Injusticias legitimadas

Carlos Arturo Espadas Interián*

Cuando la justicia se lleva a niveles de política pública para ser lograda por decreto, se pierde el sentido y las posibilidades de ser.
Hace poco llegó una convocatoria de CONACES, donde se solicitaba la representación académica y estudiantil en la figura de uno de ambos actores educativos. Había varios requisitos, entre ellos que se buscara la equidad de género.
Tal y como se declara en las políticas internacionales, donde los países deben cumplir con sus “cuotas”, la convocatoria estaba perfectamente alineada al momento actual de la visión de mundo que nos venden las potencias con su cultura de “avanzada”, que busca la mejora de la vida de las personas, claro, desde sus lógicas y visiones del mundo.
Desde sus parámetros culturales, debe haber igual número de hombres y de mujeres, tal y como se pide en los congresos, cámaras y cualquier cuerpo representativo. Con ello se pretende eliminar la injusticia que pueda sufrir el grueso de los hombres o de las mujeres.
En el caso de las instituciones y programas educativos que forman profesionales de la educación, retómese el caso de las Universidades Pedagógicas Nacionales, en concreto la Unidad 113 León, existe una matrícula mayoritariamente formada por mujeres. De forma que, al elegir a una profesora para la representación, por convocatoria y directriz política, se tendría que elegir a un estudiante.
El número de hombres reducido eleva la posibilidad de elección de cada estudiante y, al mismo tiempo, al tener que ser hombre, se deja de lado al grueso de la matrícula formada por mujeres. Con ellos, un segmento amplio de la matrícula se queda imposibilitado para la participación.
Se podría pensar en la recuperación de las visiones del estudiantado vía estructuras de participación política al interior de la universidad. Sin embargo, al recordar las dinámicas universitarias, al menos de las UPN, se tiene la falta de estructuras que funcionen en un proceso de recuperación de las visiones del estudiantado y del profesorado.
Es decir, al combinar la política que casi por decreto establece igual número de hombres que de mujeres, con la falta de estructuras participativas de vida democrática al interior de algunas universidades, se tiene un resultado peligroso.
Así, el Estado, en su afán de buscar la eliminación de la injusticia, la propicia, institucionaliza y reafirma. Se cumple la cuota internacional a la que se obliga a los estados, se uniforma la visión de mundo, pero se pasa por encima de los derechos de participación de las mujeres, como en este caso.
¿Cuántas políticas públicas, decretos y demás, en su afán de eliminar la injusticia, la legitiman?

*Profesor–investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 de León, Gto. [email protected]