El club de los documentos perdidos

 en Rodolfo Morán Quiroz

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

Hay un sentido escolar del término “indocumentado”. Si para los migrantes que cruzan fronteras internacionales este término se aplica a quienes no cuentan con los documentos requeridos por el país de ingreso (o los portan, pero su vigencia se vence antes de que ellos salgan del país receptor), en el caso de los estudiantes suele suceder que salgan de la escuela sin los documentos suficientes para ingresar a otra institución. Ya sea porque después requieran terminar el nivel que iniciaron en determinada institución y deban demostrar cuáles fueron las asignaturas cursadas; ya sea porque terminaron un nivel y quieren continuar en el siguiente. El problema es que esos documentos no aparecen en muchos casos.
Un par de semanas antes de redactar este comentario, un estudiante de una licenciatura local se quejaba en redes sociales de que la burocracia de la universidad en la que había estudiado le había hecho perder el tiempo, pues no solo no contaba con los documentos para que se le reconocieran los estudios realizados (y a los que dedicó meses y años), sino que había tenido que pasar largas horas de espera en la gestión de documentos que jamás se le entregaron. Un caso excepcional, podría pensarse, pero los comentarios que siguieron en la red social mostraron que varios estudiantes se encontraban en situaciones cercanas. Algunos no habían terminado aun los estudios, pero todavía tenían pendiente que se les registraran los créditos de asignaturas de semestres o años atrás. Otros no habían logrado demostrar que, por problemas de nomenclatura en los registros de la universidad, habían cursado una asignatura que llevaba un nombre distinto al que correspondía con los contenidos del curso real.
Es bien conocida la historia de que en Guadalajara existía una institución educativa que amenazaba (o cumplía, sin mediar amenaza) con perder los documentos oficiales de estudios de aquellos aprendices que se atrevieran a cuestionar las orientaciones políticas o religiosas de la médula institucional. Algunos de quienes se vieron en la alternativa de tramitar nuevamente sus certificados y reiniciar estudios en otras instituciones, prefirieron ajustarse a las normas y discursos; otros optaron por recoger sus documentos y seguir la vida académica en otra institución menos rígida. El problema ahora es que existen instituciones en que conseguir los documentos necesarios para demostrar los estudios se convierte en un calvario burocrático, más que ideológico.
Sabemos de algunos casos en que la institución de egreso entrega los documentos completos, para que los portadores (a los que suele denominarse en esos documentos como “los interesados”) se den cuenta de que faltaba alguna certificación, sello o constancia para que estos fueran válidos al ingreso en otras instituciones, para continuar estudios o emplearse. Desafortunadamente, este proceso de documentarse se convierte en cosa de iniciados: solo los muy informados pueden saber qué sellos, firmas, constancias o contra-documentos son necesarios para que cada estudiante sea reconocido como alguien que ha culminado determinada etapa, en cursos, semestres, años o niveles, de sus estudios.
¿Será tan complicado informar a “los interesados” acerca de los requisitos completos para demostrar que se culminaron las etapas que sirven para acceder a empleos o niveles subsiguientes? ¿Quién podría hacerlo? ¿Las asociaciones de estudiantes, de profesionales, de empleados, o los mismos órganos de la burocracia educativa?

*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología del CUCSH de la UdeG. rmoranq@gmail.com

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