Derecho, servicio o negocio

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

Después de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial, diversos representantes de gobiernos se reunieron para enumerar los derechos a los que deben acceder todos los seres humanos. Esa declaración, de 1948, se complementó con el tiempo con otras declaraciones en las que se hicieron explícitos otros derechos. Actualmente se habla de la Carta Internacional de Derechos Humanos (https://www.ohchr.org/es/what-are-human-rights/international-bill-human-rights) en donde se detallan los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Así, podemos hablar de derecho a circular libremente, al trabajo y que éste sea en condiciones justas y favorables, a la protección ante el hambre, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros. No obstante, diversas organizaciones e individuos han señalado que esos derechos deben dejarse en manos del mercado en vez de en manos de las organizaciones internacionales y de los gobiernos. Esa visión, por ejemplo, ha promovido que “quien quiera azul celeste, que le cueste”, o, como parafraseó Elías Nandino, “la que quiera azul celeste, que se acueste”, enfatizando que el acceso a esos derechos deben costarle a quien los reclame.

La discusión en torno a los derechos humanos o a los derechos específicos en determinados contextos nacionales o institucionales ha sido acalorada y seguirá suscitando argumentos viejos y nuevos a medida que existen nuevas formas de acceder a los recursos. Así, por ejemplo, ¿el derecho a la vivienda significa que ésta debe contar con todos los aparatos de línea blanca accesibles en los países desarrollados? ¿El derecho a la educación incluye el acceso a las tecnologías más avanzadas, a becas para los estudiantes, a sueldos dignos para los docentes? ¿El derecho a circular implica que se tenga acceso a los medios y modos de transporte más eficaces y seguros? Cada uno de los derechos suele ser debatido por quienes se esfuerzan en convertir a los derechos en oportunidades de ofrecer un servicio o, aún más allá, de convertirlos en un negocio.

En 2016, por ejemplo, “el Festival Mundial de la Arquitectura, realizado en Berlín, eligió la vivienda como su foco temático. El festival generó titulares debido al discurso de Patrik Schumacher, quien pedía que las ciudades fueran entregadas enteramente a las fuerzas del mercado, desmantelando la vivienda social y privatizando todo el espacio público” (https://www.archdaily.mx/mx/803862/visiones-reales-sobre-experimentos-de-vivienda-real-mente-exitosos-es). Esta visión que privilegia a las “fuerzas del mercado”, suele contrastarse con las visiones de los estados de bienestar que proponen que los gobiernos deben administrar los recursos para generar mejores condiciones para toda la población de sus demarcaciones. Así, el derecho de los pobladores significa la obligación de quienes gobiernan, de asegurar las condiciones y los recursos para el acceso a esos derechos. Entre los controvertidos temas asociados con los derechos humanos se encuentra el del transporte urbano (colectivo, ciclista, peatonal, en unidades personales o familiares) y a quién debe costarle, además de quien tiene la obligación de financiarlo. La vivienda, la educación, el transporte, la salud, el trabajo, han sido objeto de largas discusiones y de diseños de políticas que enfatizan que cada individuo pague por los servicios que recibirá como parte de ese derecho, y que haya quienes se puedan beneficiar por construir las infraestructuras asociadas a esos derechos.

¿Quieres educación? ¿Quieres educación de calidad? ¿Quieres la mejor educación posible para tí y para los miembros de tu familia y de tu comunidad? Entonces deberás pagar más por recibir el servicio a los gobiernos o deberás pagar más a instituciones con intereses de lucro por asegurar que aprendas más que los miembros de otras comunidades, disciplinas, profesiones, países o gremios. De tal modo, hemos visto una tendencia de algunos gobiernos a renunciar a esa obligación de garantizar derechos y ponerlos en manos de empresarios. Lo vemos en todos los ámbitos: hay quien propone que los gobiernos no construyan áreas comunes (áreas verdes, bibliotecas, aceras, edificios para las escuelas, viviendas, espacios para practicar deportes) y se ha llegado a casos en que el agua, el aire puro, las oportunidades de esparcimiento cuestan a los habitantes de varias demarcaciones no sólo los impuestos que pagan a gobiernos cuyas burocracias funcionan con esos recursos convertidos en sueldos para sus administradores y prestadores de servicios, sino que, además, deben pagar por un servicio que se ha convertido en negocio al mercantilizarse. Los debates en torno a cómo recibir, exigir, prestar, cobrar, financiar, perpetuar, asegurar, garantizar, complementar, equipar los derechos, suelen teñirse con el asunto de cómo incentivar a quienes aseguran que esos derechos se cumplan. De tal modo, la vivienda popular requiere de quienes la diseñen, planeen, construyan, mantengan y equipen, de la misma manera que el transporte público requiere de constructores, mecánicos y operadores. La prestación de servicios educativos requiere de docentes y otro personal que asegure que los aprendices reciban la educación adecuada para su edad, sus campos de aplicación, su época y las condiciones laborales actuales y futuras.

