Protocolos en las mulas del compadre

José Moisés Aguayo Álvarez*

En el afán por dar estructura, por “ordenar” y estandarizar los procedimientos con que los servidores públicos desarrollan sus funciones, en la Secretaría de Educación Jalisco, se han establecido criterios normativos para la actuación al interior de las escuelas y las zonas escolares, al modo en que, es comprensible, lo demandan las condiciones de la labor de otras instancias y cuerpos institucionales, como la policía, el ejército, las instituciones de salud, entre otros.
Recientemente se ha difundido en la estructura de la SEJ, el Manual de protocolos de actuación; que enfatiza, en ciertos aspectos, que la atención a casos especiales y situaciones que se han presentado en los centros escolares, de modo que el personal esté enterado de cómo “debe y pueden actuar para relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la integridad, la integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, familias y personal administrativo y de servicios integrando los mecanismos y procedimientos de prevención, detección y actuación” (SEJ, Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. p. 5.), concernientes a los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, particularmente.
Las pautas y normas son de un gran valor, ya que además de orientar el actuar del servicio público, de alguna manera, contribuyen a la construcción de marcos de convivencia en los que se privilegien las reglas claras, de modo que quien se muestre omiso, o no contemple lo que normativamente está consignado, deba atenerse a las consecuencias. De estas últimas, ya se han presentado casos ejemplares en los que se ha contemplado ya la separación del servicio y, aunque debe valorarse contextualizadamente cada caso, al menos en apariencia, puede considerarse socialmente como un avance en los criterios del proceder institucional; no obstante, el acaecer cotidiano al interior de la estructura educativa en Jalisco, manifiesta una crisis continua, que lleva al observador agudo de la dinámica en la estructura educativa, a cuestionarse qué tanto de ese espíritu de apego a los protocolos, aplica también a la administración del aparato burocrático a cargo de la educación.
Tanto en la logística para cubrir con lo previsto en la normatividad del Servicio Profesional Docente (realización de los exámenes de permanencia y promoción, tutoría y acompañamiento, asignación de plazas, promociones, entre otros), como en las cuestiones que derivan de dicha normatividad, especialmente (y desafortunadamente), en lo que se refiere a los pagos; este ciclo escolar ha sido el catalizador de la incompetencia y falta de coordinación. A unas semanas del fin de ciclo escolar son incontables ya las inconsistencias en cuanto a los pagos omitidos, la falta de pago de incentivo a los docentes con funciones de Asesor Técnico Pedagógico y el incumplimiento en las fechas acordadas con la representación sindical estatal, que encabeza, en la Sección 16 del SNTE, Elpidio Yañez, para el pago de la Compensación Única (Concepto CU) y del retroactivo del aumento salarial, al personal adscrito al subsistema federal.
En este marco, el FONE, se viene acendrando en el imaginario colectivo docente, como un ente maligno en el que recae, a decir de algunas autoridades educativas, la autoría del desorden. Ante tal contexto, los mensajes dirigidos al magisterio, por parte de las autoridades educativas de más alto nivel en el estado, se mueven cual magma soterrado, cual murmullo, en twits escuetos, en el mejor de los casos.
En esta recta final del ciclo escolar y de la gestión que encabeza Francisco Ayón; pesa sobremanera la reacción tardía, la desinformación y la falta de delicadeza es un eufemismo hacia los docentes, directivos, personal técnico y de apoyo; pero ante todo, pesa el doble discurso, que, por un lado pondera el actuar institucional bajo un esquema de protocolos y, por otro, opera sobre el personal (léase, las personas), sin que medie un viso protocolario, que dé muestras acerca del análisis profesional de los pendientes, de la revisión de los escenarios críticos potenciales y sus respectivas alternativas de solución, con apego a derecho y al respeto a la dignidad humana y a la formación profesional. O que les pregunten a los docentes que llevan más de cuatro meses sin recibir un pago, a los interinos, a los Asesores técnicos a quienes se les adeude el concepto KW, por mencionar algunos ejemplos.
Ante este estado de las cosas, quizás corresponda poner sobre la mesa al menos dos cuestiones, para llevarse a la agenda legislativa de la próxima gestión gubernamental, mínimamente a nivel local; en virtud de lo aquí expuesto, que bien pudiera integrarse —con mayor orden, claro— a una larga lista de considerandos:

1. Dentro de los protocolos susceptibles de aplicación para el sistema educativo, debería contemplarse el deslinde de responsabilidades para la autoridad educativa o administrativa, que entorpezca el proceso mediante el cual el trabajador de la educación percibe su pago, asegurando que dicho pago le sea entregado de forma puntual y completa.
2. Debe crearse un órgano especial para vincular de manera efectiva los registros de FONE y el destino final de los recursos, pero que además pueda llevar bitácora sobre aquellos casos en que los pagos aparecen reflejados en plataformas digitales (FONE, transparencia), pero que no están depositados en la cuenta bancaria del trabajador, a efecto de que se haga posible el rastreo minucioso sobre el manejo de los fondos públicos, y en su caso, deslindar responsabilidades jurídicas o penales. O ¿sobre quién va a caer la responsabilidad de omitir el pago a un docente o una docente que sea cabeza de familia y que deba buscar estrategias alternas para cubrir sus gastos durante seis, siete u ocho quincenas?

En resumen, es importante que la autoridad dé muestras de sensibilidad ante estas situaciones, no sólo aclarando las cuestiones administrativas; sino asumiendo su responsabilidad en torno a garantizar una distribución justa de recursos, de manera suficiente y pertinente.
Los trabajadores de la educación, y por extensión, la niñez jalisciense, merecen una coordinación estatal que dé mayores muestras de su capacidad para hacer frente a la complejidad de los retos educativos y administrativos, eso esperamos y encendemos nuestra veladora. De otra manera, la aplicación de cualquier tipo de sanción a los docentes o directivos o personal de apoyo, derivada de acciones fuera de protocolo, sólo abonaría a una lectura generalizada de desajuste entre el discurso y la acción, y mostraría el divorcio que existe entre los fundamentos de este retoque sistémico denominado Reforma (que exige al docente ser reflexivo en su práctica), y la estructura administrativa, que no se muestra susceptible de ejercer la autocrítica y, menos de reconfigurarse eficientemente.

*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria. moyagualv@hotmail.com