Implementar la política educativa: una tarea ingente

 en Miguel Bazdresch Parada

Miguel Bazdresch Parada*

Cuando se suscita una reforma del hacer gubernamental es frecuente reunir expertos, funcionarios, estudiosos y personal operativo de los asuntos a reformar, y realizar juntos un proceso de reflexión que culmine en las propuestas de reforma. Cuando la reforma es una respuesta a demandas mayoritarias y urgentes la acción gubernamental suele dar por bueno el diagnóstico que está implicado en las demandas de los grupos sociales interesados en el aspecto funcional a reformar. La urgencia en estos casos impide la reflexión serena necesaria en muchas ocasiones.
En el caso de la reforma educativa ahora en proceso de implementación en nuestro país se mezclaron los dos casos. Por un lado, había una demanda social de varios sectores asociados a la labor educativa pues los indicadores de resultado estaban señalando deficiencias importantes en los niños y jóvenes egresados de los niveles básicos de escolaridad. Por otra parte, apareció la urgencia. Algunos sectores, señaladamente ciertos grupos de trabajadores de la educación, habían manifestado su oposición a cualquier intento de reforma en la cual se impusiera la evaluación a los maestros y también se oponían a perder ciertas conquistas laborales o al menos costumbres empedernidas sobre algunos procesos administrativos en el sector educativo, en especial el otorgamiento de plazas.
Esta mezcla de reflexiones muy asentadas que sugerían reformas muy precisas y necesarias; y de urgencia para decidir la reforma antes de que los opositores tomaran una postura intransigente dio por resultado un proceso de implementación un tanto apresurado, poco negociado a partir del poder y sin revisar la capacidad del gobierno para asumir las modificaciones administrativas y prácticas que suponían algunas de las decisiones.
Dos ejemplos ayudan a ver las dificultades que está sufriendo la implementación operativa de la reforma. Por una parte la evaluación de maestros está confirmando la tendencia previa a la reforma: los maestros de recién egreso de las escuelas formadoras de docentes no están del todo capacitados para ocupar un puesto de docencia dentro del sistema educativo nacional. Y la consecuencia, reformar las escuelas formadoras de docentes para que sean capaces de mejorar la preparación de los estudiantes no es cosa fácil o sencilla. El conjunto de escuelas formadoras de docentes no es homogéneo (por ejemplo existen escuelas normales rurales, urbanas, públicas, privadas, beneméritas, superiores, de educadoras, de especialidades y más) y no se pueden tomar decisiones genéricas sin encarar oposición y, peor, ineficacia en el propósito de la reforma de esas escuelas. Tampoco es posible hacerlo rápido. En este país un licenciado en educación se forma en cuatro años. Si hoy se hiciera la reforma y se aceptara tal cual, pasarán cuatro años para ver frutos. ¿Alguien pensó y preparó lo necesario para diseñar un nuevo proceso de formación de docentes en sus escuelas formadoras? ¿Alguien considero si existen los profesores formadores necesarios en número y preparación para aplicar una posible reforma radical o al menos con claros puntos de inflexión sobre los anteriores supuestos y prácticas? Es posible. En los hechos no es evidente.
Segundo ejemplo. El censo encargado al INEGI por la reforma ha indicado zonas de desastre, por llamarlas así, en el sistema educativo. La consecuencia más leve es la necesidad de una inversión cuantiosa tan sólo para instalar las condiciones mínimas de trabajo en un importante número de escuelas. Una de las más complejas es el imperativo de hacer un nuevo registro de docentes, directivos, personal de apoyo y personal administrativo, pues hoy a pesar del censo, no sabemos aún cuántos trabajan en qué y en dónde. De este dato surgió la decisión del gobierno de centralizar la nómina. Es casi seguro que sí tiene la capacidad técnica para emitir una nómina mensual para más de un millón doscientos mil trabajadores. No es creíble que se tenga la infraestructura, física y humana, para recibir, procesar y resolver las quejas de los trabajadores sobre este proceso administrativo, que por mínimos errores que tenga generará miles de quejas (un error de .1 por ciento son mil doscientas quejas) Y si lo tiene, ¿cuánto cuesta? ¿Valdrá la pena centralizar?
Aceptemos sin conceder que la Secretaría de Educación Pública está preparada para los “rebotes” en la gestión administrativa de la reforma. Bien. ¿Qué hay de los aspectos educativos, sobre todo pedagógicos? Si se sigue haciendo lo mismo se producirá lo mismo. Desde hace quince años, por lo menos, la investigación educativa en los más diversos lugares del mundo ha señalado que el mundo moderno y el mundo que nacerá de este mundo moderno, requieren una educación centrada en el aprendizaje. Es decir, todo el sistema educativo se ha de ocupar por proveer a los estudiantes del máximo dominio de las capacidades de aprender y de aprender a aprender, pues el aprendizaje a lo largo de la vida y el aprendizaje enriquecido en las situaciones de la vida, será lo que lo haga capaz de sobrevivir y mejorar. Esto es, una nueva práctica que privilegie el hecho educativo y su contextualización en la cultura. Este es el pendiente clave de la implementación de la reforma.

*Profesor-investigador del Instituto Superior de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). mbazdres@iteso.mx

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