Educación vial y cultura cívica

 en Rubén Zatarain

Rubén Zatarain Mendoza*

El pasado 10 de junio se realizó una manifestación en la UNIRSE de Puerto Vallarta en contra de los abusos de autoridad en los que se ha incurrido en razón de los supuestos operativos para el cumplimiento de las normas de vialidad.
El fin justifica los medios planteaba Nicolás Maquiavelo, hombre de ideas y político florentino. En materia de gobierno, las políticas de vialidad no son justificables, el fin no está claro, la sospecha ciudadana es que se trata de medidas recaudatorias.
La zona metropolitana de Guadalajara se ha convertido no de hoy, en nicho de mercado para los agentes de la flamante Secretaria encargada de administrar el tema de la circulación de los vehículos.
En Ocotlán el programa Tolerancia Cero en materia de uso de casco a los motociclistas también ha suscitado puntos de vista encontrados cuando se retienen los vehículos de supuestos infractores y se lastima la economía de la familia y la vida productiva de la sociedad.
Los operativos de vialidad en la ciudad de Ocotlán y otras cabeceras municipales emergen hasta en la carretera federal.
Otra vez el fin no justifica los medios cuando se atenta con la vida económica de las familias y de la población.
En la zona metropolitana se ha institucionalizado el torito de fin de semana para evitar el uso del volante y el abuso de bebidas alcohólicas bajo la premisa de Salvando Vidas. Las toritas impasibles son máquinas de multar.
También se han incrementado significativamente las multas casi por todo. El acoso institucional al ciudadano motorizado y muchas veces de a pie es insaciable.
El gobierno priista que se fue entre los que se incluye uno de los senadores de mucha iniciativa de ideas comercializadoras como la referida Salvando Vidas y el gobierno emecista que lleva seis meses de tanteo gubernamental tomaron como bastión el tema de la regulación del tránsito de vehículos.
Salvar vidas es un asunto muy loable pero el derecho a esquilmar de los salvadores si es un asunto absolutamente cuestionable.
En algunas carreteras federales se han reeditado los operativos de la policía federal en razón de una política de gobierno de combate al huachicoleo y otras ilegalidades.
Las imágenes a veces no son edificantes. Se detiene, se revisa, se atemoriza y se hace perder el tiempo a ciudadanos que visiblemente se encargan de la transportación de mercancías necesarias para la vida de las ciudades y las regiones.
El movimiento morenista de gobierno tampoco ha marcado diferencia con respecto al tratamiento del flujo de personas y vehículos en las arterias que comunican la república.
La Ciudad de México, por lo menos desde la gestión negra de Durazo padece nudos viejos de corrupción y abuso en el tema de tránsito.
Hay molestia ciudadana y como en los temas controvertidos hay quienes justifican las medidas por razones de seguridad.
Seguridad como deseo legítimo de una sociedad mexicana y jalisciense golpeadas. Inseguridad omnipresente, redituable para discursos de políticos que duermen en cotos protegidos con personal de seguridad y videocámaras; inseguridad preocupante, zozobra social que no encuentra respuesta en las políticas de Estado evidentemente ineficaces.
Tal vez debieran evaluarse las medidas aplicadas en el pasado y en el presente.
Revisar cosas como la concesión de los estacionamientos, el impacto de obras como el metrobús y la inacabada línea 3 del tren ligero.
Transparentar entradas del ingreso por la vía de multas y servicios de las instituciones que administran los servicios relativos a la vialidad.
Revisar ese círculo entre Administración y Finanzas y Secretaría de Vialidad para saber la cantidad real de ingreso y el uso en obra y calidad de servicios que se realiza.
Llegó la temporada de baches y de semáforos descompuestos. No hay gestión preventiva.
La privatización del espacio público, entre ellos calles y banquetas es otro tema donde de manera casi unilateral actúan autoridades municipales, aún en contra de la voluntad de los propietarios de las casas-habitación y las asociaciones de colonos.
Las multas irracionales medidas en salarios mínimos fuera de todo parámetro llevan a la bancarrota a los que menos tienen.
Si. Las nuevas multas como el caso de los hologramas de la verificación que propone la Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con la referida Secretaría de Vialidad, siempre se ensañan con los ciudadanos de bajo poder adquisitivo, siempre impacta a la población económicamente activa de menores ingresos.
No sabemos qué tanto impacto tiene la verificación en la solución del tema ambiental.
El Incremento de personal y la contratación irrefrenable de policías de vialidad a pie, en bicicleta, en motocicleta, en vehículos y camionetas automotores, es otro asunto donde debería haber contraloría social, debiera exigirse transparencia.
Se quiere estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte con la construcción de ciclovías, muchas de ellas cortando el espacio efectivo de avenidas importantes y cuya evidencia ilustra ineficacia de la medida, por el escaso impacto que ha tenido, si se cuantifica el número de usuarios.
Las vías recre-activas que siguen expandiéndose y que han creado flujo comercial particular dificultan el movimiento y productividad de quienes trabajan en domingo.
El uso de la bicicleta y las motocicletas han logrado la expansión de un nuevo nicho de mercado y por supuesto nuevos problemas, entre ellos ruido y delincuencia.
El uso de patines motorizados en la Ciudad de México ha invadido los espacios de tránsito peatonales y son una verdadera amenaza a transeúntes de la tercera edad o con limitaciones.
Se requiere trabajar de manera coordinada en las escuelas la educación vial de las nuevas generaciones en un amplio programa de cultura y práctica institucional de educación cívica.
Pero también los tres niveles de gobierno necesitan revisar y evaluar sus áreas de policía vial.
Toda la estructura de gobierno educa.
Necesitan trabajar actualización y capacitación con énfasis en el aprendizaje de las actitudes y con un enfoque no punitivo, no lucrativo y atendiendo la formación y asesoría del ciudadano.
La estrategia gubernamental debiera atender una agenda como la siguiente:

