Centralismo o descentralización: ¿quién se hace cargo?
Miguel Ángel Pérez Reynoso*
Como parte de la agenda pública de este momento aparece en el debate la relación entre centralismo versus descentralización. Ello se traduce en las atribuciones del gobierno federal en contraposición con las atribuciones de los gobiernos locales. Este tema también tiene como fondo la disputa política entre el gobierno federal y los aliados del supuesto movimiento federalista que aglutina a 10 gobiernos estatales y que no comparten el proyecto político del presidente López Obrador. En el supuesto movimiento federalista, dicho movimiento no se mueve de manera auténtica por la defensa del federalismo, es decir, por preservar la autonomía y la autodeterminación de los gobiernos locales, sino más bien a partir de intereses particulares enmascarados en la defensa de la autonomía local.
No, la gran mayoría de los 10 gobiernos del llamado movimiento federalista exigen sobre todo recursos, pero para incentivar sus proyectos políticos particulares. Efectivamente la federación se ha excedido en sus atribuciones, ha abusado de centralista, pero lo ha hecho debido al temor fundado o a la amenaza de que el recurso federal que llega a los estados sea desviado con otros fines a los que originalmente va destinado.
En educación ha sido evidente el clima de recortes y supuesto ahorro que hemos vivido desde la década de los ochenta. Un mandatario nacional surgido del PRI decía que “debemos aprender a hacer más con menos”. El clima de austeridad, de carencia de recursos del supuesto ahorro es la constante, los recursos públicos se destinan casi exclusivamente al gasto corriente (salarios y algunos aspectos ligados con la infraestructura). La inversión pensada en investigación o en proyectos de innovación para la mejora prácticamente no existe.
Bajo este marco, el problema es de tres tipos de recursos económicos, de decisiones, de autonomía y del ejercicio en el curso de acción de políticas, proyectos e iniciativas diversas.
En el ámbito local no hay plena evidencia del manejo transparente de los recursos públicos, la generación de proyectos específicos, muchas veces se ven truncados debido a la falta de recursos. Las partidas federales llegan, pero son controlados por los funcionarios locales en todos los ámbitos a partir de una racionalidad clientelar y para dar lugar a proyectos políticos particulares.
El caso más emblemático que tenemos al respecto es el de la Universidad Pedagógica Nacional. El 18 de mayo de 1992 cuando se firma y se hace público el Acuerdo Nacional para la Modernización Básica (ANMEB) debido a un castigo político por la entonces lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, se descentraliza el sistema de unidades UPN en el país. Desde este año a la fecha la UPN en el Jalisco no conoce su presupuesto anualizado, los proyectos estratégicos son federales, pero sin apoyo financiero.
Así las cosas, la tensión cada vez sube más de tono, federación versus gobiernos locales. Habría que regresar al verdadero espíritu federalista y delimitar con claridad y en el espíritu de la ley lo que le toca a cada ámbito. En educación es el único espacio en donde no se deben “pichicatear” los recursos, como decía Mafalda recientemente: No podemos ser ricos en ignorancia a falta de recursos económicos.
*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, Unidad 141. mipreynoso@yahoo.com.mx