¿Cómo pagar a quienes construyen los edificios, manejan las unidades de transporte, preparan y comunican los conocimientos y habilidades para los que se diseñan los cursos, las carreras, las escuelas, las instituciones? Esas personas que hacen funcionar los servicios pueden estar asociadas a algún negocio que se beneficia de lo que pagan los usuarios, aunque en muchos casos no son los pagos directos de los usuarios los que pagan los costos de los materiales y los trabajos invertidos. Es en el ámbito de la educación en donde destaca más claramente la obligación de los estados de financiar el acceso a ese derecho de parte de sus poblaciones, en especial de los niños (https://www.right-to-education.org/es/issue-page/financiaci-n-de-la-educaci-n#:~:text=La%20educación%20se%20financia%20principalmente,de%20un%20sistema%20fiscal%20justo). Como se ha visto en años recientes, la discusión en torno a si las escuelas de todos los niveles deben ser financiadas por los gobiernos o dejadas en manos del mercado (es decir, a la libre oferta y demanda y a precios fijados por los participantes) se ha dado también en las universidades públicas. Sin embargo, esta discusión (https://www.unesco.org/es/education-policies/financing) es dejada de lado con el argumento de la “libertad” para escoger la escuela por parte de los padres de familia, los estudiantes y las comunidades. La educación suele estar íntimamente ligada a los presupuestos públicos y la norma internacional que se propone como deseable es que al menos el 6% del producto interno bruto se dedique a cubrir ese derecho a la educación.

En días recientes, las noticias provenientes de Argentina han inquietado al sector educativo. La más importante universidad de ese país existe desde antes de que existiera formalmente Argentina y es la primera en la clasificación de universidades en América Latina (https://elpais.com/america-futura/2024-09-17/la-universidad-publica-argentina-un-referente-en-latinoamerica-en-riesgo.html). Nos hemos enterado que en Argentina “hay 115 universidades y en las 63 públicas estudia el 80% de los 2,5 millones de estudiantes”, según datos de septiembre de 2024. La Universidad de Córdoba, fundada en 1613, décadas antes que la famosa Universidad de Harvard en Estados Unidos (fundada en octubre de 1636: https://www.harvard.edu/about/history/). A pesar de esta historia de la universidad pública y la fama que ésta adquirió mundialmente por los movimientos de los estudiantes de Córdoba en 1918 y que sirvieron de base para reformas promovidas en 1968 en las universidades del mundo, el actual gobierno “ultraliberal” del economista Javier Milei propone un “déficit cero”, con lo que el presupuesto para las universidades públicas se ha visto amenazado (https://apnews.com/world-news/general-news-1cb913139ff2456d99516610ff6376c6), lo que ha implicado protestas masivas, clases en la calle, además de un sinfín de declaraciones y de análisis respecto al papel que debe jugar el gobierno como garante del derecho a la educación. En un país que también se ha hecho notar por sus altos niveles de inflación, “El Consejo Interuniversitario Nacional denunció que 70% de los salarios docentes y no docentes ‘está por debajo de la línea de la pobreza; las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura… se encuentra en peligro la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades, y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología’”. La jerarquía en el prestigio de las universidades públicas se compara con frecuencia con las universidades privadas, que ofrecen un servicio y a la vez constituyen negocios para empresarios de la educación que ofrecen la posibilidad de acceso a formaciones básicas o profesionales a cambio de que los usuarios-estudiantes paguen por acceder a su formación. (https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=Latin%20America#google_vignette). Así, la UNAM, que ocupa el segundo lugar en América Latina, después de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, ocupa, en el Ranking mundial, el lugar 205, en comparación con la paulina que ocupa el lugar 45 mundial. Cabe mencionar que la Universidad de Buenos Aires ocupa el lugar 11 en América Latina y el 1155 mundial (https://www.infobae.com/colombia/2024/10/03/conozca-cuales-son-las-mejores-universidades-de-america-latina-y-el-caribe-solo-una-colombiana-entre-las-diez-primeras/).

La clasificación de la educación y de otros bienes de supuesto acceso público, por ser derechos de los humanos, muestra matices que resaltan el hecho de que algunas instituciones son financiadas total o parcialmente por los gobiernos, mientras que otras lo son por los usuarios. Aunque en general hay combinaciones en cuanto a cómo se financia. Algunas universidades privadas reciben subsidios públicos y algunas universidades públicas reciben donaciones de filántropos privados. En todo caso, queda la cuestión de quién puede pagar y quién no por la formación, los certificados y los diplomas (que no es lo mismo tener capacidad que tener un documento, cabe aclarar). Por otra parte, es importante señalar que los sueldos de los docentes, directivos y demás personal de los planteles educativos remiten al derecho al trabajo y también al derecho a un nivel de vida adecuado, disfrutar de los beneficios de la ciencia y a condiciones justas y favorables en el trabajo, entre otros. Cabe mencionar que entre las mejores ciudades para los estudiantes universitarios en América Latina se encuentran Buenos Aires (en el lugar 34 en el mundo), Santiago de Chile (47 en el mundo) y Ciudad de México (69 en el mundo). Faltaría saber cuáles son las mejores universidades para trabajar como académicos, pero sí existe un ranking de universidades que ofrecen mejores oportunidades de empleo al egresar de ellas: (https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-graduate-jobs-global-university-employability-ranking). Las instituciones “rivales” del Cal-Ted y el MIT ocupan los primeros lugares, seguidas de Stanford, Cambridge (Reino Unido) y Harvard. El Tec de Monterrey tiene el lugar 81, la UNAM el lugar 127, mientras que la UdeG el 238 en cuanto a empleabilidad. Habría que preguntarse también qué tan buen negocio es estudiar en determinadas universidades para conseguir, además del derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno…

Países con más universidades (https://es.statista.com/estadisticas/612372/paises-con-mas-universidades-en-el-mundo/).

Algunas universidades públicas que admiten a extranjeros: (https://www.eltiempo.com/amp/vida/educacion/las-mejores-universidades-publicas-del-mundo-que-admiten-a-extranjeros-573832).

Las mejores ciudades para estudiantes universitarios: (https://www.infobae.com/america/mundo/2024/04/22/cuales-son-las-mejores-ciudades-para-estudiar-en-el-mundo/).

*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. [email protected]