La inclusión educativa, realidad e implicaciones

 en Ricardo Rojas

Ricardo Rojas de la Rosa*

Hablar de inclusión educativa conlleva reflexionar sobre qué tanto la sociedad y el sistema educativo establecen las condiciones para que efectivamente, todos los alumnos accedan, permanezcan y desarrollen sus capacidades en su proceso de formación.
La inclusión educativa no es un tema nuevo: existen antecedentes sobre su implementación entre los cuales podemos citar el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003).
En la aspiración de instaurar una educación inclusiva, el Estado mexicano, en tiempos recientes, ha establecido algunos decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de Educación Inclusiva, en los cuales se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, que las escuelas contarán con instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función; también se señala que se desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes (DOF 01-06-2016).
Ante los nuevos escenarios, la educación especial se ha replanteado y busca integrar desde un enfoque inclusivo, a los alumnos que enfrentan barreras de aprendizaje; lo que, de acuerdo con los nuevos planteamientos pedagógicos, hace necesario transitar desde un enfoque homogeneizador, a uno fundado en valorar las diferencias de los alumnos y verlas como una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Se plantea que este nuevo enfoque garantice una educación inclusiva y equitativa, de calidad, y que promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Bajo el amparo de estas disposiciones, la escuela pública amplía su espectro de funciones y busca desde sus propias posibilidades, materializar el derecho de todos los alumnos, a recibir una educación de calidad; sin embargo, lo planteado dentro de la legislación educativa, dista mucho de la realidad. La mayoría de las escuelas brindan este servicio, pero no están capacitadas, orientadas ni equipadas para ofrecer una educación de calidad en función de las necesidades de los alumnos que deben incluirse efectivamente. Las exigencias hacia el maestro de grupo han venido en ascenso; su formación ha quedado rebasada por las nuevas necesidades de los alumnos, en virtud de que hoy, el docente se ve obligado a abarcar ámbitos que trascienden su perfil; en ocasiones deben cubrirse funciones de psicólogo, conocedor de estrategias para atender a alumnos con discapacidades visuales, intelectuales y físicas, atendiendo alumnos con déficit de atención, hiperactividad, síndrome de Down, autismo, mutismo selectivo, por citar algunas.
En palabras llanas, se han querido meter en un embudo todas estas necesidades, orillando a los docentes a sacar adelante a estos alumnos; sin que medien ni la capacitación, ni los esquemas de orientación, para no hablar de otras condiciones indispensables como infraestructura, materiales, acervo, etcétera, trayendo como consecuencia natural en el imaginario social, que se consideren al docente y a la escuela como potencializadores de la exclusión. En este sentido, el Estado mexicano se ha convertido en una fábrica de leyes que dictamina la función de la escuela, refuerza su obligación de ser partícipe en su tarea de inclusión educativa, la orilla a atender en un salón a todos los estudiantes con sus distintas barreras de aprendizaje y necesidades; pero no establece las condiciones indispensables para fortalecer este proceso: la mayor parte de las escuelas permanecen a la deriva, sin equipamiento, capacitación, apoyos y orientaciones que contribuyan a mejorar la educación.
Contrario a la inclusión, la exclusión se manifiesta en las aulas, con aquellos alumnos que presentan rezago educativo, los excluidos por la enseñanza homogénea que les ofrece lo que ellos no requieren. En estos casos, la exclusión se deriva de la concepción que tienen los educadores, de sus nociones acerca del aprendizaje, y de prácticas de enseñanza que no se corresponden con el ritmo ni el estilo de aprendizaje del alumnado.
Considerando esta causa que limita la inclusión, el docente enseña, trasmite, orienta, planea privilegiadamente para el tipo de estudiante que entiende y posee los referentes que se habrán de trasmitir, aumentando así la brecha de quienes se encuentran en los niveles esperados y los que se encuentran en situación de rezago.
Por otro lado, el enfoque de la inclusión requiere aún de considerar el fuerte componente económico de la sociedad mexicana promedio. En términos generales, la situación económica de las familias, constituye una causa de exclusión de los alumnos en las instituciones educativas públicas. Tomando en cuenta este contexto, los padres de los estudiantes que presentan rezago escolar, permanecen ajenos a esta necesidad e incumplen con su responsabilidad de apoyar o enviar a sus hijos a la escuela y no apuntalan la tarea complementaria que los niños requieren para estar en posibilidades de acceder a los aprendizajes esperados. Además, la situación se agrava cuando ambos padres trabajan y dejan como responsables de la crianza y atención de los niños, a familiares cercanos; priorizando la cuestión económica sobre la educativa. Por ello, puede asumirse que, esta lógica contemporánea del recambio cultural, procedente de las demandas económicas, en buena medida ha condicionado la vinculación escuela–familia, en tanto que las acciones que despliega la escuela, generalmente no encuentran eco con los padres o tutores quienes, en muchos de los casos, permanecen omisos, e incluso indolentes, frente a los llamados de apoyo que el plantel hace a ellos.
La inclusión, plasmada en los enfoques del modelo educativo, la retórica de académicos, los ideales de los tratados internacionales y legislación educativa, permanece en algunos casos ignorada, limitada, segmentada y olvidada; contario a ello, la exclusión toma fuerza en aquellos alumnos con rezago escolar, los que no reciben lo que necesitan, los que no asisten a clases, los que son ignorados, los que trabajan, los que no tienen apoyo de sus padres, los que no tienen las herramientas para apropiarse del currículo que fue pensado para un alumno libre de carencias y limitantes.
La inclusión es responsabilidad de todos los que conformamos el sistema educativo, en el aula se manifiesta, pero sus causas son multifactoriales, su abordaje es integral, simultáneo e incluyente es por ello que se requiere:

