De la declaración patrimonial y otras perversiones

 en Graciela Soto

Graciela Soto Martínez*

La Ley establece que todos los servidores públicos deben presentar declaración de situación patrimonial, son sujetos obligados. Se han organizado dos grupos, el 1 para directivos, tanto de escuela, zona, sector, jefes de departamento o área y el grupo 2 para los docentes, auxiliares administrativos y personal de apoyo, el plazo para cumplir con la Ley es el 31 de mayo de 2021, de no hacerlo se mencionan reiteradamente sanciones o responsabilidades administrativas, éstas a cargo de los Órganos Internos de Control o de Tribunales.
¿A quién le debemos el favor de declarar el patrimonio que hemos acuñado con los años de trabajo? Esto se remonta al Sistema Nacional Anticorrupción que promueve la honestidad y la transparencia, evitar el enriquecimiento ilícito que ha acompañado al ámbito político por sexenios. Se han creado leyes específicas para este fin, fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí aunque no lo crean, algunos involucrados en la Estafa Maestra y las evasiones fiscales en grande formularon leyes para evitar que otros defraudaran al país. Leyes como está se han gestado en las cámaras de diputados y senadores, de ahí la importancia de elegir con cuidado las personas que nos representen en estos espacios.
El 18 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción cuyos objetivos principales son:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.

Esta ley se publicó junto con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Presentar la declaración patrimonial y de intereses no era obligatorio; es a partir de 2017 y hasta 2019 que el Comité Coordinador formula y autoriza los formatos que serán empleados para tal fin, esto se manifiesta en el Acuerdo que emiten el 24 de diciembre de 2019 en el cual se aprueba por unanimidad que todos los servidores públicos presenten su declaración con la evolución patrimonial y la declaración de intereses.
En Jalisco, la unidad responsable es la Contraloría del Estado y el ente público en nuestro caso es la Secretaría de Educación. Esto se opera a través de los Órganos Internos de Control que están en coordinación con las otras instancias. La plataforma habilitada se denomina Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Administración Pública del Estado de Jalisco cuyas siglas son SEPIFAPE y la dirección electrónica es: (https://sepifape.jalisco.gob.mx).
Un aspecto para ponderar en las declaraciones son los posibles conflictos de interés, los cuales son cuando se afecta el desempeño por intereses personales, particulares o de negocios, en lo que se conoce como antecedentes de conflictos de interés son los que han tenido diversas personas con cargos públicos que han adquirido inexplicablemente mansiones, casas blancas (o de todos los colores), departamentos, edificios, terrenos, ranchos, empresas en el país o en el extranjero, que tienen cuentas en paraísos fiscales, ya sea como dueños u operando con otros nombres a través de sus familiares o formando parte de un fideicomiso.
El personal de educación percibe como ingreso un sueldo, no tiene acceso al manejo de recursos públicos ya que hay áreas o departamentos que se encargan de las partidas presupuestales, de las adquisiciones de materiales, libros, del área de infraestructura, por ello es inoperante que seamos catalogados como servidores públicos declarantes, en todo caso, si el personal de educación se desempeña (a la par) en otra función pública en la cual estuviera a cargo de los recursos es cuando tendría que trasparentar su ejercicio.
Es, a todas luces, un exceso el que se solicite esta declaración con sus 22 secciones para el grupo I y 7 secciones para el grupo 2. Insultantes las partes donde las opciones de declarar vehículos, yates, aeronaves o en los bienes muebles donde se declaran obras de arte o joyas, estás han estado a la vista en los museos, no se duda que alguien tenga la fortuna para lo que decida hacer con ella, pero con el sueldo de un directivo o supervisor para lo que alcanza es para cambiar el vehículo, el mismo en que se utiliza para el trabajo, del cual no se pueden deducir impuestos aunque para muchos el automóvil y la gasolina son herramientas de trabajo, estos no son lujos, son necesidades. No sólo se indaga la vida del trabajador sino de su pareja, familiares y dependientes económicos, tan solo por el lazo que los une ya están bajo la lupa.
La Auditoría Superior de la Federación y el FONE ya nos fiscalizan exhaustivamente para que, aparte otros organismos nos examinen o auditen. Lo que se ha ganado vía sueldos después del pago del ISR, de las percepciones y descuentos se presenta en la declaración anual, se puede pensar que lo que se registre en lo patrimonial también vaya a ser cruzado por la plataforma del Sistema de Administración Tributaria o SAT, que éstas puedan ser una de las implicaciones de las que aún no se tiene conocimiento, esto se sospecha, ya que en varios apartados que se registran bienes que se adquirieron por medio de compraventa se solicita el RFC del vendedor, que aunque no se tenga se debe de indagar en internet para poder cumplir la obligación.
El dinero que se obtiene como pago de un servicio profesional en educación es dinero bien habido, ha llegado vía impuestos y se gana por el desempeño en una función, lo que cada persona haga con este recurso es del ámbito privado. Nada tenemos que esconder, eso he escuchado de los colegas, sin embargo, nos someten a cargas administrativas como ésta, que ahora enfrentamos con estrés, se desconfía de la integración de la Plataforma Digital Nacional ya que muchas veces han sido vendidas o robadas las bases de datos. “Los que hoy garantizan la seguridad ciudadana son los mismos que van a proteger mis datos”, esto lo oí de un colega que expresa esta molestia.
Las secciones sindicales se han limitado a gestionar plazos, pero no hay posicionamiento del abuso de información que se solicita, deberían analizar el sueldo neto que percibe un intendente para gestionarles un aumento y no estresarlos con peticiones absurdas, personas que tienen un nivel de escolaridad de secundaria las cuales deben manejar la plataforma.
La Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas son amplias y tiene aspectos delicados, es urgente una difusión y análisis minucioso ahora que se aplican en el ámbito educativo, señalan muchos actos y responsabilidades en las que se puede caer por acción u omisión.
Se necesita organizarnos para enfrentar posibles implicaciones legales derivadas de la misma, que sean las vías legislativas, sindicales, de las CAV o las que se propongan, que expresen posicionamiento o rechazos fundamentados a este tipo de agresiones veladas. No estamos en contra de una cultura de honestidad o legalidad, sin embargo, está claro quien maneja los recursos públicos, las partidas presupuestales, la información privilegiada y otros posibles conflictos de interés, ellos son los indicados para la rendición de cuentas.

*Doctora en Educación. Jefa de Sector de Educación Preescolar en la SEJ. grace-soto@supervisores.sej.gob.mx

  • Jorge Triana
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    Si ves la barbas de Colombia cortar, po las tuyas a remojar.

    Se vislumbra a todas luces una reforma tributaria para pagar ese derroche en apoyos de programas sociales electoreros.

    Recordemos quién está a cargo del SAT y su historia.

  • Edith
    Responder

    Agradezco la maestría a través de la cual la exposición fundada del tema nos lleva a la reflexión .
    Le felicito Mtra. Graciela y continúe regalándonos sus disertaciones .

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