Becas, estímulos y otros incentivos en la educación

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

Con fecha 19 de septiembre de 2023 apareció en La Gaceta de la Universidad de Guadalajara (UdeG) el “Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño Docente” de esa universidad (http://www.gaceta.udg.mx/nuevo-reglamento-del-programa-de-estimulos-al-desempeno-docente-de-la-universidad-de-guadalajara/). En la UdeG se le conoce como PROESDE. Probablemente se publicaron reglamentos similares para otras instituciones de educación superior en otras partes de la República Mexicana. En varias de las instituciones dedicadas a la docencia e investigación se ha suscitado la discusión, desde hace años, respeto a la necesidad de que esos recursos se integren en el sueldo de los académicos de las instituciones en que se promueve “estimular” la docencia y la investigación.

En cierto modo, como lo llama un colega, se trata de una “carrera de ratas” para la que se lanza una convocatoria anual para participar como parte adicional al trabajo. La analogía de la zanahoria colgada de un palo frente a un burro que la persigue se ha aplicado así a la aplicación que muestran los académicos a “perseguir la chuleta” como metáfora de conseguir ingresos monetarios para intercambiarlos por los satisfactorios de las necesidades básicas. También se ha discutido la pertinencia de separar las becas aplicables a los académicos: quienes dedican la mayor parte de su tiempo a la docencia estarían encaminados a competir por los estímulos al desempeño docente, mientras que quienes dedican una proporción mayor a la investigación deberían optar por las becas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que tienen una vigencia de cuatro años en caso de resultar favorecidos en la competencia. Habrá quienes reclaman a los investigadores que ya reciben la beca del SNI que no deberían “dobletear” con estímulos PROESDE y también con la beca del SNI. ¿Y si también hacemos docencia?, preguntan quienes utilizan ambos complementos al salario.

El programa de estímulos está financiado por Recursos fiscales para las categorías de personal de carrera de tiempo completo, Recursos derivados de reducciones del capítulo 1000 conforme lo determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Servicio Civil, Ingresos propios y Aportaciones del gobierno estatal. El capítulo 1000 se refiere a “Servicios personales de gasto corriente” y su objetivo es “Facilitar la operación y control del presupuesto de servicios personales, a través del uso de los sistemas institucionales y del reforzamiento en la aplicación del conocimiento pleno de la normatividad en la materia mediante la regulación y sistematización de la operación de los trámites presupuestales de servicios personales de la Dependencia, simplificando los requisitos de las solicitudes de movimientos de plazas y recursos”. A pesar de tan rebuscada y confusa redacción, lo que queda claro en el reglamento del programa de estímulos es que son “recursos derivados de reducciones del capítulo 1000”. Lo que me hace inferir que se trata de dinero sobrante de otros presupuestos en los que se contempló y luego no se pagó esos montos en otras dependencias del ámbito federal.

Tengo la esperanza de que habrá algún economista o abogado que logre entender esas sintaxis y substracciones fiscales. Por lo pronto, cabe resaltar que se trata de recursos a los que se accede no por dedicarse a la docencia, sino por demostrar, con múltiples documentos que los interesados han de recopilar dentro de las entrañas de sus instituciones, que trabajaron en la docencia el año anterior y que tienen intenciones de seguir haciéndolo, pues un requisito es proponer un plan de trabajo en que se especifique que eso seguirán haciendo. Los recursos, en realidad, llegan para estimular una labor del pasado: deben cumplirse los nuevos requisitos para el periodo previo a la solicitud. No se trata de que en ese periodo se cumpla con la docencia, sino que en el pasado se haya cumplido, y entonces se paga para estimular lo que se hizo, no lo que se hace. El reglamento de la UdeG aclara dos puntos que vale la pena resaltar y cito: “En 2022, el déficit ascendió a 108.5 millones, por lo que por segunda ocasión se aplicó el Factor de Ajuste. No obstante, lo anterior, con recursos provenientes de las medidas de austeridad y ahorro establecidas desde el año 2018, la Universidad implementó un Programa Especial “Complemento UDG al Estímulo por un monto de 43.8 millones para compensar parcialmente el déficit del Programa” y para este año [2023], la Universidad de Guadalajara informó que, por cuarto año consecutivo, tiene un déficit presupuestal para la convocatoria vigente 2023-2024 del PROESDE, producto del nulo crecimiento presupuestal federal para este Programa, el insuficiente incremento del Subsidio Ordinario y la desaparición de los fondos extraordinarios de concurso. Debido a que los recursos federales autorizados para el PROESDE no se han incrementado en tres años, dicho déficit asciende a 183 millones de pesos para la presente convocatoria”.

Cuando se menciona el “factor de ajuste” no queda muy claro si eso significa una reducción en los ingresos percibidos por los favorecidos por el programa o si significa solamente que hay menos dinero para repartir. El documento describe señala que se reducirán los ingresos de los académicos, pero “ningún docente se verá afectado en sus ingresos de acuerdo al nivel obtenido, gracias a la implementación del Programa Extraordinario de apoyo para resarcir el déficit del PROESDE. Este programa de apoyo entrará en vigor a partir del mes de mayo del presente y hasta que concluya la convocatoria, compensando en su totalidad el recurso descontado a través del factor de ajuste”. Lo que entiendo es que se ajusta a la baja y luego vuelve a ajustarse a la alza para que se pague lo que habría de pagarse antes del primer ajuste. Y ya todos contentos.

