Escalafón vertical y credencialismo

Benita Camacho Buenrostro*

Con respecto de la situación laboral y de mejora salarial de los maestros de educación básica del sector público, en México existen, en general, dos programas de estímulos económicos: el escalafón horizontal o carrera magisterial, al que me referí en el artículo anterior; y el escalafón vertical, que promueve a los docentes a cargos directivos o al ascenso en la estructura educativa, es decir, al tránsito laboral de docente frente a grupo a director, supervisor o jefe de sector.
El Escalafón se define como el sistema organizado en la Secretaría de Educación Pública, y posteriormente en las entidades, para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base y autorizar las permutas, cuando se crean o liberan las plazas por renuncia, jubilación, cese o defunción. Tiene sus orígenes en la ley de inamovilidad de los años 30 del siglo anterior, y su operación y funciones las determina el Reglamento aún vigente, que data de 1973; funciona a través de comisiones mixtas constituidas por miembros de la autoridad educativa y del sindicato.
Durante décadas correspondió a estas comisiones establecer los criterios de participación y selección de los candidatos a ocupar los puestos vacantes. Los requisitos estuvieron asociados básicamente a la antigüedad y a procesos formativos validados a través de constancias de estudios. Para ello, los docentes se vieron en la necesidad contar con este tipo de documentos, dando paso con ello al credencialismo, que poco contribuyó al fortalecimiento de una cultura pedagógica y profesional, y redundó en una insana competencia por reunir a cualquier precio el mayor número posible de documentos probatorios, que pudieran ser validados por las comisiones escalafonarias.
Al margen de la formación oficial, surgió en nuestra entidad un gran número de asociaciones civiles, sociedades anónimas, colegios y hasta universidades que, con autorización o sin ella, se dedicaron a ofrecer cursos, talleres, diplomados, maestrías y doctorados de dudosa calidad académica, cuyo único fin fue proveer a los docentes de los documentos que les permitieran cumplimentar los requisitos exigidos, aunque en muchas ocasiones estos fueran rechazados. Todos los actores involucrados tienen igual responsabilidad en este juego: la autoridad, por el fomento de un sistema de promoción asociado al credencialismo; los gestores de los centros de capacitación privados, en su mayoría trabajadores del propio sistema educativo, que vieron en esta situación la oportunidad de hacer negocio; los docentes apremiados por la necesidad de contar con papeles y seguir el juego del sistema; y el sindicato, intentando legitimar los procesos de promoción y ascenso. La actual estructura del sistema educativo se debe en parte a este esquema.
De acuerdo con la nueva normatividad, los puestos directivos serán otorgados bajo criterios meritorios y de equidad mediados por un proceso evaluativo. Esperemos que así sea.

*Profesora-investigadora del Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara. [email protected]