La variable de la económica política en la educación

Isaac Reyes Mendoza*

No hay recursos económicos suficientes que alcancen a la educación cuando no esté planeada su inversión y que arroje los resultados esperados de acuerdo a la calidad, eficiencia y eficacia de los resultados educativos.
En la perspectiva de la economía de la educación, los 238 millones de pesos con las que se han mejorado más de 3,579 escuelas en 38 municipios del Estado, nos indica de la eficacia en la relación costo-beneficio y que la principal política pública de la Secretaria de Educación de Jalisco está encaminada a mejorar las escuelas, y la meta para 2018 es cubrir el 100% de escuelas secundarias con salones interactivos para el aprendizaje a través de las tecnologías. Vistas estas cifras a simple vista nos pueden decir de la eficiencia en la inversión social en educación y de la eficacia en las políticas del gobierno en turno. Sin embargo, al profundizar un poco nos podríamos dar cuenta de que representan el 30% de municipios, habrá que revisar en qué municipios se ha invertido, con cuáles obras, en qué escuelas y de qué niveles educativos, con los recursos de cuáles programa. La mayor inversión es presupuesto de procedencia federal: Construcción de Infraestructura Básica (CONIBA), Escuela Digna, habrá que ver la relación de inversión, los costos de construcción, la relación de escuelas beneficiadas y el tipo de obra realizada: todo en la perspectiva electoral de mantener el poder político sin que por ello se estén atendiendo los temas fundamentales de la educación pública y mucho menos se eleven los niveles de rezago educativo y la calidad del logro educativo.
La situación seguramente se agravará por la disminución de las aportaciones federales transferidas a los estados y municipios, tan solo en el primer trimestre han caído los ramos 28, 33 y 25 y así será la política del Gobierno Federal para los próximos años debido a la reducción de ingresos por la venta del petróleo
El panorama se presenta poco alentador para el futuro, sin embargo, no es reconocido y sólo tiene efecto de manera diferenciada, circunstancia aprovechada por algunos funcionarios o empleados que pueden estar extralimitando su función para detener pagos u omitirlos.
Las prácticas de parcialidad y diferenciación en los beneficios sociales de las obras públicas, prácticas discriminatorias, extralimitación de atribuciones y abuso de autoridad tienen que ser erradicadas y apegados a una nueva ética pública en las responsabilidades de los funcionarios de la administración pública.

*Profesor de educación básica. [email protected]