Aunque en realidad el ánimo de los profes de la UdeG no ha sido muy estimulado, según me entero en pasillos y en conversaciones por celular, pues se aumentó la cantidad de horas de docencia respecto a años anteriores y se hace explícito que en vez de pagarse en “salarios mínimos”, se pagará en UMA’s (Unidad de Medida y Actualización). En el reglamento se especifica que “mientras que la Unidad de Medida y Actualización (UMA), establecida como base de cálculo por la SEP y SHCP para los niveles del PROESDE, tuvo un incremento inflacionario de 7.82%, la inflación estimada con la que se calculó el Presupuesto de Egresos de la Federación fue de apenas 5.6%”. En otras palabras, hay menos recursos de los que se requieren para compensar el poder adquisitivo. Lo que parece claro es que la cantidad de docentes que podrán concursar se reducirá, pues el límite mínimo de docencia se elevó a “ciado menos ocho horas a la semana”. Parecería que se trata de una estrategia para evitar también la contratación de profesores de asignatura, pues los de tiempo completo querrán ahora acceder a más cursos para alcanzar a concursar por los estímulos.

Por otra parte, en semanas recientes se han planteado, incluso por parte de las planillas que optaban a lugares en los consejos de centros, algunas necesidades que podrían cubrirse dentro de la UdeG. Es de esperar que es algo que también suceda en otras instituciones y que las planillas de docentes, estudiantes y administrativas en los consejos universitarios, además de las representaciones sindicales, luchen por mejorar las prestaciones, que se convierten en incentivos para ingresar o permanecer como trabajadores de las instituciones académicas. ¿Hay posibilidades, recursos y voluntad para poner en práctica guarderías en los centros universitarios para dar cabida a los hijos de estudiantes y académicos? ¿Hay precios bajos (subsidiados) en las cafeterías universitarias? ¿Hay acceso a menús en cuyo diseño se cuide la economía y también los valores nutritivos en la alimentación de la población de estas instituciones educativas? No hemos recibido noticias de las acciones (ni de la inacción) de los sindicatos de trabajadores de la UdeG, los cuales representan, por separado, a trabajadores administrativos y trabajadores académicos. Tampoco de parte del “sindicato” de estudiantes, la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). ¿Habrá otras marchas, protestas, replegados de las organizaciones alineadas con las autoridades de la UdeG? Cabe esperar que, en las próximas semanas, se organizarán algunos grupos más marginales e independientes respecto a las autoridades, para exigir más recursos para trabajadores y estudiantes, además de proponer algunas mejoras en las instalaciones universitarias.

También hemos podido leer las notas en donde, por criterios nuevos en la asignación de becas por parte del Conahcyt, se han reducido los programas cuyos estudiantes recibirán becas de estudio. En el caso de la UdeG, la reducción de becarios ha sido de casi quinientos estudiantes, por haberse inscrito en programas que, súbitamente, dejarán de recibir apoyos federales. Según una nota de principios de septiembre: “Cientos de estudiantes de posgrado que tramitaron su beca ante el Conahcyt fueron notificados recientemente de que no recibirán el apoyo porque los programas que cursan no son prioritarios. De los 2 mil 942 posgrados que integran el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), sólo el 18.4% son considerados prioritarios para recibir una beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, es decir, 542 (…) los posgrados enfocados en ciencias sociales, ingeniería y administración son los más afectados por el recorte (…) 104 universidades, colegios e instituciones de educación superior públicos han resultado afectadas en distintos niveles, por el recorte de becas”. Aunque la nota lleva el encabezado “Conahcyt niega retiro de becas de posgrado pese a que universidades y estudiantes se quedaron sin apoyos”. Las autoridades “niegan que nieguen los apoyos”. Aunque hay quien los “desniega”: (https://www.notisistema.com/noticias/cientos-de-estudiantes-de-posgrado-de-udeg-afectados-por-recorte-de-becas-en-conahcyt/).

Que no se den esas becas significa que los planes de desarrollo de la propia universidad también se ven afectados. Sin estudiantes no tiene caso invertir en la renovación de un centro universitario al que la universidad tenía casi en el abandono en cuanto a medidas de mantenimiento: (https://www.notisistema.com/noticias/cancelacion-de-becas-del-conahcyt-afecta-el-proyecto-del-cugdl/).

A 55 años de los movimientos estudiantiles de 1968 en México (y en otros contextos: (https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182018000300013), cabe preguntarse sí, en el contexto de “la nueva normalidad” pospandemia, habrá propuestas y exigencias de justicia en la distribución de los recursos para académicos y estudiantes. No sólo en cuanto a apoyos financieros, sino respecto a las condiciones laborales, de salud, de infraestructura y de participación política en las que se realizan las funciones sustantivas de las universidades. Tanto en la UdeG. como en otras instituciones de educación superior en el país.

*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del departamento de sociología. Universidad de Guadalajara. [email protected]