Vulnerabilidad de las escuelas

 en Rubén Zatarain

Rubén Zatarain Mendoza*

La extensión de los meses de pandemia y el consecuente confinamiento en el inicio del ciclo escolar han generado un efecto indeseado en el mantenimiento del escaso capital material de las escuelas.
La ausencia del personal por razones de salud pública o por razones de reacomodo de los equipos laborales ha suscitado problemas en la vigilancia de las instituciones educativas.
Durante mucho tiempo, desde antes de marzo de este año, se ha detenido la asignación de personal para funciones de vigilancia durante la noche, que es cuando hay mayor incidencia del delito.
En algunos casos los padres de familia a través de sus asociaciones y en otros casos, por compromiso social de los vecinos, se puede mantener cierto nivel de vigilancia parcial, al menos para dar parte a las autoridades garantes de la seguridad o a los directivos y docentes.
El personal de las escuelas con la dinámica de guardias y de atención de los servicios administrativos, con el protocolo de la sana distancia, acotados en este tipo de problemas, actúan para levantar las actas del robo e iniciar un trámite cuyo desenlace es incierto.
En cuanto a Jalisco hay casos de equipos y bienes asegurados. El reto es la eficiencia y el tiempo en el proceso de reinstalación y dotación de retorno.
El saqueo de escuelas es otra de las consecuencias indeseables del momento crítico que atravesamos. Los amantes de lo ajeno han hecho visitas, en algunos casos recurrentes, para desmantelar hasta el cable de las instalaciones eléctricas o llevarse material de fontanería, incluyendo tinacos.
Lo más común es que extraigan mesas de trabajo, pupitres, sillas, archiveros, material didáctico, libros, equipos de cómputo, proyectores, bocinas, micrófonos, entre otros.
No hay mucha información del perfil de los ladrones, pero la escasa evidencia y las pocas imágenes en cámara captan a muchachos jóvenes que trabajan en equipo de hasta tres personas. También hay ladrones solitarios con expresiones de alcoholismo o drogadicción.
Según datos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Educación Jalisco, durante el confinamiento, los datos reflejan hasta el mes pasado, un aumento del robo a escuelas hasta del 57.7 por ciento, tan solo en la zona metropolitana de Guadalajara son más de 359 escuelas las que se han reportado con alguna incidencia de pérdida de bienes.
Durante el periodo de confinamiento, que llega ya casi a los siete meses, se han reportado en la entidad un promedio de 1.88 escuelas diarias vandalizadas o robadas.
El problema también existe en otras entidades federativas, así lo expresan distintos medios informativos, aunque como en otro tipo de delitos, muchos de los robos a escuelas quedan en la total impunidad.
La tendencia a la alza ha abierto ya el debate legislativo en entidades como Coahuila en donde la diputada María del Rosario Contreras Pérez ha presentado una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 285 del Código Penal de esa entidad para aumentar la pena a los robos de centros educativos y para que se castigue a quien adquiera, oculte o comercialice algún bien o producto de dicho robo.
Aumento de penas como mecanismo de disuasión, aún cuando el verdadero problema está en corregir la impunidad.
Para la eventual reanudación de actividades presenciales, las comunidades educativas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para poner en condiciones óptimas sus instalaciones.
El vandalismo y robo a los espacios educativos manifiesta el debilitamiento del tejido social y da cuenta de la brecha de la necesidad que está ampliando la contracción económica que implica desempleo y vagancia; también ilustra las dificultades de ayuntamientos y autoridad educativa para garantizar respeto a la propiedad pública y privada.
El hurto a las escuelas es, por otro lado, un factor de inestabilidad emocional de las frágiles condiciones con las que operan los equipos laborales responsables de educar.
Para las escuelas más aisladas y pertenecientes a comunidades pobres el robo a escuelas se constituye en factor que acentúa las inequidades en materia de condiciones materiales para el desarrollo de sus tareas sustantivas.
La vulnerabilidad de las escuelas y su desmantelamiento, lamentablemente impactará el retorno a la normalidad de las actividades formativas, es evidente el riesgo de una generación privada del derecho a una buena educación.
Es un factor de retraso del gran objetivo de mejora de la calidad.
Al Covid 19 se le suma entonces esa vertiente de problemática social que se expresa con el robo, con el desmantelamiento de las instituciones escolares.
La pandemia como pretexto para el despojo, la vulnerabilidad de la institución escolar para garantizar la seguridad de sus bienes materiales.
Robo a pequeña escala, robo a las escuelas, esa franquicia social e institucional benefactora de sus comunidades que no merece ese flagelo.
Bastantes debilidades de nuestro tejido social si no hay respeto al capital material de una escuela.
Cuando se rompe una reja o un candado, cuando se viola una chapa y se extraen los escasos bienes de la escuela pública, obtenidos con grandes sacrificios por sus comunidades, se violentan de manera clara las esperanzas de mejora.
Se limita la esperanza de transformación de los nudos de problemas que aquejan a la sociedad.
Desde el punto de vista sociológico es una disfunción que deviene en mayor crisis para la escuela pública y en el crecimiento de la brecha temporal para la disminución de inequidades.
Las condiciones materiales para una escuela digna están muy relacionadas con la oferta formativa de su infraestructura (talleres, laboratorios).
¿Cómo se disminuirá la vulnerabilidad de las instituciones educativas?
En la estrategia y las soluciones seguro habrá necesidad de trabajo conjunto entre autoridad judicial y educativa, sumado el trabajo propositivo de las comunidades de aprendizaje que hoy operan bajo la propuesta de educación a distancia.

*Doctor en educación. Profesor normalista de educación básica. zatarainr@hotmail.com

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