansa un parto de gobierno distante a los que reciben solo dádivas como placebo de justicia social.
Los niveles inmediatos de los gobiernos estatal y municipal, las obligaciones impositivas que se amplían irremediablemente y se ajustan en porcentajes arbitrarios, la cuesta de enero que esta vez se torna más sinuosa.
La creatividad nula de los gobiernos que llegan, sus entendederas económicas de planeación estratégica que los transparentan como exclusivamente hábiles para meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos.
Las sonrisas cautivadoras de los candidatos de hace un poco más de un semestre ya no existen; los polos de desarrollo y potencial negocio verán sus lomos sobados por la palabra y la toma de decisiones de privilegio. Los jodidos y desarrapados que se las averigüen solos.
Los ciudadanos “vendedores ocasionales” del voto han otorgado empoderamiento ciego como resultado de dudosa legitimidad en urnas a ellos, situados en la lejanía de la solidaridad y el distanciamiento social.
De algunos que sin pudor se distanciaron en campaña de los programas sociales que instrumenta la federación que cumple 100 días de gobierno.
El garlito coyuntural de la sociedad distraída que se carga a ciegas hacia proyectos de gobierno en pobreza extrema en la asignatura de amar a su pueblo.
Las sonrisas cautivadoras convertidas en dientes que condicionan la viabilidad de muchas familias una vez que se visibiliza el impacto que puede tener el proceso terco de los centros de verificación, en donde los vehículos que no pasarán serán numerosos. En riesgo los instrumentos de trabajo de las familias y las personas en permanente estado de emergencia económica.
Está claro que la miscelánea fiscal que se sostiene sobre las espaldas de los contribuyentes en Jalisco y sus municipios es un acto de sadismo institucional.
Es sabido que la ciudadanía en lo general cumple responsable y oportunamente, pero el ejercicio de poder de aquellos que llegan al gobierno del estado y algunos municipios está marcado por intereses lejanos a las colectividades.
Está claro que una entidad federativa y un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara o de las ciudades medias del interior del estado son franquicias lucrativas para los gobiernos de paradigma e ínfulas de riqueza personal y empresarial.
La doble red sobre sociedades como la de Jalisco y otras entidades federativas, un empresariado sin rostro humano culpable de la pauperización del trabajador y gobiernos con vocación empresarial, gestores del dinero público con un padrón de contribuyentes siempre creciente.
El paquetazo para los automovilistas y el dudoso impacto en la mejora de la calidad del aire.
El dinero de los prediales progresivamente caros, cuyo gasto se justifica si acaso entre cuatro paredes de los cabildos, a modo de pese a encuestas pobres de participación ciudadana.
Las licencias de pequeños comercios con tabuladores de incremento arbitrarios.
El pago de servicios como los derechos de uso de los cementerios perpetuamente abandonados.
La brecha de confianza ciudadana que se debilita y erosiona la fortaleza democrática.
El complejo de educar ciudadanía en un contexto de gobernanza arbitraria y sádica.
La inseguridad pública como realidad omnipresente, sólo despertada por el ulular de una sirena o el juego de policías y ladrones, donde siempre pierden los que menos tienen.
El margen de la vida social que pierde sustentabilidad en un escenario de autogestión de la vida personal, erosión social progresiva, ante la orfandad institucional de temas torales como la impartición de justicia y temas de competencia básica como la recolección de la basura.
Para administrar hay que conocer el sistema y sus instituciones, tener vocación de servicio y asumir que una sociedad con cargas impositivas irracionales puede ser empujada a reorganizarse y eventualmente emprender acciones de resistencia civil.
Antes de cobrar, conocer y amar al pueblo, servirlo desde un gobierno incluyente y sensible, la necesidad de humanismo y solidaridad en donde se toman decisiones y se asignan las oficinas operadoras de la captación de impuestos.
El poder obtenido en urnas o regalado en tribunales no es carta de liberación de responsabilidades de servicio al pueblo.
Conseguir el poder y jugar con él es una expresión del inconsciente personal de ambición y complejos personales a distancia de los objetivos y la misión social.
La realidad de estos días para el ciudadano de a pie tiene rostro de recaudadora.
Todos los servicios que administran los municipios o el gobierno del estado son más caros y los programas sociales del gobierno federal sin concurrencia son insuficientes para mitigar la emergencia económica de las mayorías que se alejan otro paso del bien común, tan redituables en templos y podiums de campaña electoral.
Por el bien de la convivencia social, se requiere de gobiernos de vocación social; por el bien de los partidos políticos, es necesaria una auténtica oposición que modere los excesos, abusos y ponga como prioridad el amor al pueblo y se traduzca en real bienestar de todos.
*Doctor en Educación. Profesor normalista de educación básica. [email protected]