El derecho del magisterio a la formación y actualización

 en Jaime Navarro Saras

Jaime Navarro Saras*

Es, por demás, obvio cuestionar el derecho que tienen a la educación los niños y jóvenes en nuestro país, donde, la mayor población se concentra en estas etapas de desarrollo, sin embargo, y aunque parezca una contradicción, el derecho que tienen a la educación los maestros ha pasado de largo para la política educativa de (por lo menos) los últimos cuarenta años y, pareciera ser, que no tiene ninguna importancia ni su formación inicial ni los procesos de educación continua y de actualización, mucho se dice y se promete con relación a ello pero, muy poco de lo prometido termina impactando en su desarrollo profesional.
Es innegable que las instituciones responsables de la formación inicial de los maestros, es decir, las escuelas Normales, carecen de las condiciones materiales y de servicios idóneas de lo que significa un centro de esta naturaleza, se dice de manera insistente que su parecido es más semejante al de una escuela secundaria que al de una universidad, tanto por la oferta curricular, como por las limitaciones de movilidad de alumnos y profesores y, principalmente, por esa cultura endógena que las caracteriza.
Gran parte de esos vacíos sobre el derecho a la educación del profesorado es, entre otras cosas, porque su aparición en los escenarios educativos de nuestro país no ha seguido un sistema formal, sistemático y cuidadoso, los procesos apresurados se han dado por la necesidad de cubrir huecos, deudas y necesidades sociales no resueltas con la población, ejemplo sobran, qué decir de las primeras décadas del siglo XX donde bastaba con que, a quienes habilitaban como profesores, les era suficiente saber nociones básicas como leer, escribir y contar números, muchos de ellos ni siquiera habían terminado la educación primaria, con el paso del tiempo las autoridades educativas fueron remediando (en la marcha) esta problemática con cursos compensatorios en fin de semana y vacaciones; igual sucedió a finales de los años setenta y principios de los ochenta con el boom de la educación preescolar en donde, habilitaron miles de maestras de educación primaria como educadoras con un curso de tres meses; no menos grave fue lo sucedido el pasado reciente en que cualquier egresado de una institución de educación superior y aprobando un examen estandarizado podía trabajar como maestro, desgraciadamente así ha sido la historia y no hay mucho que hacer.
En este sentido, la formación y actualización de los maestros no es ni ha sido prioridad para el Estado, desde mi punto de vista no es cuestión de dinero o recursos, sino de voluntad y visión de las cosas, en cuanto a cifras (que es lo único importante para los administradores de la educación), a nivel nacional la población total de alumnos, profesores y demás personal de las 261 escuelas Normales juntas no se asemeja a ninguna de las cinco universidades más grandes del país, aun así siempre ha sido una tentación para la SEP irlas minando poco a poco, que de hecho así estaba previsto en la agenda de la reforma educativa de Peña Nieto, la idea era darles un golpe mortal hace 5 años sino hubiesen sucedido los lamentables hechos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Se espera, aunque con demasiadas reservas por el recorte presupuestal reciente a las escuelas Normales, que las visiones de la Cuarta Transformación y su propuesta de la Nueva Escuela Normal pueda atender las necesidades del magisterio, que su formación y actualización se garantice con altos niveles de “excelencia” y que, la profesionalización del profesorado se convierta en una realidad tan esperada por todos los que directa o indirectamente tenemos que ver con la escuela pública.

*Editor de la Revista Educ@rnos. jaimenavs@hotmail.com

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