1. Que la legislación mexicana, en lo referente a la inclusión, se materialice y que el Estado haga efectiva la capacitación y equipamiento de los planteles educativos, para atender con suficiencia y pertinencia a los estudiantes que requieren apoyo y tengan barreras para el aprendizaje.
2. Que en cada zona escolar exista un plan de acción encaminado a hacer patente la inclusión educativa.
3. Que la escuela movilice esfuerzos para atender las necesidades de los alumnos que requieren apoyo.
4. Que se desplieguen programas de capacitación de docentes para atender a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.
5. Que se conformen equipos interdisciplinarios que apoyen la labor docente en la atención de los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.
6. Que se adapte el currículo, a las necesidades de los alumnos, y se promueva la transferencia de aprendizaje en los estudiantes.
4. Que se instauren medidas o modificaciones legislativas de carácter vinculante, a fin de que los padres de familia, atiendan efectivamente su responsabilidad de enviar y apoyar a sus hijos en su proceso de formación académica.
5. Que la función supervisora y directiva, orienten y den seguimiento a esos alumnos en situación de rezago.

En suma, la inclusión educativa debiera formar parte de la agenda pública urgente, y abordarse a través de políticas educativas viables, equipamiento de las escuelas, capacitación docente, involucramiento y seguimiento de directivos, supervisores jefes de sector, y padres de familia.

*Doctor en educación. Supervisor de primarias del subsistema federal de la SEJ. ricardorojasdelarosa@hotmail.com

Comentarios
  • Ely Covarrubias
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    Maestro Ricardo excelente artículo. Muy acertados los cinco puntos que maneja para el abordaje de la verdadera inclusión en las escuelas, pero destaco el cuarto que dice “Que se instauren medidas o modificaciones legislativas de carácter vinculante, a fin de que los padres de familia, atiendan efectivamente su responsabilidad de enviar y apoyar a sus hijos en su proceso de formación académica”. Cuanta falta hace el apoyo de padres de familia, cuantos docentes ponen de su esfuerzo para capacitarse por su cuenta y poder dar atención a estos alumnos, hasta ponen de sus bolsillos para adquirir materiales que el gobierno dice que es necesario pero no lo proporciona y este es adquirido por los docentes, sin embargo la escasa disponibilidad de apoyo por los padres de familia echan abajo esos esfuerzos. Se necesita el esfuerzo de todos en bien de los niños.

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