1. La educación vial como parte de un proceso formal de aprendizaje de la cultura de la legalidad en educación básica.
2. La educación vial como parte integral del aprendizaje de las reglas de convivencia de la ciudadanía en la calle y en el espacio público.
3. En el marco de la educación en valores el respeto al derecho, libre tránsito y la coexistencia tranquila en la calle.
4. Control en la expedición de licencias de manejo; revisión puntual de tiempos y movimientos y evaluación real en habilidades y conocimiento del reglamento.
5. Regulación de las multas y las cargas impositivas que por tener un vehículo se pagan; análisis de los sistemas digitales para que no se carguen folios injustos.
6. Trabajo intensivo contra la corrupción; que en materia de vialidad tiene vergonzosos ejemplos.
7. El buen trato y la eliminación de abuso de autoridad y prepotencia. La infracción a la regla tiene que estar muy tipificada y claramente penalizada para evitar abuso en ese momento definitorio en el que se encuentran infractor y agente de vialidad
8. Alinear hologramas de medio ambiente, evitar el mercado negro de los mismos y eficientar las concesiones de verificación.
9. Reglamentar el uso de motocicletas y bicicletas, sobre todo regular la edad de uso y el uso obligatorio de casco y chaleco con actividades educativas.
10. Modernizar el sistema de semáforos, cada temporal de lluvias es una prueba de fuego de lo obsoleta que se encuentra esta infraestructura. Otro tema será recuperar la transitabilidad de calles y banquetas y valorar esas concesiones de estacionometros de antes y en el del Movimiento Ciudadano como programa gubernamental.

La agenda en materia de cultura de vialidad es amplia y requiere de la coordinación interinstitucional y de la participación activa de la sociedad toda.
La lucha contra la corrupción, la necesidad de práctica de la cultura de la legalidad y el posicionamiento de la educación cívica como proyecto educativo en la pretendida nueva escuela puede ser una favorable coyuntura.

*Doctor en educación. Supervisor de Educación Secundaria del sistema federalizado. ruben-zatarain@supervisores.sej.gob.mx

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